General / FEBRERO 20 DE 2011 / 10 años antes

Alcaldesa, a audiencia verbal en Procuraduría

Alcaldesa, a audiencia  verbal en Procuraduría

La alcaldesa de Armenia Ana María Arango Álvarez tendrá que comparecer ante el procurador delegado primero para la vigilancia administrativa Carlos Arturo Ramírez Vásquez, en una audiencia pública verbal prevista en la sala de audiencias de la Procuraduría General de la Nación, en Bogotá, el próximo primero de marzo.
El ente de vigilancia oirá su versión, tras la acusación que le hiciera en un pliego de cargos por el presunto delito de falsedad ideológica en documento público.

El asunto está relacionado con la presunta adulteración de por lo menos siete actas de igual número de sesiones de la junta de Empresas Públicas de Armenia, producidas entre el 19 de septiembre y el 15 de diciembre de 2008. En el probable delito de falsedad ideológica en documento público también pudieron haber incurrido, además de la alcaldesa Arango en calidad de presidenta de la junta, la jefe de la Oficina Jurídica de EPA Luz Estela Agudelo Nieto y el asesor jurídico de la alcaldía de Armenia Gustavo Pineda Aguirre.

La investigación empezó con una queja ciudadana puesta el 22 de febrero del 2010 ante la Procuraduría, para lo cual se radicó la diligencia correspondiente con el número 2010-59323. Una funcionaria delegada de la entidad fue enviada a Armenia durante tres días para atender el caso, pero finalmente permaneció más de una semana en la ciudad. La experta de la Procuraduría revisó las actas y encontró lo que consideró evidencias de la presunta violación de las mismas. Así mismo recogió los testimonios de los tres implicados, como de otros funcionarios y varios miembros de la junta de EPA.

Primero se comenzó un proceso ordinario, pero la Procuraduría lo cambió por una audiencia pública verbal, en aplicación de la Ley 734 de 2002, Código Único Disciplinario, que en su Título XI, relacionado con los procedimientos especiales de la Procuraduría, Capítulo I, habla de los formas verbales, descritas por los artículos 175 a 181 del mismo documento. En el pliego de cargos que se les eleva a los implicados, el organismo de control describe los hechos como una actitud típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, caracterizándola como presunta falsedad ideológica en documento público.

Se trata, según la Procuraduría, de una falta gravísima, por lo que cambió el proceso ordinario por la audiencia verbal. De acuerdo con el mismo Código Disciplinario, terminada la audiencia sólo podrá haber una de dos decisiones: destitución del cargo e inhabilidad para ejercer funciones públicas, o absolución de las conductas que se le endilgan.
“Este es un procedimiento que se realiza en la propia sede de Bogotá, de manera expedita, rápida, para evitar presiones políticas, como ya se hizo en el caso del ex gobernador del Valle Juan Carlos Abadía”, explicó en Armenia el ex procurador Henry González Mesa, abogado administrativista consultado por La Crónica.


Los hechos
El 15 de diciembre de 2008, la junta directiva de EPA tomó varias decisiones importantes para el desarrollo de la entidad. Al término de la misma, el abogado y miembro de confianza de esa junta, Alberto Gómez Mejía, propuso a sus similares del organismo para que presentaran renuncia colectiva, pues ‘era prudente dejar en libertad a la alcaldesa para que, después de un año, tomara la decisión de ratificarlos o cambiarlos’. Así lo hicieron, renunciaron Alejandro Granja Martínez, Jhon Jairo Abello Muñoz, Jairo Ernesto Montes Salazar y Alberto Gómez Mejía. El 7 de enero siguiente (2009), la alcaldesa les aceptó la renuncia a todos, menos a Gómez Mejía.

Los tres miembros a quienes se les aceptó la renuncia eran cercanos militantes del partido Cambio Radical y amigos personales del primer presidente de ese partido en Armenia, el ingeniero Mario Londoño Arcila. Hoy están retirados voluntariamente de su militancia en esa colectividad política.

