Opinión / NOVIEMBRE 28 DE 2022

Corrupción y cambio

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Recurriendo a la predisposición de un energúmeno amigo en cuanto a la definición de corrupción, y los diferentes matices que algunos usan para justificar actos que la incluyen, definámosla así “…término que generalmente indica el mal uso por parte de un funcionario, de su autoridad y los derechos que se le confían, así como la autoridad relacionada con este estado oficial, oportunidades, conexiones para beneficio personal, contrario a la ley y los principios morales”. Toda esta larga introducción para hablar del sentimiento nacional.

Los colombianos están cansados de las prácticas que llevan a manejos condenables de la administración pública y la conducta antisocial de muchos. Desde ahí se acuñó de tiempos olvidados la necesidad del cambio. Cambio en las costumbres políticas. Cambio en las políticas de gobierno inequitativas. Cambio en el estilo de administrar la cosa pública que no satisface a la mayoría. Y de ahí también la votación de innumerables colombianos que insisten en el cambio para mejorar.

Es por ello por lo que hoy no se siente el cambio en la actitud y los efectos de esa acción en lo que se consideraría dentro de la definición como corrupción. A manera de ejemplo un congresista genera controversia con actos bochornosos, y hasta ahora no se escucha pronunciamiento contundente por parte de la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista cuya función, entre otras, es pronunciarse por actos de corrupción, o en su defecto por alguna autoridad competente.

En el trámite de las reformas, aparentemente ampliamente discutidas, se habla de la posible mermelada, convertida en burocracia, u otras decisiones que se entregara por parte el gobierno, como si fuese un hecho normal, y no condenable como lo es. Hasta se publican versiones sobre peticiones de actores de la coalición sobre burocracia como si el clientelismo no hubiese sido combatido por la nueva propuesta de cambio.

Un funcionario público en migración agrede, según los medios, a un ciudadano y se habla de inicio de la investigación y después de una semana estamos esperando el resultado sobre cuál es la verdad o la sanción, existiendo medios tecnológicos para establecer lo realmente ocurrido. No se oye pronunciamiento ratificando que la función de un servidor público es servir y no agredir.

Y qué decir en las regiones, donde apenas hoy se comienzan a revelar los comportamientos de asesores y exfuncionarios, que se acercan a ellas desde la capital u otras ciudades para usufructuarse del poder. Ojalá en la época del cambio en las listas y candidaturas los ciudadanos condenen a estos corruptos con el castigo de no votar por lo que huela a corrupción.


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