Historia / ABRIL 24 DE 2022 / 2 meses antes

Burila, desasosiego e intimidación en la colonización del Quindío

Autor : Álvaro Hernando Camargo Bonilla

Burila, desasosiego e intimidación en la colonización del Quindío

A partir del año de 1842 las vertientes de la Sierra Nevada del Quindío paulatinamente fueron ocupada por colonizadores procedentes de disímiles provincias que plantaron sus reales en la Hoya del Quindío.

En un principio las tierras no tenían dueño, eran baldías y los colonos desbrozaron la selva, establecieron sus estancias y vivían en paz con sus familias, hasta cuando llegaron los malos días y las desgracias causadas por los poderosos tentáculos de una nefasta empresa que borró por completo la felicidad primera de tan agraciado edén.

La anarquía económica, política y administrativa motivada por tres guerras civiles (1876, 1885 y la de los Mil Días), da inicio a un proceso de  distribución, adjudicación y apropiación de tierras baldías, presentándose litigios terciados por políticos y mineros caucanos, quienes a través de las élites manizaleñas se aprovecharon de las necesidades y del trabajo de los colonos recién asentados, constituyen  la Sociedad Anónima Burila en el año 1884.

Burila, vocablo indígena derivado de una tribu de los Pijaos (Bulirás), fue el nombre asumido de la sociedad constituida por el señor Lisandro Caicedo y formalizada por escritura pública número 693 de 25 de noviembre de 1884, otorgada en la notaría de Manizales y constituida por cien accionistas de reconocida influencia económica y política de Cauca y Caldas.

El objeto empresarial se fundamenta en la explotación de minas, salinas y carboneras existentes en los terrenos cedidos por los señores Lisandro y Belisario Caicedo a la compañía, quienes aseveran que el área era de doscientas mil fanegadas.

Con artificio e ingenio, presumiendo de ánimo colonizador, la Burila se reserva cuatro mil fanegadas, ubicadas en el lugar, con las mejores condiciones de salubridad, clima y topografía, donde se preveía el cruce de tres caminos, el del Tolima por Anaime, el del Valle del Cauca por La Paila y la de Antioquía por Circasia, que desembocaban en el valle de Maravelez, en inmediaciones de la confluencia de los ríos Barragán y Quindío, donde ya unidos forman el río de De La Vieja y en sus contornos se demarcaría el área para una ciudad (Caicedonia), de conformidad a las indicaciones y planos que aportaría la compañía.

Todo estaba calculado para consolidar el dominio y provecho del territorio. De primera mano Burila tenía el conocimiento de que por dichos terrenos se proyectaba la línea del ferrocarril, que pondría en comunicación al Cauca con el Tolima por Anaime, y que atravesaría de occidente a oriente una extensión de más de diez leguas en los terrenos de la Burila. Pretensión que se implementó inmediatamente tramitando ante el gobierno de época, una solicitud de privilegio exclusivo, en los terrenos por donde se planeaba la vía.

La sociedad esperó un largo tiempo mientras la montaña cedía al golpe de las hachas de los colonos que descuajaban la selva y después entrar a ejecutar actos de dueño, amparada en dudosos títulos y deslindes arbitrarios. Trama que generó desasosiego, intimidación, malestar e incertidumbre en los colonizadores rasos, por el poderío de esta infausta empresa que extendió sus tentáculos en territorios de Quindío y norte del Valle.

Los accionistas y representantes legales sustentaban un perfil político y socioeconómico de adalides de la patria, tal como: Manuel Antonio Sanclemente, Eliseo Payán, Rafael Reyes y Ezequiel Hurtado (expresidentes de la República); los presbíteros Rafael Aguilera y Juan N. Parra; señores Lucio A. Pombo, José Miguel, Marcelino, Silverio y Gabriel Arango, Juan de Dios Ulloa, Eduardo Holguín, Manuel María Castro, Eustaquio Palacios, Fortunato, José María y Narciso Cabal, Belisario Zamorano, Manuel U. Carvajal, Emidio Palau, C. H. Simonds, Elías Reyes, Leopoldo Triana, Alejandro y Juan de Jesús Gutiérrez , Manuel María Sanclemente, Norberto J. Gómez; el Banco Industrial de Manizales, y el Banco del Cauca.

