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Opinión / ENERO 04 DE 2013

Hay que tumbar al alcalde

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  Con 274 páginas y publicado por Intermedio Editores, circula el libro Hay que tumbar al alcalde, de Juan Martín Caicedo Ferrer, en el que narra la historia del proceso contra él por regalar a concejales de la capital un auxilio de mil seiscientos ochenta millones de pesos, que motivó el desalojo del cargo, su captura dos veces y el borrón de la lista de aspirantes a la presidencia.

Cuenta que en febrero de 1992, el exguerrillero Carlos Alonso Lucio, lo denunció de quebrantar la nueva Constitución que prohibió los auxilios vigentes desde la reforma del 68 inspirada por su impulsor el expresidente Carlos Lleras Restrepo (1966-70). Con apariencia de celeridad nunca antes vista, el juez 23 de Instrucción Criminal rápidamente olfateó un peculado en provecho de terceros con dolo eventual pues supuso que los ediles se podían robar el dinero, dictó auto de detención y embargó sus bienes.

Llegó al cargo con 600 mil votos, la cifra más alta para un candidato distinto del presidente, que aceleró la maquinación samperista que lo veía como presidenciable. En la concentración de marzo 4 de 1988 en la plaza Bolívar de Bogotá Lleras pronunció el último discurso de su vida, apoyándolo. Asegura que Hernando Durán Dussán habría alcanzado la primera magistratura en 1990 si los narcos no tirotean a Galán, “quien ganaba todas las encuestas y perdía todas las elecciones”.

Aprendió que en la lucha por el poder lo frecuente no es exponer propuestas novedosas o elaborar grandes plataformas de gobierno, ni concebir planes y proyectos para su desarrollo, sino perjudicar la imagen del contendor sembrando la duda de su ineptitud o deshonestidad, a fin de que el pueblo lo grabe en el inconsciente colectivo. Al iniciar su carrera política vio alinearse de inmediato para atacarlo detrás de bambalinas a Samper, y a Galán al que Lleras regañó públicamente a pesar de haber sido su pupilo, recuerda el autor (pág. 49).

Recalca que permaneció casi 60 meses secuestrado moralmente hasta que en noviembre de 1996 la Corte lo absolvió por inexistencia del delito; es evidente una administración de justicia espectáculo y lacaya de intereses electoreros, y el imperdonable disparate que comete la prensa electrónica, hablada, escrita y televisiva cuando de la injusticia hace una telenovela, donde a los acusados se les daña su honra.

En retrospectiva como calcado de la realidad eso si hoy con un Fiscal General serio y experto, con Petro, si no capotea bien ese toro con razón o sin ella, puede pasar lo mismo, por el multimillonario contrato de las basuras.

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