Opinión / SEPTIEMBRE 07 DE 2022

Los planes de desarrollo

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Para comenzar, estos deberían de llamarse planes de Vida, como los denominan las comunidades indígenas organizadas en sus respectivos resguardos, que elaboran colectivamente para ordenar y proyectar sus territorios autónomamente, con base en su propia espiritualidad y sus conocimientos ancestrales. Todos los planes que inciden en las poblaciones deberían en primer término celebrar la vida en toda su diversidad y extensión.

Al igual que los pueblos originarios, la elaboración de los planes en mención deberían realizarse de manera colectiva, respetando el contexto de las propuestas y decisiones consensuadas. Los planes que en ejercicios amplios y participativos se logren, deberían convertirse en la guía para que los gobiernos respectivos ejecuten los programas y proyectos requeridos para la búsqueda de territorios con inclusión social en el camino continuo hacia el bienestar de la ciudadanía en general. 

Los planes de desarrollo (cuyo significado a muchos no nos convence o no nos gusta por aquello de nuestro planeta finito), fueron creados por la Ley 152 de julio 15 de 1994. Y esta expuso claramente que la participación ciudadana y la sustentabilidad ambiental son asuntos de importancia en la elaboración y aprobación de los mismos. Y estos planes precisamente son violados o por lo menos desconocidos de manera reiterada por los gobiernos que hasta el momento han regido los destinos de los territorios y la propia nación. 

Ante lo anterior la pregunta de quiénes se adentran en el asunto, sería ¿Y entonces para que los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), las asambleas y concejos municipales? Y respecto a los planes nacionales de desarrollo ¿Cuál es el papel del Congreso?, ¿Por qué se ha permitido que los sucesivos gobiernos desconozcan tan olímpicamente la ley? ¿Cuál es el camino a seguir? ¿Son legítimos estos planes, cuando se desconocen los conceptos emitidos por las diferentes expresiones o sectores poblacionales? 

Y la respuesta puede ser tan compleja como el mismo asunto que hoy trato. En primer lugar, debemos resaltar que la composición o representatividad tanto de los Consejos Territoriales de Planeación, como del Congreso, asambleas y concejos municipales, respectivamente, son la expresión de la ciudadanía que, a través de diferentes mecanismos, ha escogido a quienes la representen en tan importantes espacios. Somos tan buenos, regulares o malos como los votantes o determinadores hayan escogido. Somos la voz viva de las contradicciones, avances o retrocesos en que se encuentran las organizaciones sociales y el querer de las comunidades. 

La otra parte importante es que la ley siempre ha sido moldeada para que la misma pueda ser negada sin mayor problema por quien la desconoce o viola flagrantemente. Este periodo presidencial debe servir para que la participación ciudadana tenga toda la importancia que es debida. Que de verdad se escuche y respete la voz de quienes, en el caso de los CTP, laboran ad honorem en defensa de los sectores, poblaciones y la ciudadanía en general. 

En otra ocasión trataré de seguir ahondando en este relevante tema tan crucial para nuestra vida colectiva.


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