Lunes, 14 Oct,2019
Opinión / JUL 16 2019

Sin justicia no hay Estado

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

La corrupción es nuestro mayor problema, porque quien debe investigar y condenar a los corruptos también está corrompido. La pena de 77 meses solicitada para Luz Piedad Valencia por la comisión de 5 delitos y la devolución de $2.000 millones de los $22.000 millones que se robó de valorización; indigna y ofende a los ciudadanos. 

En los países donde menos corrupción hay o fue abolida, se castiga con la pena de muerte o cadena perpetua, como ocurre en China, Singapur, Filipinas, etc. 

Por el contrario en los países más corruptos las penas son insignificantes y con demasiados beneficios, como pasa en Colombia, donde la corrupción y la impunidad van de la mano. Las leyes aprobadas por políticos corruptos son demasiado garantistas y protectoras de los delincuentes. Les otorgaron el principio de oportunidad, que debiera llamarse de impunidad. Las penas son irrisorias, extramurales y tienen rebajas y descuentos por colaboración, estudio o buen comportamiento. Al final les quedamos debiendo y salen muertos de la risa a seguir en sus fechorías.

Esta falta de justicia pronta, verdadera y cumplida es lo que ha permitido que la corrupción sea imparable. Por eso, cada que hay elecciones los corruptos salen a comprar votos para apoderarse de alcaldías, gobernaciones y presidencia, y apropiarse ilícitamente de los dineros y bienes públicos. 

Para corregir esta anómala situación que ha acabado con la credibilidad en las instituciones, es indispensable una urgente reforma a la justicia, donde se aprueben penas drásticas como la pena de muerte o cadena perpetua a los corruptos y también a los violadores de niños. O penas alternativas mínimas de 30 años, y devolución del 100% de los dineros o bienes adquiridos ilícitamente.

 Además, eliminar toda clase de privilegios como la casa por cárcel y la rebaja de penas. Establecer que todos los puestos públicos sean elegidos o nombrados mediante concurso de méritos, realizados por las universidades privadas sin ninguna injerencia política. Esto permitirá que los gobernantes, organismos de control, fiscales y jueces actúen de manera independiente, imparcial y ajustada al ordenamiento jurídico, sin tratamientos preferenciales, ni discriminaciones como ocurre en la actualidad.

Si todos somos iguales ante la ley, se debe suprimir la Comisión de Absoluciones de la Cámara, ni se puede permitir que delincuentes de cuello blanco como los Nule, Alejandro Lions, Andrés Felipe Arias etc, gocen de tratamientos preferenciales y beneficios injustificables, y en cambio el resto de ciudadanos como David Murcia sean expuestos a la picota pública y enviados a una cárcel de máxima seguridad. La justicia no puede ser selectiva. 

Como estamos en una corruptocracia, el mandato ciudadano de la consulta anticorrupción que el gobierno se comprometió a hacer aprobar, fue hundido en el Congreso con la complacencia de la Presidencia. Que al que la hace lo premia. Con lo que demuestra que no está interesado en atacar la corrupción sino en promoverla.


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