Región / SEPTIEMBRE 18 DE 2020 / 2 meses antes

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento a funciones para contratar del director de la CRQ

Autor : David Salazar

Fiscalía solicitó medida de aseguramiento a funciones para contratar del director de la CRQ

La defensa del director de la CRQ presentará sus argumentos de defensa y desvirtualización de la Fiscalía, el próximo lunes.

El ente perseguidor penal imputó a José Manuel Cortés Orozco por los delitos de 2 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, una falsedad ideológica en documento público y 2 peculados por apropiación.

La Fiscalía General de la Nación, FGN, basándose en el artículo 307, numerales 4, 5, 6, y 7, solicitó medida de aseguramiento a las funciones de contratación de José Manuel Cortés Orozco como director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ.

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La petición del ente perseguidor penal está dada en la supuesta responsabilidad del funcionario en 2 contratos sin cumplimiento de requisitos legales, una falsedad ideológica en documento público y 2 peculados por apropiación, delitos derivados de una presunta corrupción que Cortés Orozco, como director del departamento de Planeación de la Corporación, habría cometido en 2008.

Los contratos donde el funcionario habría actuado al margen de la ley son el 171 y 178, que se generaron en 2007 y 2008, los cuales tenían como objeto el diseño, elaboración e implementación de 2 softwares para la tasa retributiva y para calidad del aire.

La Fiscalía aseguró, en audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento, que Cortés Orozco habría participado en un detrimento patrimonial a la CRQ, cercano a los $100.000.000.

 

No aceptó cargos

En la audiencia de imputación, la Fiscalía endilgó los delitos de corrupción a Cortés Orozco asegurando que habría faltado a sus funciones como interventor de los 2 contratos, pasando por encima de la supervisión y  control de la ejecución de los convenios.

También, no presentó informes periódicos ni finales del proceso de ejecución de los contratos al director de la autoridad ambiental de la época, Carlos Alberto Franco Cano, y no informó anomalías.

Pero para el ente investigador penal surgió una situación  más grave y fue la firma de los vistos buenos en las actas de inicio, ejecución y finalización de los contratos que no tuvieron el final que se debía.

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“Nunca hubo la entrega de los softwares que funcionarían de la manera adecuada, entregaron un CD que en el momento de ser implementado los supuestos programas teconlógicos que este tenía, no servían porque no cumplían la función que debía en la tasa de retribución y calidad del aire”, manifestó la fiscal 20 seccional antidelitos de corrupción.

Por otra parte, el director de la CRQ para la época de los hechos, Carlos Alberto Franco Cano; el jefe de planeación para 2007, Orlando Martínez Arenas; la asesora del despacho de dirección de ese momento, Paula Andrea Ossa Santa, y los 2 contratistas privados fueron imputados con los mismos delitos pero a ninguno le fue solicitada medida de aseguramiento alguna.

Aunque la fiscal sí indicó la presunta omisión de los antes nombrados en la regularidad y la validez de cada uno de los contratos y la certificación de los mismos cuando no habían sido entregados los objetivos de los contratos o en su defecto, el uso adecuado de un CD con los supuestos software, los cuales no sirvieron, según la investigadora.

 

Audiencia de solicitud de medida de aseguramiento

La Fiscalía General de la Nación, FGN, indicó que por el tiempo que había pasado, no se podía solicitar una medida de aseguramiento carcelaria pero sí de control y alejamiento de algunas funciones del director de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, José Manuel Cortés Orozco, las cuales tienen que ver con la contratación, distribución del gasto y funcionamiento de la entidad, además de su participación en reuniones donde se generen temas de convenios públicos-privados.

Seguiría entonces con funciones sancionatorias, de proyectos administrativos, entre otros. Lo que generaría, en caso tal de que se dé y, según fuentes, la necesidad de un director ad hoc nombrado por el gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas.

Lo anterior, algo novedoso, porque según la Fiscalía, el funcionario podría alterar pruebas desde su cargo y ejercer cualquier presión a la investigación.

Según la representante de la Fiscalía, de una manera “milagrosa”, la documentación de estas pruebas y los contratos desaparecieron, por lo que serán objeto de reconstrucción por parte de peritos.

Aseguró que el contrato 171 de 2007 fue por $45.000.000 y tuvo una adición que no es exacta, y el 178, también de la misma vigencia, fue por $25.000.000.

“Se lograron obtener documentos de este caso a través de la reconstrucción de pruebas y una investigación previa de la Contraloría General de la República, CGR”, dijo la fiscal.

Además, dio a conocer una irregularidad, que supuestamente manifestó el contratista del convenio 178.

“El contratista del contrato para la plataforma para la calidad del aire, señaló que le pagaron, ‘bajo mesa’, $1.000.000 para que prestara sus soportes y así, poner a una persona que no era ingeniero de sistemas, para la época de los hechos, a hacer el software y ganar el dinero”, expresó.

Finalizó la funcionaria informando que en este momento su despacho adelanta 2 indagaciones preliminares contra el director de la CRQ por otras irregularidades con iguales delitos en contratos en 2010.

 

Aplazamiento

La audiencia quedó aplazada para el próximo lunes a las 2 p. m., donde participarán el delegado del ministerio público y la defensa de Cortés Orozco, quien solicitó la prórroga para estudiar el material probatorio expuesto por la Fiscalía General de la Nación.

 

Código de Procedimiento Penal Artículo 307: Medidas de aseguramiento

La Fiscalía General de la Nación, FGN, argumentó la solicitud de medida de aseguramiento basándose en el artículo 307, numerales 4, 5, 6, y 7, ‘medidas no privativas de la libertad’.

Numeral 4: La obligación de observar buena conducta individual, familiar y social, con especificación de la misma y su relación con el hecho.

Numeral 5: La prohibición de salir del país, del lugar en el cual reside o del ámbito territorial que fije el juez.

Numeral 6: La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares.

Numeral 7: La prohibición de comunicarse con determinadas personas o con las víctimas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa.



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