El problema surgió porque al concluir sus actividades dos de los tres miembros renunciantes de esa junta no habían terminado sus compromisos como miembros de la Comisión de Revisión de Actas, y tenían siete actas sin revisar que no habían sido remitidas a la secretaría de la junta. Esa comisión compuesta por Alejandro Granja Martínez, Jhon Jairo Abello Muñoz y la vocal de control Jénnifer Viviana Arcila, devolvieron las siete actas con oficio remisorio el 30 de enero de 2009, cuando dos de ellos ya no pertenecían a la entidad. Esta comisión se encarga de revisar y aprobar los documentos de acuerdo con las grabaciones magnetofónicas de las intervenciones en las sesiones de junta. Si hay inconsistencias, deben hacerlas saber, pero no pueden modificar las actas que han salido de la secretaría técnica de la junta, ejercida por la Jefe de la Oficina Jurídica y Secretaria General de EPA, según los estatutos.

Luego de las observaciones, según la queja, la Comisión de Revisión envió las actas, pero dejó en su poder copias autenticadas en notaría. Cuando algunos ciudadanos solicitaron a EPA duplicados de esas actas, constataron que no coincidían con las copias auténticas que tenían en sus manos Granja, Abello y Arcila. Y ahí fue Troya. ¿Qué había pasado? De acuerdo con los denunciantes, las actas fueron enviadas por la Jefe de la Oficina Jurídica de EPA al despacho de la alcaldesa Ana María Arango para su revisión y firma, y allí los documentos cambiaron sustancialmente.


Los cambios en las actas
Hay varios cambios en las diferentes actas, pero La Crónica del Quindío conoció la alteración en un acta, la del 15 de diciembre de 2008, que parece ser el florero de Llorente. Hay una diferencia en los folios. La que se presume original contiene ocho páginas, mientras que la supuestamente adulterada sólo contiene cinco.

El primer cambio está relacionado con la autorización de la junta para que EPA haga una unión temporal con otra empresa para concursar en la concesión del acueducto, alcantarillado y servicio de aseo del municipio de Tumaco, Nariño. En el acta que se presume de original aparece el asunto como “un informe para asociarse con Servigenerales (que presta el servicio de aseo en Armenia)” para la prestación del mencionado servicio en el municipio del Pacífico. En la supuestamente adulterada no aparece como un informe sino como una autorización, y ya no aflora el nombre de Servigenerales, sino el de “una empresa afín”.

El segundo cambio es mucho más grave. En casi tres párrafos, los miembros de la junta, con cantidad de argumentos, aprueban que la gerencia de EPA le notifique a Servigenerales de la terminación del contrato de prestación del servicio de aseo en el mes de agosto del 2011, de acuerdo con la promesa de campaña de Ana María Arango y el Plan de Desarrollo aprobado por el municipio para el cuatrienio. Estos párrafos desaparecieron por completo en el acta presumiblemente adulterada.

Hay en los dos casos, según el quejoso y el pliego de cargos de la Procuraduría, una velada protección a Servigenerales. En el primero se esconde el nombre de esta empresa con el de una “afín”. En el segundo, no se incluyen los párrafos que notifican la devolución de Servigenerales a EPA el servicio de aseo a partir del 15 de agosto de 2011, lo que, a juicio del ente de control, es un favorecimiento abierto a este organismo, con el propósito de que haya una renovación automática de dicho contrato.

Como se sabe, EPA hizo una unión temporal con cuatro compañías más, con el nombre de Aquaseo, donde la empresa de Armenia tiene el 50% de las acciones. Aquaseo es la responsable de operar los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en Tumaco, donde invertirán $2.700 millones, de los cuales $1.350 los debería de poner EPA. Las otras cuatro compañías de la unión temporal son las siguientes: Limpiaductos S.A ESP, Sociluz S.A ESP, Equity Proyectos S.A y Asear S.A. ESP.

Además de la investigación disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación, el caso también tiene una denuncia penal en la Fiscalía General, por el mismo delito de falsedad ideológica en documento público, con el número único de noticia criminal: 2009-00750.


