Opinión / JUNIO 21 DE 2021

Diálogos regionales

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Mala noticia para Colombia la suspensión de las negociaciones entre el gobierno nacional y el comité de paro, pero alienta, que se estén intentando diálogos y acuerdos con los representantes del paro en cada región, especialmente con los jóvenes. Sin embargo, los pocos acuerdos logrados hasta ahora en los diálogos regionales han sido desconocidos por el gobierno central a pesar de las declaraciones a su favor.

El primer acuerdo que el gobierno nacional saboteó fue el de Buenaventura el 28 de mayo 2021 firmado por el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Díaz Granados, y el de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo, con el comité distrital del paro que el gobierno desconoció una vez el uribismo se pronunció en su contra.

El segundo intento de diálogo regional lo propuso el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, quien llamó a los empresarios y otras fuerzas sociales a conformar una mesa de acuerdos con los dirigentes del paro. Esta vez fue el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien llamó personalmente a los gremios empresariales de Cali para decirles “que no le comieran cuento al alcalde”. Estos diálogos, a pesar del vacilante apoyo de la gobernadora del Valle han tenido avances en el proceso de desbloqueo de las vías y la distención social en esa ciudad. Los alcaldes de Bogotá y Medellín han estado bajo el constante asedio del uribismo por las acciones que han tenido para dialogar y atender las reivindicaciones de los protestantes.

Los representantes del gobierno y el comité de paro, después de extenuantes reuniones concibieron el documento que permitiría iniciar definitivamente las negociaciones, el presidente desautorizó a sus propios negociadores, hizo observaciones que ya habían sido superadas en la mesa, lo que trajo como consecuencia la suspensión de los diálogos.

La conducta asumida por el gobierno en todo este proceso tiene una causa públicamente conocida. El comando central del uribismo se opuso a las negociaciones con el comité de paro y le ordenaron a Duque el despliegue total de la fuerza militar y la policía mediante comunicación del 28 de mayo del 2021. Así lo ha hecho el presidente con un saldo de decenas de muertos, centenares de heridos y desaparecidos que puso a Colombia una vez más en la mira de la comunidad internacional, de la comisionada de los derechos humanos de la ONU y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Cidh, que tuvo que adelantar su visita al país.

La estrategia del uribismo con miras a las elecciones del 2022 es clara. Las  políticas y acciones del gobierno que beneficien a la población no deben aparecer como resultado de las negociaciones con los protestantes, sino como iniciativas del partido de gobierno, pero conscientes de su desaprobación y desprestigio quieren evitar los costos políticos que tendrá para su partido y han decidido presentar ante el Congreso varios proyectos de ley, entre ellos la reforma tributaria independiente del gobierno Duque. De seguro vendrán más iniciativas para que sean percibidos como benefactores de los pobres. Se presentarán entonces como el partido de la seguridad ciudadana, la confianza asistencialista, la coerción  y/o coacción social.  


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