Editorial / SEPTIEMBRE 24 DE 2020

Funcionarios-candidatos

Qué flaco favor le prestan a la democracia y al territorio en el que viven los candidatos a los diferentes cargos de elección popular que hacen su precampaña con salario y puesto oficial.

Funcionarios-candidatos

Otra de las feas costumbres de algunos políticos es usar un cargo público como plataforma de lanzamiento a una contienda electoral. Como cualquier ciudadano que no tenga pendientes con la justicia y sea mayor de edad, un servidor público también tiene derecho a ser elegido senador, representante, concejal, diputado, alcalde o gobernador. Lo reprochable es que use su cargo para preparar el terreno sobre el que ha de sembrar, con presupuesto público, un capital político que le garantice el éxito de su campaña electoral.

Con la respectiva anuencia de los gobernantes de turno, varias sillas en los gobiernos municipales y/o departamentales, son ocupadas por personas que desde antes de firmar el acta de posesión ya han pactado que estarán en el puesto hasta el último día permitido para desempeñar sus funciones sin correr el riesgo de inhabilitarse. Lo tienen claro e incluso con más de un año de anticipación los funcionarios-candidatos saben que su objetivo no es el departamento o la ciudad o la región sino su candidatura. 

Qué mal por los mandatarios que pactan estos acuerdos políticos y sostienen en sus gabinetes a funcionarios que no están pensando en la ciudad, ni en el departamento, y sí en las próximas elecciones. Funcionarios que desde el día de su posesión trazan una agenda propia y no se suman a la agenda de su jefe; que tienen objetivos particulares y van tras ellos, aplazando los objetivos de gobierno; calculando cada paso para fortalecer esa candidatura que meses después de estar devengando sueldo con dineros públicos anunciarán públicamente.

Por eso la apatía de la ciudadanía a participar; por eso el reclamo airado, permanente y justificado de los ciudadanos que ven cómo año tras año, gobierno tras gobierno, la historia se repite. Los despachos oficiales se volvieron laboratorios de ensayo para perfilar candidatos y no buenos servidores públicos y los presupuestos oficiales son los primeros aportes para la campaña de los candidatos en ciernes. Si alguien quiere hacerse contar en las urnas que lo haga, está en todo su derecho de recibir la bendición del gobernante de turno, pero constituye una falta de ética posesionarse como secretario, subsecretario de despacho o jefe de oficina, sabiendo de antemano que no estará ahí hasta el final del gobierno porque lo que quiere ser y hacer no es lo que está haciendo.

Muchos son los ejemplos de candidatos que posesionan en oficinas públicas para que devenguen y así la campaña salga más barata, para que tengan pantalla permanente en los medios de comunicación y la gente se familiarice con un rostro y un nombre,  para que luego en sus hojas de vida tengan para exhibir una experiencia en el sector público, para asegurarle a su jefe político que su dosis de poder no terminará cuando finalice su periodo constitucional. 

Está muy bien que el sector público sea un escenario de preparación para quienes a futuro aspiren a ser candidatos a alguna corporación pública, esos años de servicio en la administración de lo público son fundamentales para que luego aspiren gobernar o legislar. Pero primero una cosa y luego la otra y no las dos al mismo tiempo. No es sano para un ejecutivo departamental o municipal hacer equipo con quienes siendo funcionarios piensan y actúan como candidatos y cuyos pasos tiene un precio o un costo tasado en votos.


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