Región / FEBRERO 03 DE 2016 / 5 años antes

Por caso de ordenanzas, diputados se notificaron en la Procuraduría

Por caso de ordenanzas, diputados se notificaron en la Procuraduría

El diputado Néstor Jaime Cárdenas ya se notificó.

Tres diputados, Mary Luz Ospina García, Néstor Jaime Cárdenas Jiménez y Luis Alberto Rincón Quintero y dos exdiputados, César Londoño Villegas y Margarita María Ramírez Taffur, se notificaron ayer en la Procuraduría, para la apertura de indagación de la investigación sobre constitucionalidad y legalidad de las ordenanzas aprobadas a finales de 2015.

Por ahora el ministerio público trabaja en el proceso de verificación de la existencia o no de la falta y la posible autoría en cabeza de los corporados, que comenzarán su proceso de defensa, con el que buscan demostrar que no incurrieron en falta disciplinaria.

La indagación tiene una duración de 6 meses, explicaron los integrantes de la duma, que en la Procuraduría recibieron copia del auto de indagación y firmaron un acta de notificación.

La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, y Gloria Inés Gutiérrez, exsecretaria del Interior del departamento, no se notificaron, dado que no han recibido sus respectivas citaciones. 

Transcurrido los 6 meses, en la Procuraduría se determinará si se archiva el proceso o se da apertura de investigación disciplinaria.

La defensa se centra su labor en demostrar la constitucionalidad y legalidad de las ordenanzas, que dicen “responden a unos deberes constitucionales y legales establecidos en la ley de Infancia y Adolescencia y la ley de Juventudes”.

Por la presencia de Hurtado Palacio, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa maneja el caso, dado que es una de las encargadas de investigar a los gobernadores.

La Contraloría Departamental del Quindío hizo una auditoría al tema y concluyó que las ordenanzas son constitucionales y legales, opinión a la que se sumaron las de la Federación Nacional de Departamentos y de la Federación Colombiana de Municipios.

Sin embargo, el gobernador del Quindío, el padre Carlos Eduardo Osorio Buriticá, busca que se compruebe la inconstitucionalidad e ilegalidad de las normas y reiteró que lo hecho en el cierre de 2015 fue un “golpe de Estado a las finanzas del departamento”.

Con la aprobación, se descentralizó el gasto, destinando recursos a los municipios, lo que disminuyó los ingresos para el Centro Administrativo Departamental, CAD.

 



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