Judicial / ENERO 25 DE 2022 / 6 meses antes

Aplazada audiencia de imputación contra exalcaldes de Armenia y exdirectores de Setta

Autor : David Salazar

Aplazada audiencia de imputación contra exalcaldes de Armenia y exdirectores de Setta

David Barros Vélez y Ana María Arango Álvarez, exalcaldes de Armenia.

La juez tercera penal municipal, con funciones de control de garantías de Armenia, aplazó para el próximo lunes 31 de enero a las 10:30 a. m., la audiencia de formulación de imputación a los exalcaldes de Armenia, David Barros Vélez y Ana María Arango Álvarez; y demás implicados, porque el fiscal fue recusado por la bancada de la defensa.

La razón, porque el abogado de Juan José Gómez Bustamante —investigado como secretario de Setta, al igual que Liliana Patricia Rugeles Gil y Fanny Amparo Martínez Tafur, también exdirectores de esa cartera de movilidad de Armenia— presentó 2 argumentos jurídicos para solicitar inviable la actuación procesal.

La primera, porque al parecer, hace 9 años el representante del ente investigador penal no tuvo en cuenta el testimonio de Gómez Bustamante quien quería rendir declaración.

También, porque supuestamente, el fiscal primero delegado ante los tribunales del circuito de Armenia y Pereira debía declararse impedido para llevar a cabo la audiencia.

Tras 20 minutos de receso por parte de la juez para dar a conocer su decisión, indicó que la audiencia debía continuar porque esta era de formulación de imputación y no una correspondiente a la etapa procesal dentro del circuito de conocimiento.

Además, para la juez, el abogado defensor no ahondó en la causal de recusación al fiscal y sobre el hecho de que se hubiera demorado 9 años en formular la imputación, no encontraba en ello acreditar la causal de impedimento.

La única situación que podía dilatar más el inicio judicial de la investigación era que los exalcaldes de Armenia, David Barros Vélez y Ana María Arango Álvarez, no hicieron presencia en la audiencia, situación que por ley, debe ser obligatoria.

Tampoco asistieron sus abogados defensores y ante esta situación la juez le preguntó al fiscal sobre las causas por las cuales no estaban los exburgomaestres, pero el representante del ente investigador penal solicitó, antes de aclarar esta situación, que le dejara manifestar respuesta sobre la recusación en su contra.

Enseguida, le explicó a la juez que —por ley— el fiscal general de la nación debía decidir en segunda instancia sobre la competencia de este fiscal en el proceso tras ser recusado y que de manera administrativa, el líder investigador nacional, había designado a los fiscales directores regionales para que decidieran sobre el recurso.

Fue por esto que solicitó un tiempo prudencial, no mayor a una semana, toda vez que el caso está a punto de prescribir por el delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Así las cosas, la juez agendó para la próxima semana dando a conocer que era perentorio que se llevará a cabo la audiencia de imputación para que el caso no prescribiera y los términos corrieran así fuera por la mitad del tiempo de la posible condena más alta por este delito.

Los ciudadanos encartados son investigados por actos de corrupción que habrían generado un detrimento patrimonial en la administración pública igual a $294.400.000.    

El caso penal en contra de estos ciudadanos está basado en el incumplimiento al estatuto de contratación estatal, situación que se originó en el año 2001 con el exalcalde Mario Londoño Arcila (Q.E.P.D.).

Este burgomaestre, según un informe de la Contraloría Municipal de Armenia, habría licitado un contrato con una empresa privada para concesionar vehículos de carga tipo ‘camabaja’, camioneta u otro medio idóneo disponible para las 24 horas del día para retirar los automotores que fueran conducidos por personas infringiendo el Código Nacional de Tránsito o por siniestralidad.

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