Economí­a / MAYO 12 DE 2021 / 1 mes antes

Conozca algunas de las razones por las que el paro continúa

Autor : Alejandro Catillo

Conozca algunas de las razones por las que el paro continúa

Se dieron a conocer incumplimientos del gobierno nacional.

Pese a que una de las razones fuertes del paro del 28 de abril fue la reforma tributaria, radicada en el Congreso de la República por el presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, el retiro de la misma no apaciguó los ánimos de los manifestantes, pues el inconformismo de estos se da por otras razones también de peso, que incluso en 2019 generaron la gran movilización denominada 21N.

De acuerdo con Héctor Elías Leal Arango, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Ecuación del Quindío, Suteq, además de estar acompañando el pliego de emergencia, presentado por el comité nacional de paro, exigen que se instale de manera inmediata la mesa de negociaciones del pliego de peticiones que la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, Fecode, presentó el 28 de febrero de este año, así como el cumplimiento del acta de acuerdo del año 2019, que tiene 37 puntos.

“De estos voy a mencionar algunos que no se han cumplido, que considero más relevantes. El primero es que acordamos discutir una reforma al sistema general de participaciones, para devolverles a los departamentos y municipios $180 millones que hemos perdido con la reforma del año 2001. El gobierno ha incumplido con citar a la mesa y negociar esa reforma”, dijo.

Agregó: “Así mismo, negociamos que a partir de este año se iniciaba el preescolar de 3 grados —prejardín, jardín y transición— y no cumplió este compromiso. Otro punto importante tiene que ver con el estatuto docente, hay una comisión para consensuar un proyecto de ley, pero el presidente ha incumplido”.

Otros incumplimientos tienen que ver con el decreto que permita el pago de la prima de vacaciones proporcional, el decreto para aumentar el pago de la bonificación pedagógica y los programas de capacitación de posgrados, en los que el gobierno aportaría el 70 % del costo y el docente el 30 % restante.

“En salud, quedamos de instalar una mesa para hacer un seguimiento, esta se instaló, pero de las reuniones no ha salido nada, seguimos con un mal servicio. En cuanto a salud ocupacional, acordamos que el Estado iba a hacer la contratación, pero seguimos sin tenerla. Es decir, que hay una agenda que el gobierno firmó y que ha incumplido”, apuntó Leal Arango.

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Contexto

Por su parte, Hugo León Echeverry García, presidente de la Confederación General del Trabajo, seccional Quindío, dio a conocer un breve contexto de los paros en el gobierno de Duque Márquez. 

“Aunque no tiene que ver directamente con el gremio trabajador, los incumplimientos comenzaron desde el primer año de gobierno, cuando omitió lo pactado en el acuerdo de paz con las Farc. Vemos que no hay implementación de la paz, no hay proyectos de sustitución de cultivos ilícitos, aumentaron asesinatos de líderes sociales, de excombatientes de las Farc. Esto ha venido generando desconcierto a nivel nacional”.

Así mismo, dijo que el inconformismo creció por aspectos relevantes que comenzaron a conocerse, como las reformas laboral, pensional, tributaria, esta última finalmente se retiró. “El presidente ha tenido una política de favorecer solo a los grandes empresarios y conglomerados financieros, por lo que la gente se cansó y se organizó la gran movilización del 21 de noviembre de 2019”.

Relató que con el fin de apaciguar todo, Duque Márquez aceptó que le presentaran las peticiones. “Nosotros las denominamos pliego de emergencia y teníamos la esperanza de que les diera cumplimiento. En los primeros meses de 2020 no vimos voluntad del presidente de sentarse a negociar con nosotros y por esa razón organizamos una nueva movilización para marzo, pero llegó la pandemia y frenó todo el proceso”.

Agregó que la gente comenzó a manifestar más su molestia con la manera como la presidencia manejó todo lo relacionado con el virus, los retrasos en la vacunación, ayudas a grandes empresas y no a las mipymes. 

“La gota que rebosó la copa fue la reforma tributaria, pero nuestro descontento no es de ahorita, venía desde antes por aspectos que afectan, por ejemplo, la rama judicial, los maestros, pensionados. A esto se le sumó el incumplimiento del pliego de emergencia presentado en 2019, cuyos puntos principales consistían en una renta básica de un salario mínimo para cerca de 9 millones de familias, con el objetivo de mejorar la situación frente al desempleo y pobreza que se presenta en Colombia. Así mismo, matrícula cero para los estudiantes de universidades públicas, especialmente personas de los estratos 1, 2 y 3. La no privatización de entidades del gobierno, porque se hablaba de la venta de Ecopetrol”, dijo Echeverry García.

Otro punto tenía que ver con los pensionados del país, pues ya el gobierno anterior se había comprometido en bajarles el aporte a la salud del 12 % al 4 %, que es lo que pagan los trabajadores activos. También el aumento del salario de los pensionados, que se incrementa igual que el IPC, y el compromiso era que aumentaría lo que se determinara para el salario mínimo.

Mencionó que se han acumulado otras situaciones, como la reforma a la salud y el decreto 1174, que da la posibilidad de contratar por horas y por días, donde la expectativa de pensión se pierde. “Este último es una reforma laboral disimulada, que pese a que existe una comisión permanente de concertación de políticas salariales, en donde deben ser discutidas estas decisiones, el gobierno desconoció la comisión y expidió ese decreto de manera unilateral”.

Pliego de emergencia presentado este año

 

Intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos los trabajadores de la salud.

Renta Básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente por 6 meses para treinta millones de personas en condición de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos durante 4 meses, prohibiendo el corte de estos.

Defensa de la producción nacional —agropecuaria, industrial, artesanal, campesina— y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria: condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de los campesinos y pequeños y medianos productores, y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. No se desmejorarán las condiciones de los trabajadores y de los pensionados. Se completará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las mipymes.

Apoyo al sistema educativo público dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública y subsidios dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada y apoyo al sector cultural. No retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello.

Acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género.

Derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social. No privatización de la red de transporte en oleoductos de Ecopetrol.

Para atender estas peticiones el Estado cuenta con al menos estas fuentes de recursos: emisión de moneda, hacer uso de las reservas internacionales, realizar moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa, suspensión de exenciones tributarias a las grandes empresas y al capital financiero.





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