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Opinión / MARZO 03 DE 2024

El cambio con inseguridad 

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En la Vitrina Turística de Anato, considerada  el mayor evento del ramo que realiza Colombia, celebrada esta semana, el presidente Petro planteó el tema de la inseguridad que registra el país prácticamente en todos los niveles de la actividad pública, dando la sensación que no corresponde a un asunto directamente vinculado a su responsabilidad y jurisdicción oficial, como el mayor impedimento para el buen desarrollo de la actividad turística de acuerdo con las metas trazadas por esta industria . 

Con toda razón evidenció que ninguna persona del exterior se va a atrever a viajar a un país donde no se le ofrecen las suficientes garantías de seguridad y por ende corren peligro su integridad física, sus bienes, su familia y su propia vida. En estas condiciones, aseguró que no va a ser posible alcanzar la meta de 10 millones de turistas trazada como compensación que se había fijado frente a la reducción que registraría la menor exploración de combustibles de efecto invernadero que había propuesto en el inicio de su mandato.  

En efecto para nadie es desconocido el grave problema de inseguridad que se ha apoderado de la Nación, con  estructuras delincuenciales alzadas en armas, extorsionistas, delincuencia común, fleteros, atracadores callejeros y ahora en restaurantes (lo que puede alejar por temor a los clientes en detrimento de tan importante sector de la economía), buses de servicio público (en los cuales se gozaba de tanta paz y tranquilidad), hasta activistas populares que enfrentan a la fuerza pública limitada y acorralada por el propio gobierno en su capacidad de acción frente a tales organizaciones en orden al desarrollo de un proceso de paz total que les ofrece más garantías que a la misma institucionalidad gubernamental, que por orden constitucional es la única autorizada para la seguridad y defensa nacional y de la población en general. En tales condiciones el gobierno parece estar más del lado de ellos que del ejército y la policía, cuyos integrantes son atacados y hasta expulsados de regiones donde imperan tales estructuras. 

En otras regiones es la misma población que de víctima tantas veces pasa a ser victimaria cuando defiende se vida, la de sus acompañantes y enfrenta valientemente a sus atacantes y logra reducirlos. Cuantas veces tales delincuentes son capturados por las autoridades para que un juez más pronto que tarde los deje en libertad por supuestas fallas en su captura acogiéndose a la legislación judicial vigente. Es la justicia que nos rige y sobre la cual no se plantea corrección alguna en las reformas que se plantean.  

A los grupos guerrilleros y demás que operan clandestinamente en los campos, el Gobierno con su ministro de Defensa, les otorga argumentos para reclutar menores de edad, cuando prohíbe las acciones militares y en concreto el bombardeo a campamentos donde se compruebe la presencia de menores de edad. Obvio que es su mayor motivación para hacerlo y protegerse de tales ataques. Por algo ha crecido tanto esta práctica contra del DIH. Y para hacer más oscuro el panorama cada día surgen nuevos escándalos en el entorno gubernamental, lo que le resta más confiabilidad. 


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