Opinión / JULIO 30 DE 2021

¿Tierra de nadie?

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La Constitución Política de Colombia de 1991 establece como un derecho fundamental la libertad de locomoción, por cuanto en ella se afirma que todo colombiano tiene derecho a circular libremente en el territorio nacional, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos. Aquí no hay discrepancia.

También, nuestra Norma de Normas, dispuso que uno de los derechos sociales, económicos y culturales, es la garantía de la autonomía universitaria, desarrollada como régimen especial para las universidades del Estado mediante la Ley 30 de 1992. Tampoco existe desacuerdo sustancial.

Empero, los sucesos por todos conocidos en el campus de la Universidad del Quindío cuando, en el marco del paro nacional que se inició el 28 de abril, fue tomada por el grupo de jóvenes autodenominados “la primera línea”, desencadenan una serie de interpretaciones en torno a lo que arriba explicito sobre los lineamientos constitucionales.

Es inobjetable que la universidad pública no está vetada para nadie, todo lo contrario, debe ser el espacio de formación, discusión razonable; el territorio de paz en cual caben la totalidad de las ciudadanías y así lo hemos garantizado en la medida de nuestras posibilidades financieras y locativas.

Es oportuno, entonces, preguntarnos si bajo el concepto de poder moverse libremente en las vías y espacios públicos, se autoriza limitar la abierta circulación de otros, sus derechos a trabajar en calma y, ante todo, a deteriorar extremadamente las instalaciones que han sido construidas gracias a los dineros que, como ciudadanos, a través de nuestros impuestos, hemos aportado. Más aún, si la autonomía universitaria también faculta esos desmanes y abusos.

Por ello la pregunta con la cual titulo esta columna. No pretendo responderla, pero sí quiero que el lector saque sus propias conclusiones, por cuanto es innegable que la libertad de unos llega hasta donde inicia la de los otros; que el derecho al disenso es bienvenido cuando también se respetan todos los antagonismos; que el bienestar y buen vivir debe ser patrimonio colectivo; que el acceso a la educación debe ser universal y gratuito; que la salud debe ser comunitaria, oportuna y de calidad; que los colombianos, sin distingo, tenemos el derecho a la posibilidad de un trabajo digno, de desarrollar con todas las garantías nuestros emprendimientos, de expresarnos  por medio de distintas simbologías.

En suma, si bien el Estado tiene la obligación de garantizarnos todos estos espacios y posibilidades de calidad de vida, también debemos entender que existen unos límites para la convivencia sana y responsable; es decir, que entender y aceptar los derechos individuales o colectivos consagrados en la Constitución Política Nacional, no convierte a los bienes sociales como la Universidad del Quindío en tierra de nadie.
 


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