Desde 1884 representaron la Burila, Marcelino y José Miguel Arango, padre e hijo, quienes durante los últimos tiempos de la guerra de 1900 y años siguientes hasta 1906, se hicieron propietarios de terrenos denominados: Maravelez, Pijao, Buenos Aires, Ceilán, La Palmera, El Gigante, Italia, Altamira, Cuba, Arcadia, y otros más.

Ver también: La entrada del café por el Camino del Quindío

¿Qué se podía esperar de estos “prohombres”, representantes de los poderes religiosos, políticos y económicos, ante las justas reclamaciones de posesión y derecho de baldíos ocupados por desarrapados e ignorantes colonos?

Los mercaderes de tierras despojaron a cincuenta mil colonos pobres, cuya única riqueza y poderío eran su trabajo y deseos de establecer su núcleo familiar lejos de la influencia de las guerras de fin de siglo XIX, para poder vivir en paz. 

El proceder de Burila fue rapaz, brutal e inhumano, igual o peor que el de sus similares Aránzazu y Villegas, caracterizado por el despojo a colonos pobres en la región del sur del estado soberano de Antioquía.

Los esbirros de la Burila se hicieron famosos en los recién fundados caseríos de Calarcá y Armenia por su arbitrariedad y agresividad. Cumpliendo órdenes de los accionistas, y en complicidad con las autoridades judiciales y de policía, despojaron con apariencia legal a los colonos. A los que se oponían les quemaron sus ranchos y cultivos, obligando a desocupar o pagar onerosos precios por la tierra que con sacrificio habían desbrozado.

Secuaces, sin expresión humana alguna, violentos, crueles, quienes en asocio de bravucones agrimensores de Burila, emprendieron toda clase de bellaquerías y atropellos en contra de los poseedores de las mejoras en litigio.

Forasteros camorristas merodeaban las parcelas en líos con Burila, resguardados bajo grandes ruanas, aparecían por todas partes, miraban todo, no decían nada, solamente escuchaban. Su misión, acosar a los colonos para que desocuparan sus predios. Por las noches se dedicaban a destruir cercados, baldaban los ganados, destruían sementeras, incendiaban las casas de los colonos.  Todo encaminado a dar termino a los largos y constantes pleitos a través del terror. Se sospechaba, pero no se atrevían a señalar abiertamente a los responsables de los atropellos, por miedo a la represalia.

Las autoridades locales, lideradas con los socios de la Burila, se hacían los de la oreja mocha.  Muchas autoridades estaban compradas por los representantes de la burila, a quienes pagaban su complicidad sufragando deudas de juegos de azar a los jueces y corregidores, que perdieron la plata de los depósitos judiciales en dichos juegos.

Agrimensores de La Burila, cortejados de autoridades judiciales y alguaciles, previo boleto por parte de los bravucones de la Burila, borrachos y agresivos se dirigían a las mejoras de los colonos para hacer efectivas las diligencias de lanzamiento.  Con engaños procesaban a los colonos, bajo el argumento de que no tenían derechos, al no contar con los títulos de propiedad.  Sin más preámbulos, se procedía al lanzamiento. Muchos sucumbieron y entregaron sus mejoras sin luchar, convirtiéndose en jornaleros o el éxodo silencioso en espera de cualquier cosa.

Don Catarino Cardona, maestro de escuela y tinterillo, fue el adalid en la defensa de los colonos. Ante la contundencia y efectividad de su acción legal y para impedir su actuar, certificaron falsamente que sufría de lepra, para poder incluirlo en Agua de Dios, en donde al término de un año y gracias a su experticia legal, logró salir para seguir la defensa de los colonos.

Redactó un memorial dirigido al gobierno central, que firmaron treinta mil colonos, en el que se pedía la anulación del acto administrativo por medio del cual se reconocía a Burila como la única dueña del territorio. Sólo en 1930 después de un largo y sangriento conflicto el ministro Juan Antonio Montalvo decide poner fin al asunto, mediante resolución del 26 de febrero, en la cual pone en pie de igualdad a colonos y Compañía.

El 12 de diciembre de 1912, el Ministerio de Obras Públicas, revocó todos los derechos sobre los terrenos de Burila. Los colonos cultivadores de la región a que se refiere la providencia pudieron solicitar, de acuerdo con el código fiscal y con las leyes, la adjudicación de sus mejoras.



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