Región / DICIEMBRE 08 DE 2022 / 1 mes antes

Incertidumbre en el Quindío por atención para niños y jóvenes con discapacidad

Autor : Fabián Camilo Plaza

Incertidumbre en el Quindío por atención para niños y jóvenes con discapacidad

La Fundación Quindiana de Atención Integral está en déficit y tiene comprometido su funcionamiento para 2023.

Martha María Marín Mejía, representante legal de la Fundación Quindiana de Atención Integral, aseguró que la entidad finalizara el año con un déficit de $78 millones y sin los recursos económicos para continuar operando. En el año 2009, según la profesional, la gobernación del Quindío se vio en la obligación de retirarles el respaldo económico tras la aprobación de la Ley de Inclusión, la cual solicitó a los entes territoriales el cierre de los institutos de educación especial por ser segregantes y aduciendo que todos los niños debían estar incluidos en el sistema educativo regular.

Sobre el particular, Marín Mejía, dijo: “Nosotros somos 56 operadores de discapacidad, bajo el ICBF, en todo el territorio nacional, una modalidad que ellos llaman de “tú a tú”, pero la realidad es que son niños con discapacidad cognitiva, discapacidad múltiple, parálisis cerebral, niños que no reciben en la escuela normalmente. Las edades están entre los 6 y 18 años pues antes teníamos de 2 años en adelante, pero eso nos lo quitó Bienestar porque eso le correspondía a infancia”.

Agregó la consultada que desde ese momento los niños con discapacidades cognitivas, entre 2 y 6 años pasaron al cuidado de centros de atención especial o jardines. “Estos lugares no tienen los profesionales necesarios, por lo que terminan sin ser atendidos. La parte de salud se encarga únicamente de las terapias de lenguaje y físicas, pero hay muchos niños que no requieren eso; yo tengo niños que caminan, se mueven, hablan, pero tienen su problema de aprendizaje, que no concuerda con la exigencia de Bienestar para estar incluidos dentro del aula regular”.
 

Necesidades sin resolver

Marín Mejía señaló que otra complejidad es que gran parte de las docentes no están preparadas o capacitadas para atender un grupo de 30 estudiantes, entre los que se pueden encontrar 1 o 2 con necesidades educativas especiales. “La norma habla de nuestras instituciones como segregantes, pero no explica que dentro de la educación tradicional también se presenta la segregación pues a muchos de estos niños los golpean, los aíslan, les hacen bullying; no a todos y no en todas las escuelas, pero eso sucede”.

Indicó, además, que un agravante de la directriz nacional es que los niños no pueden pasar más de 24 meses en la institución y en ese mismo periodo de tiempo el ICBF debe resolver el estado de adoptabilidad. “Nuestros niños no son para adoptabilidad pues tienen familia, van y vuelven como en una escuela tradicional, pero en eso se ampararon, entonces no solo a muchos no los reciben, no les brindan la atención necesaria, sino que cada 24 meses hay que sacarlos porque ya cumplieron el tiempo que dicta la Ley. Otra cosa es que antes los teníamos a doble jornada, pero desde la pandemia le restaron el tiempo de permanencia a los niños a solo 4 horas y eso es tan ilógico porque con un niño que tenga parálisis, uno se demora solo eso en darle un desayuno o refrigerio”, sostuvo Marín Mejía. 

Precisó que el ICBF les quitó el apoyo, que en la educación general no les da todas las garantías que necesitan los niños; advirtió que las mamás en su mayoría son de escasos recursos y no tienen para el transporte hacia las fundaciones. “Una muestra clara de lo que está pasando es que éramos 75 fundaciones en Colombia y vamos en 56, otra cosa es que el contrato finalizó el 31 de octubre y el 1 de noviembre amanecimos con 500 cupos menos en todas las fundaciones”, aseguró Marín Mejía.

Explica la especialista que: “A los mayores de 18 años los sacan, sin asegurarles ningún otro tipo de atención y una cosa que me parece aterradora es que un muchacho de 14 años es extraedad para educación, es demasiado grande para estar en primaria, no tiene habilidades para entrar a bachillerato y en el Sena un niño con discapacidad cognitiva necesita otros 29 más para consolidar un curso y recibir las clases, es decir, todo apunta para que los niños terminen en la calle”.
 

Llamado de atención 

“Yo tenía 107 cupos, pero en este momento tengo 101 y pues la verdad ya ni el dinero alcanza, cerré este contrato el 31 de octubre con un desbalance presupuestal de $78 millones, porque el mercado fue haciendo un alza desmedida, en enero merqué para la fundación por $8 millones y en octubre por $14 millones; yo mandé la carta al ICBF, explicando la situación y esperando una adición presupuestal, pero lo que me respondieron fue que yo sabía lo que estaba firmando”, acotó Martha María Marín.

Exaltó que: “3 de mis muchachos laboran en un supermercado, otro está en un gran almacén, uno una tienda de café y uno lo tienen repartiendo queso en una camioneta, conduce, tiene pase. No todos los niños tienen síndrome de Down, cuentan con habilidades y nosotros nos encargamos de encontrarlas y potenciarlas, pero desde hace 2 años eso se perdió y con la pandemia empeoró”.
 

Acciones del ICBF

Adriana Echeverri González, directora del ICBF regional Quindío, aclaró: “En el departamento nosotros a hoy tenemos 3 contratos firmados: con la Fundación Quindiana de Educación Especial, Infac en Calarcá y Da Vida en La Tebaida, para hacer la atención de este programa que se llama “Fortalecimiento Tú a Tú”, no es un programa de protección, sino que la tenemos en nuestras modalidades de prevención y promoción, en las direcciones de infancia, adolescencia y juventud”.

Indicó que los cambios se han realizado son en concordancia con la Ley 1278 pues las autoridades administrativas tienen hasta 18 meses para definir la situación del niño. La directora además dijo: “Tenemos claro que 18 meses para los niños en condición de discapacidad permanente no son suficientes, por eso desde la dirección general se pasó a prevención y 24 meses; aunque este periodo de tiempo siga siendo corto, sabemos que algunos niños se quedan en el programa más allá de ese tiempo. Es importante señalar que el propósito es para que el sector salud y educación puedan estar más involucrados, sabemos de la calidad del servicio de estas fundaciones, pero lo que sí es verdad es que este programa solo cuenta con media jornada para brindar esa atención específica”.   

Recalcó que desde la dirección regional no se pueden tomar decisiones económicas para solucionar el déficit de las fundaciones. “Lo que estamos haciendo es preparando todo para solicitar en enero el aumento de los cupos, pues los mismos se disminuyeron a nivel nacional. En lo que respecta a este contrato nuevo no podemos hablar de desbalance presupuestal hasta que no se ejecute el contrato y la población beneficiada con la primera fundación que mencioné son 101 niños, en Calarcá 49 y La Tebaida 42”. 


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