Opinión / FEBRERO 16 DE 2015

Plan de desarrollo y justicia

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El reciente procedimiento aplicado para la escogencia de magistrados y funcionarios judiciales, donde muchos de los participantes con los títulos y requisitos para aspirar a ello no pudieron lograr el resultado que les permitirá estar en la lista de elegibles, deja muchas inquietudes sobre la formación e instrucción impartidas y sobre los requisitos y características de quienes administren justicia en Colombia.

Pude concluirse que la instrucción impartida a quienes participaron no fue suficiente, pero como la mayoría fue la que no pasó, habrá que mirar si la evaluación correspondía al perfil de los participantes y era pertinente para medir lo que se requiere tener, para ser un buen administrador de justicia u operador judicial. O si el ejercicio de la actividad es proclive a perder la formación ideal entregada por la academia, y la deformación de la actividad judicial.

En cualesquiera de las hipótesis, queda el amargo sabor del escándalo de la posible venta de los formularios con preguntas, y el sin sabor de los colombianos que tienen en la mente la impunidad como sinónimo de la justicia. Muchos cuando escuchan que connotados delincuentes, después de despliegue sobre innumerables actos delictivos son beneficiarios de la casa por cárcel, mientras otros por portar un fisto deben estar tras las rejas, se sienten inseguros. 

Cuando el ciudadano ve que la querella o demanda presentada para reclamar su legítimo derecho tiene una espera superior al año, los costos se vuelven altos, y los términos se alargan, por el paro judicial, por las decisiones sobre descongestión. O simplemente cuando un observador imparcial mira el numero de procesos que requieren ser sometidos a actividades de descongestión y aun así sigue el atraso en la “pronta y cumplida” justicia en Colombia, todos concluimos que requiere de una intervención inmediata para que se recupere la credibilidad en ella y sirva de columna de la democracia, hoy cuando más se necesita ad portas de un proceso de paz. 

Es por ello que cuando se analiza el articulado del proyecto presentado por el gobierno de Plan Nacional de Desarrollo, al menos produce extrañeza que contenga normas que permitan requisitos para la extensión de perímetros urbanos, conurbanidad y otros aspectos similares, pero cuando se trate de establecer el programa para recuperar la majestad de la justicia en el artículo 104 de ese texto se limite a establecer cuál será la comisión encargada para que en dos años de presente el Plan Decenal del sistema de justicia en Colombia.

Se requieren acciones inmediatas que permitan corregir los errores del pasado, aquí lo primero que se requiere son hombres de conducta recta y ejemplo en su comunidad, que con conocimiento necesarios puedan aplicar una recta, pronta y cumplida justicia.

 

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