Opinión / ENERO 24 DE 2021

A los 22 años del terremoto

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Cerca de la 1 p.m. del 25 de enero de 1999, las entrañas de la tierra en el Eje Cafetero colombiano rugieron y se sacudieron produciéndose la catástrofe natural más grande de Colombia de los últimos 100 años, no por el número de víctimas mortales, cerca de 1.200, sino por el número de damnificados, más de 400.000, en la zona afectada. Innumerables heridos, mucha vivienda afectada, 170 edificios en Armenia colapsados y barrios casi enteros destruidos, un porcentaje grande de las edificaciones públicas (alcaldías, instituciones educativas, cuarteles de Policía, etc.)

La situación económica de la zona del sismo, zona cafetera, era bastante difícil desde el rompimiento del Pacto Internacional del Café en 1989. Habían sido 10 años de bajos precios y dificultades por el aumento de las plagas como roya y broca y como resultante un alto desempleo.

El presidente, Andrés Pastrana, obedeciendo la política neoliberal de las privatizaciones, sin pensarlo dos veces tomó la decisión de crear el Fondo Para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec. Este a su vez, contrató más de 20 organizaciones no gubernamentales ONG para que se repartieran el pastel de la reconstrucción, los U$750 millones de dólares, créditos de la banca internacional y ayudas de solidaridad. 

Desde el día del terremoto, la gente a la que le quedó inservible su vivienda, con vecinos empezaron a levantar en cualquier espacio, andén, cancha deportiva, potreros, etc., ranchos o alojamientos temporales que llenaron miles de familias de arrendatarios y de propietarios damnificados en el Quindío.

Frente al desastre se dio un proceso de organización bien importante: se crearon asociaciones de damnificados en cada alojamiento temporal y la unión de representantes de todos los alojamientos crearon las asociaciones municipales y estas formaron la Federación de Damnificados del Quindío, que presentó al Forec y al gobierno nacional un pliego de peticiones que recogía las reivindicaciones de todos los damnificados.

Ante la ineficiencia de las ONG de la reconstrucción y la negativa del gobierno a resolver el pliego de peticiones de la federación, se empezaron a realizar movilizaciones muy grandes y se aprobó un paro para el 25 de enero del 2000, al año del terremoto.

Gracias a esa lucha hubo importantes conquistas. Los damnificados arrendatarios lograron un subsidio para vivienda de $9.900.000 para cada una de las 11.000 familias de arrendatarios que llevaban un año viviendo en cambuches. Lograron también subsidios los propietarios de viviendas afectadas. Pero algo quedó claro y es que esa política de privatización tuvo equivocados manejos de los recursos y no desarrolló ni un solo proyecto de reactivación económica, que tanto necesitaba la región.


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