Ciudad / MARZO 26 DE 2018 / 2 años antes

¿Cuál será el futuro de las obras por valorización en Armenia?

¿Cuál será el futuro de las obras por valorización en Armenia?

Las obras que actualmente se ejecutan, las cuales en dos años solo han avanzado un 25%, son la avenida Montecarlo tramo II, vía La Colonia y avenida 19 norte tramo II.

Luego de un análisis realizado por los ciudadanos, se deduce que hay sobrecostos en los proyectos. 

Tras el llamado a interrogatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación, FGN, a la exalcaldesa de Armenia, Luz Piedad Valencia Franco, por presunto detrimento patrimonial relacionado con los cobros de valorización en la capital quindiana, además de la captura de cinco de los contratistas de siete de las obras que se ejecutarían por un total de $110.000 millones y quienes recibieron un anticipo de $20.000 millones, la ciudadanía se pregunta cuál será el futuro del proyecto y los recursos recaudados. (Recomendado: “Sobre valorización, habrá segunda fase investigativa y posiblemente más capturas”: Fiscalía)

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Ante el interrogante, LA CRÓNICA consultó al alcalde de la ciudad, Carlos Mario Álvarez, para conocer cómo procederá la administración frente a la situación y también para dar claridad a las dudas planteadas por los ciudadanos, lo que será expuesto a lo largo de este artículo, pero el mandatario señaló que no daría declaraciones y que por el momento se limitará a esperar el avance de las investigaciones de la Fiscalía.
 

Los contratos de las obras de valorización

El 23 de octubre de 2014, el concejo municipal aprobó el acuerdo 020 que autoriza a la administración de Armenia efectuar el cobro vía valorización para la ejecución de 12 obras viales en la ciudad. Posteriormente, en junio de 2015, se adjudicó el contrato 012 por la suma de $30.807 millones y en diciembre del mismo año el contrato 031 por $80.000 millones, ambos firmados por Valencia Franco.

En el 012 se acordó la ejecución de las obras de recuperación de la avenida Centenario, el deprimido de La Constitución, intersección Los Kioscos y el ordenador de La Estación. Mientras que en el 031 se construirían la avenida Montecarlo tramo II, vía La Colonia, avenida 19 norte tramo II, avenida Occidente tramo III, vía del Yulima y conexión entre La Castellana y Coinca; las tres últimas fueron eliminadas del contrato por la actual administración.

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En el acuerdo 020 se estableció que los propietarios de los predios de estratos 1 y 2 no pagarán la contribución, así se construyan vías cerca de estas viviendas, lo cual seguiría vigente y en caso de que la administración municipal intente cobrar a esta población, tendría problemas legales.

Además, se indicó que los predios que están ubicados en estratos 3, 4, 5 y 6, que no están en el área de beneficio de las obras, también quedaban excluidos del cobro, por ejemplo, algunos de la carrera 19 en el sector norte y todos los que quedan al sur de la línea que forma la glorieta del Sinaí.

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Del cobro por valorización, el 84% estaría destinado para los diseños de las obras, la compra de predios necesarios para la construcción, la edificación como tal y la interventoría. El 16% restante sería para gastos administrativos y financieros.

 

“Está ratificada la falta de planificación”

El representante legal de la veeduría ciudadana En defensa de la gente, Néstor Fabián Herrera, señaló que desde el 2014, cuando modificaron el plan de desarrollo para darle cabida a las obras de valorización y se dio paso a un proyecto de acuerdo que fue el plan de obras, participó con intervención en contra porque no tenía los estudios.

“Lo que dije en el 2014 hoy está ratificado: falta de planeación. Era una mentira que la gente tenía capacidad del 20% para ahorro, eso se lo dieron a la ligera finalizando el gobierno de Luz Piedad Valencia Franco, incluso fue firmado en el último mes de su gobierno el paquete de obras. Hoy eso lo ratifica la Fiscalía, y la Procuraduría viene avanzando fuertemente en el proceso, de la Contraloría municipal no espero mucho porque el contralor hoy es investigado por temas de prevaricato y que además, al parecer, es una cuota política de Luz Piedad”.

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Herrera manifestó que no está contento con esta situación, pero es algo que tenía que llegar. “Un mal proceder y que haya actuado mal en ese proceso de valorización tiene que pagar con la justicia, un castigo social con la ciudadanía de Armenia que le metieron a las malas, porque nunca preguntaron si estaba de acuerdo o no y si además tenía que pagar, hoy, 4 años después, se ve que no se tienen las 12 obras que le prometieron a la ciudad. Escasamente vemos tres, pero con serios reparos”. 

Advirtió que la rehabilitación de la avenida Centenario no es una obra de valorización sino que se tenían que hacer con el impuesto de sobretasa a la gasolina o con recursos propios del municipio. “El deprimido de La Constitución tiene problemas por supuestos sobrecostos, problemas técnicos porque los expertos en la materia de vías y de puentes dicen que no cumple los requisitos para entrar a las glorietas, hoy en las horas pico hay más congestión que antes, esa ‘oreja’ pocos servicios le presta a la ciudadanía. Entonces de lo que han hecho, para la ciudadanía y los expertos está mal”.
 

Los sobrecostos

El ingeniero Aurelio Mejía García, estudioso del tema de la contratación y ejecución de las obras de valorización desde sus inicios, explicó que en la ejecución del contrato 012 se invirtieron $22.000 millones, más un desfase de $6.000 millones en el deprimido, las obras de la avenida Centenario y la intersección Los Kioscos, quedando pendiente una inversión cercana a los $9.000 millones que serían destinados en el ordenador de La Estación.

