l
Opinión / JUNIO 21 DE 2023

La riesgosa emoción

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

De momento, la apuesta por el fracaso del gobierno Petro y de todas sus reformas, pese a la avalancha de sindicaciones contra la persona del presidente y de sus cercanos, no parece realista ni sensato. La gravedad de lo hasta ahora conocido subleva el ánimo público, suscita rechazo y legítima indignación, tanto en el bando opositor como en sectores que han apoyado hasta ahora la autotitulada opción del cambio. No obstante, a la luz de los hechos, sopesados los testimonios no judiciales divulgados por los medios, observado el silencio de la fiscalía respecto a las circunstancias de la muerte del coronel Dávila, y el anonimato de quien suministró a revista Semana la explosiva información que pone entre las cuerdas al púgil ex-M 19, no existen aún -sin descartar que más adelante surjan indicios más sólidos, de veras contundentes-, elementos de convicción con fuerza de pruebas, que allanen un camino legal o político expedito para descabezar a quien ejerce como jefe del Estado. Ni jurista ni político de oficio, quien acá opina se atreve a alertar más bien acerca de otras nefastas posibilidades, en caso de no hallarse una ruta segura para superar la crisis. Por ejemplo, si, como ocurrió con el proceso 8.000, el congreso decide contra viento y marea, blindar al presidente, Colombia resultaría condenada a soportar otros tres años de palos de ciego, de incertidumbre nada constructiva, más bien oprobiosa, signada por la sospecha y la impunidad -hoy debería ser parte de nuestros emblemas nacionales-, con un mandatario filomarxista todopoderoso, repotenciado, atornillado en el poder, quién sabría por cuánto tiempo y en cuáles circunstancias. Otra riesgosa visión, nada difícil de imaginar, pero sí de digerir: se va el presidente y quedamos en manos y al arbitrio de la vice, del nefasto personaje, paradigma de dañina ignorancia, de prepotencia, de soberbia destructiva. ¿Puede alguien suponer peores escenarios? 

La protesta pública, pacífica, conducida hacia fines concretos, siempre será útil instrumento ciudadano. El congreso, los organismos colegiados regionales, asambleas y concejos municipales, el poder judicial, incluidos órganos de control, la Fiscalía General, pueden ser permeables a la manifestación de masiva voluntad popular, pero nada puede ni debe suplir o suplantar el debido proceso judicial o político en un Estado constitucional de derecho, de leyes, normas y procedimientos. Es ese, ningún otro, el tortuoso pero obligado camino que puede conducirnos a buen puerto. Ojo con las truculencias, con los atajos, usados a la ligera, sin medir consecuencias. Suelen ser peores que las dolencias a sanar. 

Urge desde luego el pronunciamiento de Medicina Legal, de la Fiscalía. La prolongada opacidad del proceso forense que determina la manera como perdió la vida uno de los personajes claves de la investigación, ha añadido suspicacias, fundados temores, respecto a la validez y apego científico del dictamen. Nada explica ni excusa la tardanza en hacerlo público. La ciudadanía tiene el inalienable derecho a conocer la verdad, por difícil de asumir que sea. En este caso, duele expresarlo, el Fiscal Barbosa queda en deuda con el país. 


COMENTA ESTE ARTÍCULO

En cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

copy
© todos los derechos reservados
Powered by:Rhiss.net