Los acusados se defienden
La alcaldesa Ana María Arango delegó su defensa al abogado Juan Guillermo Córdoba. La primera mandataria ha dicho que sólo hablará del caso a través de su apoderado. En persona lo hará únicamente después de la audiencia pública. La Crónica conversó con el abogado Córdoba, quien dijo: “la investigación adelantada contra la alcaldesa de Armenia, su asesor jurídico y la jefe de la oficina jurídica de EPA tiene un trasfondo político, que por respeto a la Procuraduría va a ser develado sólo en la propia audiencia. Esto nos permite estar tranquilos y confiados en que vamos a salir airosos de la falsedad que se pretende mostrar”.

La defensa está orientada a demostrar que aquellas que el quejoso llama actas supuestamente originales, y que la Procuraduría las denomina actas Patrón, son espurias y que, por el contrario, las que ellos denominan supuestamente falseadas, son las verdaderamente válidas.

Para tal fin, Córdoba esgrime varios argumentos. Dice que la Comisión de Aprobación de Actas actuaba sin funciones legales, pues ésta se creó el 28 de enero del 2008 sólo para revisar y aprobar el acta de esa fecha, no otras. La función la siguieron cumpliendo por costumbre, pero no en derecho.

Argumenta el abogado que de acuerdo con la norma estatutaria de EPA, que sigue los lineamientos de la Ley 142 de 1994 sobre servicios públicos, la única persona facultada para extender el acta (modificarla) es la secretaria técnica de la EPA, en calidad de jefe de la oficina jurídica y secretaria general de la institución.

En este sentido, Córdoba cuenta que la jefe jurídica Luz Estela Agudelo Nieto envío siete actas a los miembros de dicha comisión, seis antes y una después del 15 de diciembre de 2008, para su revisión y aprobación. El 30 de enero de 2009, los señores Granja y Abello, mediante oficio, devolvieron copias autenticadas en notarías de las actas, que no fueron recibidas por Agudelo, arguyendo que éstos no eran los documentos originales, sino actas modificadas. “Si había que hacer cambios a las actas, Granja y Abello debieron de haberlo notificado en documento aparte, porque ellos no tienen facultades legales para hacerlo, facultades que sólo están en cabeza de la secretaria técnica de la junta de EPA”, sostiene Córdoba. Por tal motivo, asiente, la doctora Agudelo pidió que le devolvieran las originales. “Devolvieron sólo algunos folios, ajados, arrugados, mugrosos, lo que obligó a su reimpresión para llevarlas a la firma de la alcaldesa, sin modificaciones”, afirma.

Y expone Córdoba: “En este sentido, quienes extendieron actas espurias fueron los miembros de la Comisión de Revisión, y no la alcaldesa. Y esto se entiende en dos sentidos: Primero, porque ellos no tenían facultades para modificarlas y segundo, porque al 30 de enero de 2009 no eran miembros de la Junta de EPA ni de la Comisión, y su trabajo lo hicieron en un área privada, no en el de la institución pública. Además, las actas de la junta de EPA deben de estar firmadas, por ley, sólo por dos personas: la secretaria de la junta y su presidenta, en este caso la abogada Nieto y la alcaldesa Arango. Así, las llamadas actas Patrón, que se suponen son las originales, tienen la firmas de Granja, Abello y la vocal de control Arcila, lo que las hace ilegales”.

Y se pregunta el abogado Córdoba: “¿Con qué intención, los doctores Granja y Abello autenticaron en notaría el 30 de enero de 2009 esas actas que ellos elaboraron? ¿Dónde están los demás originales que remitió la secretaria de la junta?
La Crónica del Quindío consultó al médico Alejandro Granja Martínez en representación del grupo de miembros de la Comisión de Revisión de Actas para que expusiera sus argumentos, pero dijo: “No, no estoy interesado en hablar del tema. Discúlpeme pero voy a guardar silencio y prudencia total alrededor de esas actas hasta tanto haya un fallo de la Procuraduría y de la Fiscalía”. Por supuesto que le insistimos, pero su respuesta fue la misma.

Por su parte, el asesor jurídico de la alcaldesa, el abogado Gustavo Pineda Aguirre coincide en casi todos los puntos con Córdoba y se defiende de la acusación puntual que le hace la Procuraduría que lo vincula como autor de las adulteraciones y modificaciones que firmó la mandataria Arango Álvarez. “No participé activamente en la reunión de junta del 15 de diciembre, por tanto no conocí del tema ni del contenido de la discusión para haber tenido alguna presunta premeditación.

