Según la ContralorÃa General de la República tienen responsabilidad los gerentes de EPA y alcaldes de ese entonces, David Barros Vélez y Ana MarÃa Arango.
La empresa Servigenerales, que prestó el servicio de aseo en Armenia entre 2003 y 2011, captó ilegalmente entre el público de la capital quindiana $8.377 millones, reveló la Contraloría General de la República, CGR.
No bajaron la tarifa
Estas resoluciones establecieron un nuevo régimen de regulación tarifaria en materia de aseo. En otros términos, la CRA ordenó bajar la tarifa en todo el país, a partir del 17 de enero de 2007, mandato que debían de acatar todos los prestadores del servicio público de aseo.
Servigenerales se negó a bajar dichas tasas, cobrando la tarifa plena anterior a todos los usuarios de Armenia, entre el 17 enero de 2007 y el 15 de agosto de 2011.
Así, en este período captó ilegalmente entre los usuarios $8.377 millones. Aquí no se defraudó a EPA, sino a los usuarios del servicio de aseo.
Esta actuación ilegal de Servigenerales se hizo con la anuencia de EPA, dice el informe de la Contraloría. En este sentido, tienen responsabilidad los gerentes de EPA y los alcaldes, presidentes de las juntas directivas de esta, David Barros Vélez y Ana María Arango.
La respuesta de Servigenerales
El asesor de Servigenerales Tulio Sarmiento dijo a La Crónica del Quindío que esas tarifas no se bajaron conforme a lo ordenado en las citadas resoluciones, porque ellos aplicaron la normatividad vigente en el momento del contrato con EPA (año 2003), es decir, la Resolución 151 de 2001. En otros términos, reconoce, según el documento de la Contraloría, que no se acogieron a lo ordenado a partir del 2007 por la CRA.
Otra prueba evidente de la Contraloría es la publicación que Servigenerales hizo en La Crónica del Quindío, donde "informa que a partir del mes de octubre de 2011 las tarifas de aseo bajarán un 43% en promedio para el sector residencial y un 16% en el sector comercial, y a renglón seguido dice que lo hace dando cumplimiento a lo ordenado en las resoluciones 351 y 352 de 2005. Es decir, 4 años, 8 meses y 24 días después de que entraron en vigencia las resoluciones".
Los directivos de Servigenerales argumentan que no bajaron las tarifas porque en el contrato con EPA pactaron una variación de tarifas y era a estas a las que estaban obligados.
Sin embargo, la Contraloría comprobó que en dicho contrato, numeral 3, cláusula 18, dice claramente que en caso de variación de tarifas por actualización "serán determinadas por la CRA".
La defraudación es mayor
Los cálculos que hizo la Contraloría de la captación ilegal de $8.373 millones a los usuarios de Armenia se refiere solo a los años 2009, 2010 y 2011, pues no se le suministró lo referente a los años 2007 y 2008.
Cálculos conservadores observan que en esos dos años, la captación ilegal fue cercana a los $6.000 millones. Por ello, la defraudación cometida por Servigenerales contra los usuarios del servicio de aseo en los cinco años supera los $14.000 millones.
Detrimento del patrimonio público
En este caso hay un detrimento del patrimonio público, que debe ser investigado por la Fiscalía General de la Nación, FGN.
Textualmente dice el informe de la Contraloría: "Como quiera que el servicio de aseo es una función pública, la cual debe ser prestada por el Estado, pero también se permite concesionarla, las tarifas cobradas a los usuarios por este servicio son consideradas tasas y como tal, se constituyen en patrimonio público. Por consiguiente, estos recursos cobrados de más por el contratista, configuran un presunto detrimento al patrimonio público (...) e igualmente estaría violando el Estatuto Penal vigente y el Código Único Disciplinario".
Pésimo contrato
EPA, al momento de contratar con Servigenerales hizo una proyección del total de ingresos que obtendría el operador en los 8 años por facturación del servicio de aseo. En esa proyección financiera apareció que en ese tiempo, Servigenerales recibiría $55.984 millones.
Así, el negocio para Servigenerales no solo tenía una alta rentabilidad, sino que se podría prestar un muy buen servicio a los ciudadanos, y dejar un 5% de este total para EPA. Y así se firmó.
La Contraloría encontró que hubo un recaudo superior al estimado, en un 54%. Esto quiere decir que en vez de recibir, en los 8 años, $55.984 millones, Servigenerales recibió $85.922 millones; pesos más pesos menos, unos $30.000 millones de más.
Si la proyección se hubiera hecho técnica y justamente, EPA habría tenido que exigir el 5% hasta los $55.984, y mucho más sobre los $30.000 millones restantes, que, finalmente, ‘le quedaron pulpitos’ al operador privado, porque con la primera cifra no solo fue suficiente para todos los gastos operacionales, sino que también le reportó utilidades, según la proyección.
La Crónica del Quindío publicará tres informes más sobre esta serie de defraudaciones que se cometieron contra los usuarios del servicio de aseo en los últimos años, que incluye, además de Armenia, los municipios de Montenegro, La Tebaida y Filandia.
