Las mujeres también han participado activamente en el movimiento estudiantil, pidiendo a gritos financiación para las universidades públicas.
Invertir en formación académica vale la pena, porque una sociedad educada es menos conflictiva, más inclinada al progreso, más democrática y lo que más importa: más solidaria.
La sociedad colombiana debiera de agradecer al movimiento estudiantil la lucha iniciada hace varias semanas en defensa de la educación, para que cuente con la financiación justa por parte del Estado, que al final de cuentas es la redistribución equitativa del aporte en impuestos que todos hacemos, desde los bebés hasta los ancianos, porque todos consumimos productos que pagan IVA, así como quienes tienen más gravámenes porque aportan por su declaración de renta, valorización, predial, etcétera.
Sin embargo, hay sectores sociales que sin conocimiento suficiente del porqué luchan los estudiantes universitarios, alegremente critican el paro. Ellos ignoran el papel que la educación, por supuesto que de calidad, tiene para superar la desigualdad social generadora de la violencia que nos afecta a todos. Desconocen también que la paupérrima financiación de la universidad oficial produce discriminación social, al impedir que quienes no pueden pagar una universidad privada no puedan acceder a la educación superior.
Un ejemplo de ese fenómeno se refleja con lo que pasa con la institución insigne de Colombia: la universidad Nacional recibe dos veces al año solicitudes de más de 70.000 bachilleres, pero apenas puede admitir escasamente el 10%, es decir, unos 7.000, lo cual implica una exclusión del 90% de la población juvenil; cifra desfavorable gracias a la desfinanciación de la universidad pública y que es manifiesta en las 32 instituciones.
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Afectar el presupuesto universitario no es atribuible solo a los últimos presidentes, infortunadamente Colombia en su vida republicana no ha tenido proyecto educativo que estructuralmente financie la educación, tanto la básica como la superior. El presidente Duque está recibiendo lo que en física se conoce como una transición de fase. Se ha acumulado tanta energía con la desfinanciación, que se ha manifestado en el estado del movimiento actual. Además, hay que agregar el efecto de la corriente neoliberal que se empezó a implementar desde la década de los 70 del siglo XX.
Movimiento de los pingüinos, un ejemplo
Por eso, el movimiento estudiantil es un fantasma que viene apareciendo en varios países en este siglo. Chile en 2006 se manifestó con el “Movimiento de los pingüinos”, nombre asignado a ese movimiento de secundaria. Cerca del 90% de los colegios de Santiago adhirió directa o indirectamente a la movilización convocada por los voceros del movimiento —colegios privados y municipales—. Ese año se produjo en todo Chile una gran manifestación de estudiantes que duró meses.
La protesta se suscitó porque en marzo de ese año los resultados Sistema de Medición de la Calidad de la Educación - prueba Simce, dejaron nuevamente en evidencia el desigual rendimiento según el estrato económico del estudiante, lo que originó un intenso debate en la sociedad sobre el derecho que poseen todos los niños de acceder a una educación de calidad.
En 2011 la movilización fue a nivel nacional, tanto por estudiantes universitarios como de secundaria. Esta situación surgió ante el rechazo del sistema educacional chileno, en el cual hay una amplia participación del sector privado respecto con la del Estado. En ese país el 25% del sistema educativo es financiado por el Estado, mientras que los estudiantes aportan el otro 75%. Es una señal de la huella dejada por la dictadura de Pinochet, quien impuso allí con las balas el modelo neoliberal.
De esta ola privatizadora ni siquiera EE.UU. se ha salvado. Noam Chomsky, profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts e importante intelectual y lingüista, estuvo en agosto de 2011 en la universidad de Toronto en Scarborough en donde planteó el problema expresando: “La privatización de la universidad pública significa la privatización para los ricos y un nivel más bajo de formación más bien técnica para el resto”.
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Profesores temporales y burocracia
En Estados Unidos la tendencia es que las universidades públicas reciban cada vez más ingresos por la matrícula estudiantil y menos por la contribución del Estado, con lo cual, eventualmente, solo los “community colleges” —el nivel más bajo del sistema— recibirán dinero público para su manutención”.
También en una reunión del Sindicato Universitario de Pittsbuego, EE.UU., en la que participó vía Skype, expuso los problemas que se están presentando en las universidades: profesores temporales, sobrecarga de trabajo, aumento de puestos administrativos y burocráticos, estudiantes sometidos a la presión de los créditos y las deudas, asignaturas superfluas. Además, señaló que el modelo empresarial al que se inscriben las instituciones de educación superior, precariza la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, reproduciendo autoritarismos indeseables para las sociedades actuales.