En el caso puntual del deprimido de La Constitución, Mejía García expuso que encontró inconsistencias entre las cantidades contratadas y las cantidades finalmente ejecutadas: “Excavación mecánica o manual, cargue y retiro de sobrantes se contrataron 23.790 metros cúbicos y la cantidad ejecutada es de aproximadamente 15.000 metros cúbicos —ejecución del 63%—. En el capítulo estructura de pavimento, en el ítem loza de concreto se contrataron 15.250 metros cuadrados y se ejecutaron 2.650 metros cuadrados —ejecución del 18%—. El ítem concreto para muros de contención hay contratados 1.840 metros cúbicos y su ejecución fue 264 metros cúbicos, es decir, el 15%. Para la placa de concreto tapa túnel deprimido se contrataron 284 metros cúbicos y se ejecutaron 390 metros cúbicos, 138%”.

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Agregó: “Las anteriores cifras sobre lo ejecutado, personalmente las verifiqué y poseo las memorias de cálculo de ellas. Se mencionan estos cuatro ítems ya que son los más significativos del contrato en cuanto a valor y a variación en su ejecución. Para que se tenga una idea real de cuánto es el menor valor ejecutado de acuerdo con el presupuesto oficial en estos ítems, se cuantifica en $4.100 millones y si a esto se le suman los $3.000 millones que el anterior secretario de Infraestructura, Carlos Alberto Hurtado Plazas, informó de sobrecostos, sería un total de $7.000 millones que se pagarían de más”.

En el contrato 031, adjudicado por $80.000 millones, actualmente se encuentra en ejecución  y según el ingeniero, solo se ha avanzado en un 25%. Además, el plazo de ejecución venció el pasado 8 de marzo, por lo que se realizó una prórroga hasta el 30 de noviembre, es decir, ocho meses y 22 días. 

Para este contrato, Mejía García realizó el mismo análisis de los ítems, comparando el costo del contrato con los precios unitarios publicados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, para el departamento del Quindío. 

Por ejemplo, en el ítem excavación, cargue o retiro tiene un costo en el contrato de $47.699 por metro cúbico y el valor comercial es de $20.000. El de retiro de escombros $29.019 por metro cúbico, y el valor comercial es de $22.000; acero de refuerzo, $3.588.000 por tonelada en contrato y $2.984.000 en valor comercial.

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El ingeniero expuso que se ha recaudado de ingresos por pago de contribuyentes $55.000 millones con fecha al 31 de diciembre de 2017 y los bancos han desembolsado, por un empréstito de $70.000 millones, cerca de $45.000 millones. “De $100.000 millones se han invertido $52.000 millones en obras ejecutadas y $20.000 millones en estudios y compra de predios, ¿dónde están los $28.000 millones restantes?”.


¿Ahora qué se debe hacer?

Luis Guillermo Agudelo Ramírez, concejal de Armenia, lamenta que la ciudad se vea inmersa en un problema tan grande. “Teníamos la esperanza de construir 12 obras que iban a impactar positivamente la infraestructura del municipio, finalmente no se va a poder hacer. Hemos denunciado desde hace unos dos años la falta de planificación de este proyecto, en el cual he dicho que se hizo una contratación sin los diseños respectivos, por lo tanto los presupuestos eran inventados”.

Explicó que la administración municipal en el 2015 sacó una resolución en la cual decía a la ciudadanía que iba a desarrollar 12 obras, para las cuales se hicieron dos contratos con Fernando Diez Cardona, que contemplaba 10 obras, es decir, faltarían dos. 

“De esas 10, cuando llega el alcalde Carlos Mario Álvarez, encuentra que el modelo financiero fue mal hecho, inventado, con números que no correspondían a la realidad y el tiene que tomar la determinación de que el presupuesto de ingresos no le alcanza para pagar esas 10 obras, se pone de acuerdo con el contratista y elimina tres, es decir que el contratista queda con siete obras, de las cuales hay tres entregadas y hay tres que supuestamente iniciaron, pero el avance estará entre un 10% y un 20% y de esas hay una que es el ordenador de La Estación, que ni siquiera ha empezado”. (Lea: Por bajo recaudo, aplazadas tres obras de valorización)

El concejal dijo que hicieron unas denuncias muy soportadas en un cabildo abierto en la cámara de comercio, donde mostraron todas las irregularidades que, a su modo de ver, se presentaron en cuanto a la contratación, las licitaciones, los precios y las cantidades, denuncias que fueron acogidas por la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

“Encontraron que los anticipos que se le dieron a los contratistas finalmente no se usaron en la ejecución de la obra, sino que fueron desviados, según la Fiscalía, mediante unas facturas falsas y están en este momento embolatados. Eso nos lleva a pensar que una de las causas por las cuales las obras no avanzan es porque el contratista no tiene dinero”.

Agudelo Ramírez se pregunta: ¿Ahora qué se debe hacer?, pues el contratista constructor y el contratista interventor están detenidos en este momento. “Yo creo que el alcalde debe entrar y liquidar estos contratos, mirar cuál es el avance de obra, cuánto se les ha dado del anticipo, cuánto queda de saldo a favor y tratar de recuperarlo”.


Redacción
LA CRÓNICA



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