Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.
El sector justicia como rama independiente del Estado, recibe a menudo críticas y comentarios diversos tanto en los medios como en los distintos espacios de la red de internet; algunas pueden ser fundadas en cierto atraso en las decisiones, algunos expedientes empolvados en los anaqueles y un par de manzanas podridas en los altos tribunales, pero envolver a todo el sector en una diatriba permanente y un juicio injusto y exacerbado, es francamente desproporcionado y no corresponde a la verdad de los hechos.
La administración de justicia en Colombia tiene una larga tradición civilista, eficiente e independiente de las otras ramas del poder público: “En la Constitución Política de 1991, los artículos 234 a 257 correspondientes al título VIII reglamentación de la rama judicial(…) en las disposiciones generales se establece que la justicia es una función pública cuyas decisiones son independientes; que las actuaciones deben ser públicas y permanentes”, con las excepciones que establezca la ley; que en ellas ha de prevalecer el derecho sustancial; que los términos procesales deben ser observados y su cumplimiento sancionado y que en sus providencias los jueces solo están sometidos al imperio de la ley. Siendo la “equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina” criterios auxiliares de la actividad judicial. Además se garantiza el derecho de toda persona de acceder a la administración de justicia, cuyo funcionamiento ha de ser “desconcentrado y autónomo”. (…)” (1).
Los colombianos tienen derecho a la verdad, al debido proceso, a la moralidad y a la ética estricta de los funcionarios judiciales, escogidos por riguroso concurso, todos los funcionarios, incluyendo jueces y magistrados. Casi siempre la congestión escapa a la buena gestión de los jueces, por muchísimas razones como el crecimiento ascendente de la estadística de casos, el aumento de población y de conflictos, el todavía atraso tecnológico —que con los años ha mejorado, sin duda— y el desnivel salarial con respecto a otros sectores del servicio público; en todo caso, en su conjunto, la justicia colombiana viene cumpliendo su papel histórico con su funciones habituales y la carga adicional de tutelas, que no es una bicoca.
Pero la modernización de la rama debe continuar, con más personal especializado, mejores condiciones materiales y un mayor grado de confianza en jueces, magistrados y empleados, porque la inmensa mayoría trabaja con ahínco, esfuerzo y dedicación.
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Hugo Galvis Valenzuela
Con profunda tristeza hemos registrado la desaparición del distinguido historiador, miembro destacado por años de la Academia de Historia del Quindío; dirigente cívico de Quimbaya en sus causas más solidarias, Hugo combinó su trabajo laboral, con la valiosa tarea de escritor y sus libros fueron un enorme esfuerzo didáctico. A su familia, a los amigos de Quimbaya, nuestra solidaridad y la de la AHQ.
1) Mayorga García, Fernando. 1991. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica.
