Opinión / MAYO 15 DE 2022

Con la vida no se juega, se actúa!

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Dado que nuestra memoria es tan efímera, donde el suceso de hoy lo olvidamos fácilmente mañana, recordemos cuántos candidatos al trono de Nariño, han sido asesinados en Colombia: Luis Carlos Galán Sarmiento, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Pizarro León Gómez, candidatos que pertenecieron en su momento a diferentes partidos políticos: Liberalismo, Unión Patriótica, Conservador y Alianza Democrática M-19. Su característica común fue que a ninguno le avisaron con anticipación el día de su finiquito como ilustre terrícola, como también el hecho de que ninguna de las autoridades (Fiscalía, Policía Nacional, Ejército de Colombia, entre otras), tuvieron conocimiento previo o indicios de que contra ellos se planeaba un atentado mortal. Las muertes de los anteriores líderes nacionales, que pretendían aspirar a regir los destinos de nuestro Estado Colombiano, generó mucho dolor y múltiples frustraciones en la Nación, independientemente de ser o no simpatizantes electorales de alguno de ellos. El solo hecho de su trágico final, nos hacía víctimas totalmente indefensos frente a cualquiera que pudiera atentar contra algún ciudadano y de hecho nos sentíamos inseguros y desprotegidos para conservar la vida propia o la de nuestros familiares. Sumado a ello, basta también recordar que durante los primeros tres (3) meses del año 2022, se han registrado más de 50 asesinatos de líderes y lideresas defensores y defensoras de Derechos Humanos, según estadísticas del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sin que el Estado pueda más que promover de inmediato los reiterados e insuficientes Consejos de Seguridad, que nunca llegan a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades concretas sobre estos asesinatos. Se convierte Colombia muy a pesar nuestro en la mayor fosa de líderes sociales en el mundo, por esta manera sistemática de eliminarlos. Descendiendo a la reciente situación presentada al candidato Gustavo Petro, uno de los más opcionados al solio de Bolívar, sobre el conocimiento que tuvieron miembros de su campaña, de un posible atentado contra su vida en el Eje Cafetero, más exactamente en el Departamento del Quindío, atribuido al grupo armando “La Cordillera”, razón por la cual la campaña del candidato se vio precisada a cancelar su visita a la región, se hace extraña la actitud y respuesta de diferentes órganos del Estado al manifestar, que no se tiene conocimiento de que exista tal plan de asesinar al candidato, como si sobre las anteriores muertes hubiesen tenido las autoridades conocimientos previos de que ello iba a ocurrir, poniendo en duda las posibilidades de que en efecto pueda como ya reiteradamente la historia nos lo  indica, ocurrir el asesinato de uno de los candidatos más opcionados a la Presidencia de la República. Y estas apreciaciones no solo aplican para el candidato Gustavo Petro, son válidas ante cualquier asomo de atentado contra cualquier otro candidato. El Estado y las autoridades ante estas situaciones, en lugar de poner en duda las aseveraciones de quien se sienta amenazado en su vida, lo que debe hacer es hacer uso del viejo principio que ordena: “Toda duda se resuelve favorablemente”, además recordar que, en materia penal, la carga de la prueba no la tiene la víctima, sino el Estado, quien está en la obligación de adelantar de inmediato las investigaciones pertinentes y reforzar la protección de todos los candidatos en especial de candidato amenazado. Por eso es bueno recodar siempre que: ¡Con la vida no se juega, se actúa!           

 

 


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