Opinión / OCTUBRE 18 DE 2021

Corrupción por las nubes

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El Instituto Anticorrupción ha publicado un informe realizado por el Observatorio de Justicia e Impunidad, que en este mes de las brujas pone los pelos de punta al más frio de los colombianos. 

Basta decir que se relaciona con los delitos cometidos contra la administración pública y/o los mecanismos de participación democrática. Nada más y nada menos que el corazón de la democracia que tiene que ver con las elecciones de sus líderes y el comportamiento de los funcionarios públicos en Colombia.

Una de las conclusiones nos dice que en el 2020 aumentó la corrupción en un 68 % en relación con el año 2019 en “presuntos casos de corrupción cometidos por funcionarios de elección popular”. 

La estadística que presenta en las conductas punibles relacionadas con la administración pública pasaron de 432 casos en el 2019 a 727 en 2020. Y una de las razones que explican, contribuyó a ello, es la flexibilización de los procesos de contratación con las declaratorias de urgencia y calamidad decretadas con ocasión de la crisis de salud que se vive.

Emergencia sanitaria, estado de emergencia económica, social y ecológica, son figuras que al parecer aprovecharon para elevar el número de transgresiones contra los intereses de la administración pública, que en ultimas es el interés general, por el manejo de los recursos de todos.

Pero no solo es eso, se revela que en los últimos seis años se han archivado más de siete mil procesos penales por los delitos contra la administración pública y los mecanismos de participación democrática “…, debido a la imposibilidad de encontrar o establecer una víctima”, y manifiestan los autores “en estos presuntos delitos la víctima es conocida, no debe ser encontrada o establecida”. 

Todo esto da como lugar archivar y terminar suspendidos hasta llegar a la prescripción, que demuestra la alta impunidad en nuestro país para esta clase de delitos.

Y muestra en estos días, las condenadas a congresistas por  tráfico de influencias, parapolítica y otros, la verdad de estas afirmaciones. Los saltos de jurisdicción para lograr que la competencia de la investigación y juzgamiento sea por quienes consideran sus amigos. Y para rematar están debatiendo y van a aprobar, o aprobaron, el levantamiento de la Ley de Garantías, que como puede verse, trata de evitar esa clase de conductas en contra de un debate electoral transparente y la democracia.

Y qué decir de las actuaciones frente al Consejo Nacional Electoral, y de las más de 1.809 solicitudes de revocatoria de inscripción de candidatos a cargos de elección popular en los concejos, asambleas, juntas administradoras locales, alcaldía, gobernaciones, y los resultados frustrantes para los ciudadanos de bien.
 


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