Judicial / JULIO 16 DE 2009 / 12 años antes

Amnistía denunció aumento de desplazados en Colombia

 Amnistía denunció aumento de desplazados en Colombia

El informe de Amnistía contradice las declaraciones del gobierno que indican que el flagelo del desplazamiento se ha reducido.

Ayer se presentó documento.

Amnistía Internacional, AI, denunció ayer el notable aumento del número de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en Colombia debido al conflicto armado, y pidió a las partes a que no involucren a la población civil.
Hasta 380.000 personas se convirtieron en desplazados sólo en 2008, lo que supone un aumento de más del 24% con respecto a 2007, según recoge Amnistía en el informe ‘Todo queda atrás. Desplazamiento interno en Colombia’, que recoge numerosos testimonios de colombianos que han perdido sus hogares.

Esto supone que hoy en día entre tres y cuatro millones de personas viven como refugiados en su propio país, el equivalente al total de la población de Uruguay, a lo que hay que sumar el medio millón de colombianos que han huido a países vecinos.
Estos datos confirman, según dijo Marcelo Pollack, director adjunto del programa para América de AI, que Colombia vive “una de las mayores tragedias ocultas de hoy día y desmienten la afirmación del gobierno colombiano de que el país ha superado su turbulento pasado”.

En declaraciones a EFE, Pollack afirmó que “la realidad es muy diferente” a la que muestra al mundo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, aunque reconoció que “se ha mejorado en algunos aspectos, como en el descenso en el número de secuestros y toma de rehenes, y en las cifras de homicidios relacionados con el conflicto armado”.
“También la seguridad ciudadana en algunas de las grandes ciudades del país ha mejorado en relación con años anteriores”, añadió Pollack, pero “esa no es toda la historia. Hay otra Colombia, una Colombia invisible donde el conflicto continúa”.

Y los civiles “siguen siendo las víctimas principales de los combates entre la guerrilla, la fuerza publica y los paramilitares”, señaló el representante de AI, quien explicó que los más afectados son las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
AI acusa a la guerrilla, a los paramilitares, a los narcos y a las fuerzas de seguridad por igual de seguir una estrategia deliberada que “tiene por objeto expulsar a comunidades enteras de zonas de importancia militar, estratégica o económica”.
En este sentido, el informe cuenta que gran parte de la riqueza acumulada por los paramilitares y “por quienes les respaldan dentro de la política y el sector empresarial” está basada en la apropiación indebida de tierras por medio de amenazas y violencia.

Amnistía Internacional calcula que de esta manera se han robado en los últimos años entre 4 y 6 millones de hectáreas de tierras que pertenecían a los sectores más desfavorecidos de la población.
Pollack manifestó que la situación en la que se encuentran estas personas les expone a una “doble discriminación”, porque “no sólo sufren el dolor y las dificultades asociadas al desplazamiento en sí mismo, sino que cuando llegan a las comunidades receptoras tienen que enfrentar la hostilidad, los prejuicios y la estigmatización”.
“Muchas autoridades locales perciben a estas personas como guerrilleros o auxiliadores de las guerrillas, o temen que estén trayendo el conflicto a sus pueblos y ciudades”, dijo.
Amnistía cree que el gobierno debe actuar para impedir el desplazamiento forzado, mejorar la protección de los civiles y devolver las tierras y demás bienes robados a los desplazados.

Eso pasa por una condición previa indispensable, indicó Pollack: “que las autoridades colombianas reconozcan que existe un problema, que reconozcan que hay un conflicto armado en Colombia, simplemente para poder aplicar a estas personas el derecho internacional humanitario”.


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