Opinión / JULIO 06 DE 2022

La cláusula Petro

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Mucho se difundió durante la pasada campaña política, en la disputa por la presidencia de la República, sobre la “Cláusula Petro”, la cual en términos simples consistía en que una vez presentado el nombre de Gustavo Petro como candidato opcionado a ser el próximo presidente de los colombianos, como en efecto lo fue, todos los contratos celebrados en el país, en especial los relacionados con compraventa de bienes de capital (entre otros: bienes raíces, mercado accionario, grandes empresas), tuvieran una cláusula o condición resolutoria, que establecía que en caso de que el candidato Gustavo Petro fuera elegido presidente de Colombia, el negocio quedaría sin efecto alguno. Esta cláusula, derivada del rumor de la contra campaña de Petro, que aseveraba, que uno de los pilares de su programa de gobierno era la aplicación inmisericorde de la figura de la “expropiación” simple y llana, sin indemnización1; es sabido que la expropiación administrativa con indemnización por motivos de utilidad pública o interés social, ya existe en la legislación colombiana, la cual, al decir del entonces magistrado de la Corte Constitucional, Antonio Barrera Carbonell, “la expropiación administrativa no es otra cosa que el reconocimiento, en cabeza de la administración, del poder jurídico para decidir, a través de un acto administrativo motivado, mediante la aplicación del derecho en un caso concreto, que existen los motivos de utilidad pública e interés social definidos por el legislador, que legitiman y justifican una expropiación y regulan el monto de la indemnización que debe pagarse al expropiado y la forma de pago. La expropiación que se le insinúa a la sociedad colombiana como estrategia del miedo contra Petro, es la expropiación arbitraria de frecuente uso de los gobiernos dictatoriales. Fantasía o no, la amenaza caló en el grueso de la población colombiana, generando profundo temor de todos los estratos sociales, en especial, de los grandes terratenientes y empresarios del país, hasta el punto de que muchos ciudadanos, con alguna mediana y modesta propiedad rural o urbana, afirmaban que, si el candidato Petro asumiría como presidente de Colombia, su primer acto consistiría en expedir el decreto de expropiación inmediata. Otro rumor popular que ganaba espacio en la sociedad colombiana, era que, si ganaba el candidato Petro, empacaban sus corotos y se iban de país con todo su patrimonio. Pues bien, todo resultó no ser más que el viejo truco de cuanta campaña política en nuestro país se da, consistente en buscar el desprestigio del contendor, produciendo miedo, odio y desconfianza en el electorado, en sustitución de la debida promoción de sus propias tesis y propuestas de mejoramiento de la sociedad, es decir, de su programa de gobierno, buscando el beneplácito de los ciudadanos, y por tanto lograr su voto favorable. Hasta el día de hoy, no se vislumbra ninguna de las mentiras promovidas en campaña contra el electo presidente de la República. El mismo expresidente Álvaro Uribe Vélez ya recomendó no abandonar el país. Amanecerá y veremos.   


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