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Opinión / ABRIL 04 DE 2024

El derecho de defensa

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

A veces hay que recordar ciertas obviedades que en un momento de dolor o indignación se suelen pasar por alto. 

Después del trágico accidente ocurrido el Viernes Santo, causado por Melissa Guzmán, una joven conductora que en estado de embriaguez causó heridas a tres personas y la muerte a un motociclista, la abogada Sandra Milena Urrea, quien asumió su defensa, ha sido objeto de fuertes críticas por personas justamente dolidas por los resultados infortunados de este accidente, pero críticas que han desembocado incluso en amenazas contra su propia integridad.

 Lo que no se puede olvidar es que la defensa judicial es un derecho fundamental que tiene todo individuo, por el solo hecho de serlo. Mucho más cuando a esta conductora, se le imputan cargos de gran responsabilidad. Señalamientos que se deben dirimir en un juicio ante el tribunal de justicia competente, guardando todos los protocolos procesales y todas las garantías de igualdad e independencia. Lo contrario sería la arbitrariedad y el caos. 

 Con todas las crudas y escandalosas circunstancias de este caso, que todos lamentamos, no podemos olvidar que se trata de una ciudadana, que tiene derecho a hacerse acompañar de un abogado, que defienda sus derechos, porque también los tiene, antes de absolverla o condenarla por sus actuaciones.

 No me imagino un médico que niegue la asistencia a un herido en las puertas de un hospital por considerar que es un delincuente, paramilitar o guerrillero y en consecuencia no tiene derecho a atención médica.

 En el ejercicio de su profesión, a través del derecho de defensa, la doctora Sandra no se está haciendo cómplice de los comportamientos de su defendida, está poniendo a disposición de la sindicada y de los jueces unos argumentos que deben considerarse a la hora de juzgarla.

Recordemos que en el Contrato Social que se suscribe entre los ciudadanos y las instituciones en un Estado de Derecho, existen unas reglas, que en materia judicial, establecen, además de la existencia de jueces a cuyo arbitrio se someten las controversias, y oportunidades de acusación y defensa, en la que se debaten muchos asuntos, como la calificación de las conductas dentro del código penal, el monto de una sanción o de una pena, los agravantes y los atenuantes de las conductas, los espacios para decidir y para apelar la magnitud de las sentencias, etc., asuntos que son propios de los abogados.

 De lo contrario estaríamos en el reino de la arbitrariedad absoluta, de la Inquisición, donde, sin formula de juicio, y sin defensa alguna se enviaba a la hoguera, se torturaba con ausencia de un abogado. 

Son inevitables los comentarios callejeros de los ciudadanos, el espontáneo juicio popular, pero qué tal que de ello dependieran la suerte de las personas inmersas en un debate por una conducta que tenga consecuencias judiciales, para juzgar en derecho con todas las virtudes y defectos dejemos esa tarea a jueces y abogados.

Así nos parezca la peor de las conductas, esa persona tiene derecho a defenderse, y la doctora Urrea el derecho a ejercer la defensa respectiva.


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