Asimismo, junto con Doug Henwood, especialista en economía, suscribió el estudio en el que expresan que para volver completamente gratuita la educación superior en EE.UU., bastaría con destinar a las universidades menos del 2% del Producto Interno Bruto del país —lo equivalente a casi un tercio de los ingresos que perciben los 10,000 hogares más ricos—, equivalente a tres meses de gastos del Pentágono o poco menos de cuatro meses de costos administrativos del sistema de salud privado.
El proceso de pauperización de esos claustros académicos no solo se inicia con la financiación deficiente, como lo afirma Chomski, sino que también se da cuando no crece el número de profesores, pero aumenta la burocracia. Sobre los decanos expresó: “Se han convertido en todos unos burócratas que necesitan de vicedecanos, asistentes y secretarias. Lo mismo sucede con las vicerrectorías.
La privatización de la universidad, un peligro
Así que lo que está en juego es la privatización de la universidad pública y para ello se usan varios procedimientos: recortando el presupuesto, burocratizando las instituciones, que en el caso colombiano, en buena medida, está amparada por los políticos, gobernantes y hasta por funcionarios de los órganos de control: Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, que sin pudor aceptan o piden puestos burocráticos y como contraprestación protegen, obstaculizan o fallan a favor las demandas instauradas en contra de quienes gobiernan en las universidades.
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¿Pero por qué es importante la educación pública? Uno de los más célebres defensores del libre mercado, el estadounidense Milton Friedman —1912-2006—, reconoció la importancia de la educación en el bienestar colectivo y la estabilidad democrática de los países, señalando la necesidad de que la enseñanza básica sea de carácter obligatorio. Con sus propias palabras: “(…) una sociedad democrática es imposible sin un nivel mínimo de alfabetización y conocimiento por parte de la mayor parte de ciudadanos y sin una aceptación generalizada de un conjunto de valores comunes”.
Una razón económica para justificar la intervención pública es la equidad. La educación es uno de los principales determinantes de las ganancias de los individuos y, por lo tanto, ejerce un papel sobre la distribución de la renta. Proporcionar a todos los individuos de una sociedad una educación de calidad ayudaría a reducir la desigualdad social. Jeffrey D. Sachs, estadounidense quien hizo su doctorado en la universidad de Harvard, afirma: “De todas las inversiones necesarias para lograr el desarrollo sostenible, ninguna es más importante que una educación de calidad para todos”.
En junio de 2016 escribió para el periódico El País de España el artículo que título: “Salud y educación para todos”. Entre otras cosas expresó: “Hoy Estados Unidos dedica alrededor del 5% de su PIB —o sea, unos 900.000 millones de dólares al año— a gastos militares —para el Pentágono, la CIA, los veteranos y otros gastos—. Estados Unidos puede y debe transferir al menos la décima parte de esa cifra a programas de ayuda al desarrollo”.
Agregó: “Ese cambio de prioridades, de la guerra al desarrollo, reforzaría enormemente la seguridad de Estados Unidos y del mundo; las últimas guerras que libró Estados Unidos en el norte de África y Oriente Próximo costaron billones de dólares, pero no reforzaron, sino que debilitaron la seguridad nacional”. Una cosa parecida, guardando las proporciones, ha pasado en Colombia.
Qué ironía, un Nobel de Paz financiando la guerra
A mediados del 2017, nuestro ‘emérito’ Premio Nobel de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos, anunció un aumento significativo en su presupuesto militar para el año 2018 en 8%, al mismo tiempo disminuía la inversión social en un 16%. Por su parte, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el presupuesto nacional de Colombia sería de 235.6 billones de pesos. Al desglosarlo por sectores, el de defensa y policía fueron los más beneficiados con 31,48 billones. ¿Acaso el país no está en un escenario de posconflicto? ¿O es que “tenemos que prepararnos para enfrentar a Venezuela”?
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Así que, como en EE.UU., a Colombia le sobran recursos para financiar la gratuidad de la educación. Si se disminuye el gasto militar, se poda la burocracia de todo el Estado, incluyendo por supuesto la de las universidades, se minimiza la corrupción, y si la Dian pone en cintura a empresarios y particulares que evaden impuestos, hasta podríamos vivir mejor que los países nórdicos.
Por ahora hay que esperar —apoyando— a ver qué pasa con la transición de fase que se está dando con el movimiento estudiantil, y si el gobierno reflexiona y hace posible la transición a otra fase fase que permita un nuevo estado de tranquilidad con universidades bien financiadas y funcionando.
Diego Arias Serna (*)
Profesor-investigador universidad del Quindío
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