Opinión / MARZO 07 DE 2021

Sociología de la fuerza policial

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Una nueva jornada de protesta social se presentó en Bogotá finalizando el mes de febrero. Organizaciones sociales y de estudiantes salieron a las calles a movilizarse alzando su voz de inconformismo por varios aspectos de la vida cotidiana.
El saldo que dejó esta manifestación fueron destrozos en varias estaciones de Transmilenio y sus articulados, pérdidas en entidades bancarias y bienes del Estado, uniformados de la Policía e incluso algunos funcionarios del Distrito Capital golpeados, como también lesiones a varios manifestantes. 


Ante situaciones como las presentadas se hace necesario analizar la perspectiva epistemológica propuesta por Michel Foucault, en especial en la conformación del campo de estudio sobre la legitimidad de la fuerza del Estado, en torno al concepto de ‘Policía’, su organización y su disposición normativa.
Es ahí donde al examinar el ámbito de acción sobre el uso legítimo de la fuerza se estructura alrededor de un objeto central: los eventos en los que es indispensable su empleo por parte de la fuerza pública, el cual debe sujetarse a los principios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.


Esto permite realizar un abordaje que pretende reconocer las evidencias sobre los procesos respecto de los cuales las funciones policiales están asociadas con la misionalidad gubernamental de regulación del Estado —gobernanza—.
En cuanto a su observancia las administraciones locales deben aportar con instrumentos y criterios orientadores que atiendan su vocación axiológica y normativa, en la defensa de la comunidad en caso de peligro inminente, con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una severa amenaza. 
De lo expuesto, se analiza que las autoridades locales están en la obligación de hacer cumplir la ley y mantener el orden, emplear la fuerza para proteger a la comunidad bajo su cargo. Desde luego con el legítimo uso de la fuerza de acuerdo con los instrumentos dados, como recurso para asegurar el ejercicio de los derechos constitucionales.


Entonces, la responsabilidad de protección que nos deben nuestros mandatarios locales sobre la base de la configuración e interpretación de los principios estructurales del ordenamiento jurídico, como principio esencial de la soberanía del Estado, adquiere un significado práctico cuyo objetivo es abogar por la defensa de las personas.
Es necesario recordar, las administraciones locales en representación del Estado, son las responsables del mantenimiento del orden interno de sus territorios. Los gobernantes regionales deben emplear la fuerza sobre aquellos eventuales agentes perturbadores, por medio de las capacidades de defensa que les da la ley, por supuesto sin llegar al uso excesivo de la fuerza.
Se concluye que nuestras autoridades políticas y administrativas no pueden olvidar sus funciones establecidas por la ley. Uno de sus errores más comunes al momento de atender las problemáticas de violencia y delincuencia, es no ejercer el liderazgo en los asuntos propios de la gestión territorial de la seguridad ciudadana.


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