Opinión / SEPTIEMBRE 20 DE 2020

Nueva aproximación

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La sociedad inició profundas transformaciones desde la primera mitad del siglo XX, con consecuencias que repercuten en la naturaleza del actual siglo. La región posee una agenda de seguridad muy compleja por su diversidad geopolítica, económica y social que se observa en cada una de sus naciones. La seguridad ciudadana por más de 40 años, en la gran mayoría de Estados fue abordada según el paradigma de la “seguridad y la defensa nacional”, concepto propio de la Guerra Fría. Situación que limitaba los asuntos relacionados con la seguridad a tan solo la preocupación por el enemigo interno y externo de la nación, con un enfoque que centraba su atención en la carrera armamentista y el desarrollo de la tecnología de la guerra, el cual olvidaba las preocupaciones de los ciudadanos por su diario vivir. 

En Colombia, desde la apertura económica en 1991 y con una nueva Constitución se dieron importantes cambios en los sectores económicos, políticos, sociales y culturales, esto permitió que a parte de las amenazas tradicionales, se configuraran unas “amenazas emergentes”, las cuales están presentes en nuestra sociedad. Siendo identificadas, entre otras, el terrorismo, el crimen organizado, tráfico ilícito de drogas y de armas, cibercrimen, corrupción, lavado de divisas, exclusión social, desastres naturales, cambio climático, vandalismo y pandemias. En consecuencia, los nuevos riesgos son peligrosos para la estabilidad política y la tranquilidad ciudadana, por ser generadores de violencia y producir fenómenos de desintegración social.

En el proceso de transición del paradigma de seguridad y defensa nacional, de un modelo de Estado a uno urbano, se ha construido una definición de seguridad más integral, que responda a los grandes desafíos de la “polis”, donde se concentran los fenómenos delictivos, lo que permitirá reconocer las diferentes dimensiones de la ciudad. Al ser menos reactiva y aplicable al pleno de la humanidad, debida cuenta de su consideración por la condición humana, ya que busca un liderazgo por parte de las autoridades locales en los temas de convivencia y seguridad ciudadana, obteniendo como resultado una nueva forma de apropiarse de los problemas de violencia, delincuencia, inseguridad y crimen.

Finalmente, esta nueva aproximación tiene como referente varios aspectos. Es necesario asumir los temas de violencia y criminalidad desde un panorama analítico, que permita realizar estudios objetivos de los fenómenos, con un empoderamiento de las autoridades a las dificultades de forma holística, toda vez que es indispensable desarrollar acciones preventivas, disuasivas y de fortalecimiento de la institucionalidad. Por ende, la política pública de seguridad debe ser diseñada y puesta en funcionamiento a partir de la perspectiva de los derechos humanos, generando dinámicas de confianza entre los ciudadanos y de estos hacia las entidades, de tal manera, que aumente el tejido social y la credibilidad en las instituciones.


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