Opinión / JULIO 19 DE 2021

Más de lo mismo

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

Después de la crisis nacional que detonó la infame reforma tributaria del exministro Alberto Carrasquilla, el gobierno ha sacado a la luz, su nuevo proyecto para tratar de cuadrar las cuentas del Estado a partir de 2022. Fiel a los eufemismos que lo caracterizan, el gobierno afirma que el proyecto es fruto de un gran consenso y el resultado de un acuerdo entre los estamentos económicos del país. En realidad, se trata de una reforma tributaria coyuntural más, de las que en promedio los sucesivos gobiernos han presentado cada 18 meses, desde la aprobación de la Constitución de 1991. Sin embargo, en medio de la peor crisis social que ha vivido Colombia, el gobierno insiste en un proyecto formulado desde las oficinas del ministerio de Hacienda, por técnicos seguramente bien calificados, pero que tiene un déficit de legitimidad democrática en su elaboración porque no cuenta con la participación de diversos sectores de la sociedad civil, ni de las regiones agobiadas por un centralismo que las asfixia.

Al analizar la nueva propuesta del gobierno, llama la atención que esta hereda varias de las graves falencias que tenía el texto propuesto por Carrasquilla. Por ejemplo, aunque hace un énfasis retórico en la solidaridad, en su contenido sustancial, el nuevo proyecto no les pide solidaridad a las personas más ricas; no se tocan los impuestos de renta personal, ni las pensiones altas, ni el patrimonio de los que más tienen. Al contrario, lo que se tendría que haber hecho era proponer gravar más las rentas no laborales y de capital y reducir sus deducciones para los altos ingresos. Es decir, se mantienen incentivos que perpetúan una estructura de distribución inequitativa del ingreso, beneficiando al 1 % más rico de la población.

Por otro lado, preocupa que el 70 % de los ingresos de la reforma vendría de impuestos a empresas, al subir la renta corporativa (32 a 35 %). El problema está en que se restringe la creación de empleo, sobre todo en las micro, pequeñas y medianas empresas. Es decir, se le aplica el mismo rasero a una empresa familiar que a una gran empresa con miles de empleados. También es notorio que, aunque se desmontan parcialmente unas exenciones, se mantienen muchas otras a grandes empresas; que desnivelan la cancha de juego empresarial. Si la política pretende estimular el empleo, muchas de estas exenciones son una camisa de fuerza para ese propósito.

En cuanto a las cosas rescatables, habría una expansión del gasto social, pero sería mejor unificar subsidios en una renta básica garantizada, focalizados en las familias vulnerables. Esto mejoraría el impacto positivo en la inequidad y simplificaría la gestión de los recursos. También se contemplan medidas de lucha contra evasión y ahorro en gastos del gobierno central, lo cual es una de las tareas pendientes en materia tributaria. Se busca hacer énfasis en la política social, pero es más un paño de agua tibia para conseguir recursos temporales porque hace muy poco por solucionar las desigualdades estructurales y la ineficiencia del sistema tributario.


COMENTA ESTE ARTÍCULO

En cronicadelquindio.com está permitido opinar, criticar, discutir, controvertir, disentir, etc. Lo que no está permitido es insultar o escribir palabras ofensivas o soeces, si lo hace, su comentario será rechazado por el sistema o será eliminado por el administrador.

copy
© todos los derechos reservados
Powered by:Rhiss.net