Región / ABRIL 13 DE 2021 / 3 semanas antes

Valle de Cocora ya no es sujeto de derechos, urge modelo de desarrollo turístico sostenible

Autor : Andrés Felipe Ramos Gámez

Valle de Cocora ya no es sujeto de derechos, urge modelo de desarrollo turístico sostenible

Hasta el momento se desconoce un estudio técnico de capacidad de carga ambiental donde se pueda regular la presencia de visitantes a Salento y valle del Cocora.


Al conocerse la decisión de la Corte Suprema, el concejal Jaime Hernán Arias indicó que la gobernación, la alcaldía de Salento y la CRQ deben formular acciones claras para conservar la zona. 

La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente el fallo de tutela que declaraba al valle de Cocora como sujeto de derechos.

Con la declaratoria se buscaba que el sector natural en Salento, santuario de la palma de cera del Quindío, reconocido como el árbol nacional, más otras especies vegetales y animales, pudiera garantizar su conservación y protección como ha ocurrido con el río Atrato, el río Cauca y el Parque Nacional de Los Nevados.

Sin embargo, dentro de la misma decisión se ordenó la continuación de las mesas de trabajo para que se establezca el estudio técnico de capacidad de carga ambiental del escenario natural e implementar un modelo de desarrollo turístico sostenible

La misma Corte exhortó a los gobiernos departamental y municipal, a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ, para que coordinen con las demás entidades que hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, Sina, en aras de la conservación del valle.    

La medida no cayó bien dentro de los impulsores de la iniciativa, como el concejal Jaime Hernán Arias García. Precisamente LA CRÓNICA consultó al cabildante salentino, para conocer sus puntos de vista  sobre la determinación de la Corte.

¿Qué desaparece con la decisión? En principio, como es una figura o declaratoria que protegía definitivamente el lugar, la hemos perdido. No obstante, lo que hemos alegado no solamente en escrito de demanda, sino desde vieja data, es que ha habido negligencia por parte de los entes administrativos, hablo de lo que compete a Salento como son el municipio y el departamento, además de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, que no han podido lograr ese tan anhelado turismo sostenible, a pesar de que en las normas está definido claramente”.

Arias García también sostuvo que lo que se quería era reclamar ese modelo de turismo sostenible en el valle. “Se pretendía a través de una declaratoria de sujeto de derecho su conservación y prioridad como se ha logrado en otros casos a nivel nacional como lo fue el río Atrato que fue quizás la génesis de este tipo de propuestas, más el afluente del Cauca, el Parque Nacional de Los Nevados”.

Indicó que más allá de lo jurídico lo que resuelve es cambiar la posición antropocéntrica —el humano centro de todo— y pasar a una posición más amigable con la vida y los recursos naturales. “Es un planteamiento filosófico, pero lo que logramos antes y que nos tumbó ahora la Corte Suprema es ese relacionamiento con este ser del valle de Cocora, que ya no se le asignan derechos, simplemente es un objeto al que le recaen unas obligaciones administrativas para su protección”.

El cabildante reconoció que la discusión jurídica en este caso  terminó con el pronunciamiento de la Corte Suprema, sin embargo, se refirió a los posibles escenarios que se pueden presentar de aquí en adelante en la lucha por proteger la zona. 

“Más que recurso o instancia a solicitar, lo que vamos a pedirle a la Corte Constitucional, que es mayor a la Suprema, es que revise el caso. Ella puede tomar una decisión favorable o confirmar lo que señaló la Suprema, es un mecanismo judicial que es excepcional, no está dentro de los protocolos jurídicos específicos para tutela, es una solicitud que haremos para su eventual revisión”.

En otro frente se insistirá en la generación de conciencia ciudadana y la movilización social: “Lo que vivimos con el valle lo hemos sentido con el tema de minería, el Consejo de Estado también nos falló en contra y seguimos insistiendo en ese aspecto para que el tema de La Colosa —mina de oro a cielo abierto— no se logre concretar”.   

Riesgo del valle

Al no ser conocido como sujeto de derecho, por el valle de Cocora se debe actuar de forma urgente en medidas que regulen el turismo, según Arias García. 

“Las amenazas son iguales como antes de la declaratoria —caso megaminería y otros factores que atentan contra el paisaje natural—, lo de Cocora no es un caso novedoso, no es porque Jaime Hernán Arias García se sintió vulnerado en sus derechos y presentó una tutela. El caso obedece a que desde hace mucho tiempo se ha venido desarrollando un turismo y una actividad económica completamente insostenible. Lo que logramos en un primer momento con la sentencia de Cocora, como sujeto de derechos, fue simplemente un reclamo ciudadano para que se implemente el modelo, no se ha logrado en todo este tiempo, no hay garantías y aún más con sentencia desfavorable para que se cumpla lo que manda la ley y eso tiene que ver con voluntades políticas y capacidades institucionales que, a la fecha, uno logra ubicar”.

Citó por ejemplo lo que pasó con la temporada de Semana Santa que acaba de pasar: “Para nadie fue un secreto el flujo de visitantes y vehículos que llegó, no solo generó una masiva congestión, sino que se afectó el recurso del agua. Es que a las 7 p. m. del Viernes Santo no había agua para los mismos residentes de Salento, se agotó el recurso por parte de los turistas, entonces es evidente que debe haber un replanteamiento y garantías”, puntualizó. 

Río Quindío, sujeto de derechos

En el 2019 Tribunal Administrativo de Quindío acogió los argumentos presentados por la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Personería de Armenia, en la acción popular interpuesta por el estado de contaminación por vertimientos que presenta el río Quindío, y lo declaró sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración, desde su nacimiento hasta su desembocadura.

Las entidades presentaron una acción popular contra el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la Corporación Autónoma Regional de Quindío, CRQ, los municipios de Armenia y Salento y la Asociación de Suscriptores del Acueducto Rural El Rosario, de la vereda Boquía, con el fin de que fueran protegidos, entre otros, los derechos al medio ambiente sano en conexidad con la vida, la salud, la salubridad pública de los ciudadanos.  

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