Región / OCTUBRE 05 DE 2017 / 2 meses antes

Procuraduría negó anulación del proceso investigativo en contra de exgobernadora

Procuraduría negó anulación del proceso investigativo en contra de exgobernadora

Los abogados defensores afirmaron que se violó el derecho a la defensa, al no ser notificados del proceso en la etapa de indagación preliminar. La audiencia duró más de 9 horas.


La procuradora Segunda Delegada para la Contratación estatal, Gloria Janeth Quintero Montoya, negó la solicitud de nulidad procesal presentada por los abogados defensores de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, los exgobernadores encargados John James Fernández López y Julio Ernesto Ospina, el exgerente de EPQ, Heidelman Grajales Puentes y el exgerente de Proviquindío, Johnny Alberto Rodríguez Jaramillo.

En contexto: Audiencia contra Sandra Paola y cuatro exfuncionarios, el 5 de octubre

La decisión se tomó durante la audiencia que se llevó a cabo este jueves en el palacio de justicia de Armenia, donde el ente de control pretendía informar a los implicados de una investigación en su contra por irregularidades en la suscripción de convenios interadministrativos entre la gobernación y los entes territoriales. 

En la diligencia, Carlos Mario Isaza Serrano, el defensor de Hurtado Palacio, solicitó la nulidad argumentando que su defendida no fue notificada de la apertura de indagación preliminar, la cual se dio en agosto del año pasado, y por lo tanto se le violó el derecho a la defensa. 

Los juristas Andrés Mauricio Quiceno Arenas, representante de Fernández López y Ospina Gómez; y John Fáber Quintero Olaya, en representación de Grajales Puentes y Rodríguez Jaramillo, se sumaron a la petición. 

Los defensores aseguraron que durante un año y medio que lleva el proceso en contra de los exfuncionarios, no recibieron notificaciones del mismo, por lo que no pudieron acudir a todas las instancias y presentar las pruebas para defender sus acciones. 

“La ley dice que se debe notificar de manera personal en cuanto se tenga identificado plenamente al funcionario que se va a investigar. No se cumplió con el debido proceso y por eso creo que es pertinente la anulación de todo lo adelantado desde la indagación preliminar”, indicó Isaza Serrano. 

Asimismo, los otros profesionales afirmaron que desde la queja, interpuesta en 2015, se conoció la plena identificación de los funcionarios vinculados, teniendo en cuenta que se trata de tres entidades territoriales. 

Aquí la falta está muy bien determinada, y es haber suscrito presuntamente unos convenios con la violación de las normas del estatuto general de contratación. Desde el principio se conocían cuáles eran los convenios, luego se conocía quiénes los habían suscrito. La Procuraduría adelantó una indagación preliminar argumentando que no sabe quiénes son los posibles autores, los identifica en medio de la indagación y aun así no los vincula y continúa el proceso, dos años después los llama a una audiencia, eso constituye una violación al derecho de la defensa y una vulneración del debido proceso. A ellos se les adelantó todo a sus espaldas, sin permitirles que se pronunciaran o que allegaran pruebas que nos podrían haber evitado la audiencia de este jueves, porque tenemos una batería probatoria que podemos desplegar en una fase de indagación y no hubiéramos llegado a esta etapa procesal”, dijo Quiceno Arenas. 

Quintero Olaya manifestó que se trató de un error de la entidad que debía ser corregido, reiniciando el proceso de la manera que, según él, es la correcta.
 

“No estaban identificados”

Luego de escuchar los argumentos, la procuradora solicitó un receso de dos horas para poder estudiarlos y así tomar una decisión, la cual, finalmente, fue negada. 

Quintero Montoya, en su intervención, aseguró que aunque la queja interpuesta ante el ente de control hace mención a los entes, no es el quejoso el indicado para determinar quiénes serán los investigados, de tal manera que para la Procuraduría no estaban plenamente identificados los accionantes y por eso no se pudo hacer una notificación personal como exigían los juristas. 

“Revisada la queja, encuentra este despacho que si bien es cierto se menciona a la gobernación del Quindío, la entidad que celebró algunos negocios jurídicos con las empresas Proviquindío y EPQ, no se mencionó el nombre de ningún servidor público. No es cierto que en la queja se pudiera inferir el nombre de las personas que se encuentran hoy citadas, es la razón por la cual el 12 de abril de 2016 se ordenó indagación preliminar contra funcionarios por determinar, por cuanto se desconocía la identidad de los presuntos autores de la falta, resultando apenas obvio que no se tuviera la obligación de notificar el auto de indagación preliminar”, dijo. 

Agregó: “No es el quejoso el llamado a señalar la persona presuntamente responsable, puesto que es la autoridad investigadora la que define al evaluar la queja si considera que cumple con los requisitos para ordenar una apertura de investigación disciplinaria o, si por el contrario, dispone una indagación preliminar con el fin de aclarar o establecer los hechos a investigar así como sus presuntos responsables”.
 

Decisión, en firme

A pesar de que los juristas presentaron un recurso de reposición ante la procuradora, asegurando que si los vinculados no estaban identificados era porque la entidad no había realizado el trabajo responsable, la funcionaria se mantuvo en la decisión de negar la nulidad. 

“Se reitera que en la queja no se hizo mención de personas, esta se refiere a unos convenios sin que dijera quién los firmó. Así se hubiera precisado el nombre de los presuntos vinculados, el ente no está en la obligación de iniciar la indagación de lo que dice el quejoso”, reafirmó.

Vea también: Por ordenanzas, imputarán cargos a exgobernadora del Quindío
 

23 de octubre, próxima audiencia

Aunque la procuradora pidió seguir con la diligencia después de las horas hábiles, el abogado Isaza Serrano pidió un aplazamiento de la misma argumentando que tenía un tiquete aéreo para Bogotá este jueves en la noche, que se encontraba extenuado físicamente y que había un partido de la selección Colombia que era importante para muchos de los asistentes. 

Finalmente, Quintero Montoya reprogramó la diligencia para el próximo 23 de octubre a las 9:00 de la mañana en las oficinas de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá.


Tatiana Palacio Mejía
LA CRÓNICA



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