La Procuraduría no hizo transcripción literal de la sesión de esta junta, por tanto no sé porque me hace las acusaciones que se me endilgan”, manifiesta. “Sólo le puse al último folio del acta del 15 de diciembre mi rúbrica, después de recibirlo de la secretaria de la junta directiva de EPA y leerlo para pasarlo al despacho de la alcaldesa. Esa rúbrica con las letras GP es una práctica que se acostumbra para que no le añadan hojas o se hagan modificaciones cuando son documento que no se proyectan en el despacho de la alcaldesa. Esa fue toda mi actuación, lo que voy a corroborar en la audiencia con pruebas documentales”.

Pineda sustenta que es muy raro que estén alegando un favorecimiento de la alcaldesa a la empresa Servigenerales a través de la intensión de extender el contrato de aseo, cuando tanto el Consejo de Estado como la propia Corte Constitucional prohíben que los contratos o concesiones de servicios públicos se prorroguen automáticamente. Además, dice, hay una carta firmada por el gerente de EPA, fechada el 31 de agosto del 2010, donde se pide a Servigenerales empezar el empalme de la devolución del servicio de aseo, que se hará a partir del 15 de agosto de 2011, por orden de la junta directiva de la entidad. Afirma también que si EPA ha sido objeto de cuestionamientos, ha sido por parte de Servigenerales, como se prueba en artículos publicados en el diario la Crónica.

El asesor jurídico de la alcaldesa también refuta la idea de que hay favorecimiento cuando se quiere esconder en el acta el nombre de Servigenerales como socio de EPA en la concesión de Tumaco. Manifiesta que la decisión que sirvió para conformar la unión temporal y constituir la sociedad Aguas de Tumaco en la Notaría Única de Tumaco una vez adjudicada la licitación, no se tomó en la sesión del 15 de diciembre del 2008, sino el 01 de septiembre del 2009, como queda clara en la constitución de la Sociedad de Aguas de Tumaco, cuya documentación reposa en el Ministerio del Medio Ambiente y en la Superintendencia de Servicios Públicos, donde no aparece Servigenerales como socia, sino cuatro empresas distintas.


Un poderoso argumento
Gustavo Pineda Aguirre denunció que todo este lío es una presunta retaliación porque mediante un concepto jurídico proferido por él, como asesor exclusivamente de la alcaldesa y no de la junta, se tumbó posteriormente una modificación a los estatutos de EPA en lo concerniente al aumento de los emolumentos de los miembros de la junta. “Alejandro Granja coadyuvado entre otros por Jhon Jairo Abello, en una junta de octubre de 2008 solicitaron modificar los estatutos en el sentido de aumentar los honorarios de los miembros de dicha junta, de medio salario mínimo por sesión a cinco salarios mínimos mensuales, hubiera o no sesión.

La alcaldesa me lo consultó y yo le aconsejé que por conveniencia ciudadana y por ilegal, debiera de oponerse y votarlo negativo. También votó negativo el doctor Alberto Gómez Mejía y una vocal de control. Los demás miembros lo aprobaron por encima del voto negativo de la presidenta. Con argumentos jurídicos, esta decisión plasmada en el Acuerdo 13A de 2008, se cayó después con base en mi concepto. Por eso, aquí, con todo este asunto, lo que hay es una retaliación, sin pruebas; pero las pruebas de lo dicho por mí, y mi concepto jurídico escrito recomendando el no pago de honorarios por membrecía, ya me fueron solicitadas por un ente de control en Bogotá, de lo cual guardo reserva”.

Finalmente, Pineda afirmó: “Dentro de mis competencias he actuado en derecho, dejaré claro con pruebas mi actuar en el tema de junta directiva de EPA, demostrando que no hubo falsedad, daños ni favorecimientos; por respeto al trámite ante la Procuraduría esperaré el curso del proceso”.


Equipo de análisis periodístico
La Crónica del Quindío




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