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Opinión / FEBRERO 24 DE 2024

Lawfare contra Petro (2)

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Con propósitos partidistas contrarios a la separación e independencia de poderes y provisiones del  Estado  de derecho, Lawfare es la tenebrosa manipulación del sistema judicial de un país, desacreditando al máximo una autoridad política. Se repiten y se denuncian, se muestran por docenas, casi que mediante centenares de valientes medios de periodismo alternativo, el único en este momento con credibilidad y audiencia, por toda Colombia y en todas las tonalidades y con todas las pruebas, infames nombres y corrompidos procedimientos de quienes intentan desestabilizar, no tanto a Petro a quien, paranoicos, seguirán desacreditando aunque ninguno sostenga pruebas válidas para arraigar en sus maltrechos corazones tanto resentimiento, sino desmoronar nuestra democracia colombiana demoliendo anhelos populares de equidad social. Si no hubiese sido Gustavo Petro el presidente elegido sino otro, no  enchufado a discriminantes esquemas políticos y económicos de ultraderecha; un candidato popular con otra hoja de vida, otras características humanas y otro pasado pero también progresista, incorporando esperanzas de las clases desfavorecidas colombianas, igual la ponzoñosa fauna de aulladores nefastos condescendería con procedimientos del lawfare: judicialización de lo político y persecución judicial donde la justicia se manipula como arma política. Lawfareros de menguada categoría contra el presidente Petro, replicadores de tal estrategia gran parte de estos, aunque con certeza ignoraban tal acrónimo, no les interesará consultar datos sobre su historia. Estos son doce reconocidos rasgos del lawfare: “Manipulación del sistema jurídico. Dar apariencia de legalidad a persecuciones políticas. Uso de procedimientos judiciales sin mérito alguno, con acusaciones frívolas. Abuso del derecho a dañar y deslegitimar a un adversario. Promoción de demandas para desacreditar al oponente.  Intentar influir en la opinión pública.  Uso de la ley para obtener publicidad negativa u opresiva.  Judicialización de la política: el derecho como instrumento de articulación de medios y fines políticos.  Promover la desilusión popular.  Críticas a quienes utilizan el derecho internacional y los procesos judiciales para presentar denuncias contra el Estado.  Utilización de la ley como medio de constreñir y castigar al adversario. Acusar las acciones de los enemigos como inmorales e ilegales para frustrar objetivos contrarios”. Aquí está, puntualizada, la inconciencia social de cuantos arremeten contra el gobierno de Petro. No predominarán contra millones de colombianos que las clases hegemónicas, con sus áulicos políticos y periodísticos, excluyen. Tampoco prevalecerán contra un pueblo cada día mejor informado gracias al incremento del periodismo alternativo. Jóvenes influenciadores desplegando por las redes su influjo dentro de la estructura informativa, sin obedecer órdenes de organismos informativos instituidos como empresas. Escuchándolos, se toma conciencia de su función social y periodística. Detrás del lawfare contra Petro, y aplico aquí el símil de Borges, resaltan no solo el innombrable sino los cretinos fosforescentes de Vicky, Polo, Cabal, Paloma y otros semejantes por su jerigonza política y sus odios. 


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