Editorial / SEPTIEMBRE 24 DE 2021

Ratones cuidando los quesos

Otro descache para el Congreso de la República al aprobar en primer debate el proyecto de presupuesto general de la nación para el 2022, incluida la suspensión de la ley de garantías. 

Ratones cuidando los quesos

Está más que claro que la mayoría de los alcaldes y gobernadores en Colombia llegan al poder con presupuestos públicos. Esa es una verdad sabida por todos, pero ante la cual hay mutis por el foro. No solo ejecutivos, también candidatos al legislativo, a los concejos y las asambleas se nutren del dinero de los contribuyentes, pero esa es una de las anormalidades que se normalizó con la complicidad de la mayoría, incluidos los organismos de control. 

La justificación para tumbar la ley de garantías, figura que medianamente defiende el erario del voraz apetito de cientos de políticos, no puede ser la reactivación económica. Si liberar esos recursos generara empleo de calidad, obras, cumplimiento de las metas de los planes de desarrollo, etc., vaya y venga. Pero no, suspender la ley de garantías es darle patente de corso a quienes detentan el poder para que manejen a su antojo las campañas políticas con dineros públicos. 

Eso que llaman eufemísticamente maquinaria política no es nada diferente a otra forma de corrupción en la que quien está en el poder decide quién lo debe suceder y le cierra el paso a las nuevas ideas, los nuevos candidatos y la oposición. Pues el aceite de esa maquinaria es el presupuesto del ente territorial, de esa plata es que sale el patrocinio de candidatos, por eso es tan grave que se contemple la posibilidad de acabar con la ley de garantías, así sea de manera temporal. 

Si con todo y esa ley en vigor se incrementan notablemente en época preelectoral las nóminas de contratistas en los despachos públicos para trabajar en favor de un candidato, se contratan medios y pauta publicitaria para promocionar candidatos, se negocia publicidad para las campañas y se subsidia gasolina y comida para proselitismo, todo con presupuestos públicos, cómo será la repartija y el abuso sin un control de esa naturaleza de por medio. Calculen los excesos. 

Está muy bien que por lo menos cuatro meses antes de elecciones se restrinja la contratación directa y la formalización de convenios administrativos e interadministrativos, eso aminora el daño a las finanzas públicas en campaña. Cuál es el afán de tumbar, como lo proponen los integrantes de las comisiones económicas conjuntas del Congreso, la ley de garantías. Se vuelven a equivocar los honorables integrantes de la Cámara y el Senado con esta sospechosa propuesta de la que además ellos luego resultarán beneficiados porque la mayoría buscará la reelección.  

Se equivoca señor ministro de Hacienda, suspender la ley de garantías no va a aliviar la aporreada economía porque se van a desviar recursos a bolsillos particulares y en detrimento del bienestar colectivo en los territorios. En este caso la cura resultará peor que la enfermedad y eso lo saben quienes aprobaron, en primera instancia, el inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005. Corrijan, por favor.


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