Región / ENERO 27 DE 2021 / 3 semanas antes

Revocaron destitución a miembros del Inpec señalados de agredir a recluso

Autor : Andrés Felipe Ramos Gámez

Revocaron destitución a miembros del Inpec señalados de agredir a recluso

Los hechos se presentaron en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá en el año 2018, pero la primera instancia se dio a conocer en 2019.

La Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos señaló que las afirmaciones del privado de la libertad fueron contradictorias. 

En segunda instancia fue revocada la medida de destitución contra Mauricio Octavio Jojoa Paz, Benyaneman García Leyton y José Manuel Quintero Ferreira, quienes fueron señalados por maltratar a una persona privada de la libertad en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá, cuando prestaban sus servicios en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.   

La medida fue ordenada por parte de la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, entidad que anuló el fallo que en primera instancia había determinado la Procuraduría General de la Nación, PGN, en abril de 2019.

El ente de control había señalado que Jojoa Paz, García Leyton y Quintero Ferreira, en calidad de capitán y tenientes, respectivamente, “le propinaron golpes a un recluso, obligándolo a sentarse para que un peluquero le cortara el cabello en un pasillo del penal”. 

Así mismo se resaltó: “Los sancionados además impidieron que funcionarios del ministerio público, el director del establecimiento penitenciario y otras autoridades acudieran a revisar el video que previamente habían verificado, en el cual quedaron grabadas las agresiones de las que fue víctima el interno, bajo el argumento que se requería orden judicial”.

En primera instancia, los procesados habían quedado inhabilitados por 15 años, de acuerdo con la PGN.

Motivos de la segunda instancia

De acuerdo con la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos, tras escuchar las declaraciones de los señalados, las de Jéfferson Latorre Rodríguez, supuestamente agredido por los funcionarios del Inpec, y la del entonces director de Peñas Blancas, Juan Diego Sánchez Oviedo, manifestó que en varias oportunidades hubo contradicciones de la víctima y del director de la cárcel para la época.

Incluso indicó que la PGN omitió el cumplimiento de algunas normas a la hora de la primera instancia: “El fallo de primera instancia en lo que respecta al cargo primero referente a la falta del numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, que se complementó con la conducta punible de lesiones personales, se cimentó en las declaraciones contradictorias de los dos testigos, aunado a que de ellas solo acogió las que incriminaban a los investigados, haciendo caso omiso de las que los favorecían, debiéndose en consecuencia desechar ambas”.

Agregó: “Es claro entonces que la Procuraduría Regional del Quindío contravino los postulados del artículo 141 del CDU al no valorar de manera conjunta y de acuerdo con las reglas de la sana crítica el acervo probatorio allegado a la investigación, lo que conduce inevitablemente a un desequilibrio de los criterios de juicio del juez disciplinario que permite constatar que se rompa con el principio de imparcialidad previsto en el artículo 129 de la ley 734 de 2002, que reza así: ‘El funcionario buscará la verdad real. Para ello deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado, y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad’”. 

“No se cumplió con la acreditación en grado de certeza, de la identidad de las personas que agredieron al interno Jéfferson Latorre Rodríguez el día 11 de abril de 2018, por lo que la consecuencia es que esta instancia debe resolver la controversia a la luz de los artículos 9 y 142 del CDU, esto es, que en ausencia de tal presupuesto, la duda razonable debe ser resuelta a favor de los investigados. Es por ello que en lo que respecta a la falta endilgada por el numeral 1 del artículo 48 de la ley 734 de 2002, el cargo primero no está llamado a prosperar”.

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