Editorial / OCTUBRE 16 DE 2021

Busquen el ahogado río abajo

Muy buenos los operativos en las cárceles para decomisar elementos prohibidos, pero con la misma rigurosidad y periodicidad habrá que investigar el personal de custodia y vigilancia. 

Busquen el ahogado río abajo

En la edición de ayer viernes, este matutino dio cuenta del resultado de un operativo realizado en varios centros penitenciarios del país por parte de la Policía. El objetivo de la intervención policial es combatir la extorsión que desde casi todas las cárceles del país se realiza. El resultado no hace algo diferente a confirmar que la corrupción campea en las cárceles del país y que estos establecimientos están muy lejos de ser centros de resocialización y sí antros desde los que, además de purgar penas se planean y comenten toda suerte de actos criminales. 

Según el informe presentado por el ministerio de Justicia, luego del operativo, en 133 cárceles de seis regionales (central, occidente, norte, oriente, noroeste y Viejo Caldas), fueron incautados 756 celulares, 2.011 accesorios de celulares, 792 armas blancas, 392 litros de licor, 1.956 gramos de marihuana, 3.251 gramos de cocaína y una suma cercana a los $10 millones. El reporte no da cuenta de armas de fuego u otros aparatos prohibidos en las celdas como computadores, pero también de eso se encuentra en los establecimiento de reclusión del orden nacional. 

En lo que tiene que ver con el departamento del Quindío, fueron incautados 22 celulares y 70 gramos de marihuana en la cárcel Peñas Blancas de Calarcá. El informe conocido por este medio no da cuenta de operaciones realizadas en el centro de reclusión de mujeres Villa Cristina y la cárcel de varones San Bernardo. Preocupante el elevado saldo de objetos prohibidos encontrados en las cárceles del país porque, además de provocar nuevas imputaciones a quienes allí ya están pagando condenas, podría asegurarse constituye apenas la punta de ese iceberg de elementos prohibidos que circulan en los pabellones de los penales y con los que se comenten delitos en y desde los diferentes patios. 

Algo está más que claro. Si aparecen drogas, armas de todo tipo, dinero en efectivo, computadores,  licor y celulares en las celdas de las personas privadas de la libertad es porque hay complicidad del personal de guardia o son deficientes los controles de requisa, o las dos cosas. Conviene entonces preguntarle al ministerio de Justicia y al propio Inpec cuántos procesos de investigación hay abiertos en contra del personal de vigilancia y cuál el resultado de los que ya hayan terminado. 

Muy bueno el informe conocido por la cartera de Justicia sobre el resultado de los operativos, pero ojalá no pase mucho tiempo y se conozca el plan de choque para evitar que, además de ilegal, el lucrativo negocio de permitir el ingreso de armas, drogas y tecnología a las cárceles siga creciendo. Esto es muy grave. Si se confirma complicidad del personal administrativo o de custodia de las cárceles en la tenencia de elementos prohibidos por parte de los reclusos, quiere decir que el propio Estado, representado en el Instituto Nacional Penitenciario, está patrocinando la criminalidad en el país. 

Está claro y lo han dicho en repetidas ocasiones las mismas autoridades. Desde las cárceles se extorsiona, se ordenan asesinatos, se lideran bandas de tráfico de drogas y se cometen toda suerte de ilícitos. Estos operativos afectan el actuar delictivo que se orquesta desde los patios, pero, si no se toman otro tipo de correctivos, será cuestión de horas para que los delincuentes encarcelados se vuelvan a armar y proveer de elementos prohibidos para seguir delinquiendo. Sigan con los operativos, pero, por el bien de todos, no busquen el ahogado río arriba.

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