Opinión / DICIEMBRE 04 DE 2020

Propiedad intelectual y conocimiento

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Siempre hemos pensado en ese bien público que es la universidad, como un espacio abierto no solo al debate de ideas, sino a la formación integral en diferentes disciplinas y a la generación de un conocimiento innovador y que transforme vidas.

Cuando se habla de originar conocimiento, debe pensarse en función de su pertinencia, por cuanto es necesario que trascienda los ámbitos del campus y acercarse plenamente a los distintos círculos sociales quienes, finalmente, definirán esa validez. Es así como empiezan a configurarse una serie de situaciones, resultado de la innovación implicada que tiene esa producción intelectual, que obliga a que se estructuren mecanismos de control y reconocimiento; en otras palabras, crear las condiciones para estructurar un adecuado y eficaz régimen jurídico de propiedad intelectual.

Todas esas consideraciones fueron el fundamento para que en la Universidad del Quindío se produjera la política de propiedad intelectual en el año 2019 y, muy recientemente, su reglamentación. Y es que el saber y la creación producto de ese saber, exigen un reconocimiento que desborde el valor emocional e impacte favorablemente en lo económico a la institución que alberga ese resultado y a todos quienes trabajaron para eso logro. Admitir los derechos morales, no excluye su valor patrimonial. 

Vale la pena, entonces, entender que el acuerdo del consejo académico, “por medio del cual se establece el reglamento de propiedad intelectual de la Universidad del Quindío”, reconocerá y protegerá los resultados de las actividades sustantivas de docencia, investigación y de extensión que se produzcan en el seno de la alma mater, fomentadas en las diferentes áreas del conocimiento, para incentivar la relación con el sector productivo e incrementar el patrimonio intangible de la institución.

Los nueve capítulos que comprenden el citado acuerdo, establecen claramente los términos, procedimientos y competencias necesarios para dar cumplimiento a lo señalado en la política de propiedad intelectual, así como asegurar el respeto, reconocimiento y adecuada gestión de los derechos de propiedad intelectual sobre las creaciones del intelecto que se elaboren al interior de la universidad, financiadas por la misma, por entes patrocinadores externos o por cualquier tercero.

Y es que las limitaciones en la asignación presupuestal del gobierno, abren espacios para que las instituciones dinamicen las posibilidades de recursos adicionales, que se obtienen vía extensión y a través de la gestión de la propiedad intelectual, es decir, mediante la comercialización de los productos y/o servicios derivados de los procesos institucionales, porque la autonomía científica y pedagógica de la universidad pública, curiosamente no puede apalancarse, hoy día, con los reducidos apoyos que brinda el Estado y que contradicen su obligación de educación pública, gratuita, universal, de calidad.

Sabremos, una vez este reglamento entre en plena ejecución, de las bondades o limitaciones del mismo y, sobre todo, de sus implicaciones en torno a la relación conocimiento sociedad.


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