Lunes, 18 Mar,2019
Editorial / ENE 12 2019

Sin prebendas

El Congreso tiene la obligación, como deuda moral con el país, de aprobar esta ley para que los asomos de impunidad no se sigan riendo desde sus casas.

Colombia, por momentos, se vuelve un costal de emociones que cada vez que se le desentraña algo con la agenda del día produce escozor y las olas sísmicas tumban noticia tras noticia o ponen a pelear las emocionalidades de un país que tiene aguante porque Dios es muy misericordioso.

Todo un sentimiento de rechazo e indignación se ha producido ante la escalada de libertades provisionales y permisos legales para muchos de los condenados por delitos graves contra la administración pública.

El atajo y la argucia toman ventaja a carcajadas frente a los mínimos protocolos que se esperan de una justicia cada vez más manoseada y usurpada por quienes desde el hampa organizada se han saciado con el erario y hacen trámite para que la impunidad se vuelva parte del paisaje, es decir, como si, ‘parte sin novedad’.

En Colombia hay más de 60 mil personas que cuentan con el beneficio penal de pagar arresto o prisión en la comodidad de sus casas, y en el Congreso de la República cursa un proyecto de ley que busca eliminar el beneficio de casa por cárcel para este tipo de personas que sean condenadas por corrupción. 

Uno de los principales argumentos para aceptar la medida de prisión domiciliaria es el hacinamiento carcelario. Según el Inpec, las cárceles del país solo pueden albergar 80.227 reos, pero en el sistema se reportan casi 160.000 condenados o sindicados por distintas conductas penales. Sin embargo, este beneficio muchas veces es utilizado por las personas que atentan contra el patrimonio público, generando millonarias afectaciones a las finanzas del Estado.

Por esta razón, en el Congreso de la República circula un proyecto de ley que busca retirar este beneficio a quienes sean condenadas por delitos de corrupción. Si la medida es aprobada no se aplicará los que cometieron delitos antes de la fecha en la que la ley sea promulgada. Razón por la cual, las personas que fueron condenadas por el carrusel de contratación en Bogotá —los Nule, Emilio Tapias— o los autores del caso Odebrecht, pueden contar con el privilegio de prisión domiciliaria, aunque cambien la normativa en el futuro.

Y es que a propósito de lo anterior, en la última semana de diciembre de 2018, dos jueces de Ejecución de Penas de Barranquilla —el Cuarto, Jaime Carlos Mastrodoménico Urbina, y el Primero, Jorge Enrique Gómez Urueta— concedieron la libertad condicional a los excontratistas Guido Nule y Mauricio Galofre, así como la casa por cárcel a Emilio Tapia, todos vinculados al ‘carrusel de contratos’ en Bogotá. Este mismo juez, un día después de la Navidad, también le concedió un permiso especial de 72 horas a Manuel Nule Velilla, vinculado a los mismos hechos de corrupción en la capital del país.

Abundan los casos en el país, entre otras cosas, porque suelen ser hechos provocados desde silencios y sin ninguna divulgación, salvo las pesquisas periodísticas o algunas voces indignadas que se tropiezan con esos hechos y esas decisiones. Estas personas se suman a la ya larga lista de vinculados y condenados por defraudar las arcas del Estado y que hoy gozan de libertad condicional o casa por cárcel por razones tan variadas como buen comportamiento, trabajo y estudio, ser cabeza de familia, no representar un delito para la sociedad, o porque ya cumplieron las tres quintas partes de su sentencia.

El Congreso tiene la obligación, como deuda moral con el país, de aprobar esta ley, que haga algo más de contención y limpie un poco la acción judicial, para que la casa por cárcel deje de ser la sinvergüencería de quienes roban al Estado, es decir, al mismo colectivo ciudadano, y luego se dedican a leer libros, ver películas y desde los spa de sus residencias se siguen burlando de la justicia como una fechoría más y la impunidad de espectadora.

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