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Opinión / DICIEMBRE 27 DE 2023

Vamos mal, muy mal

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

No me cuenten entre grupos de ilusos: unos, convencidos de súbitos cambios en el comportamiento social o político del presidente, de timonazos de corrección de rumbo, renunciando a la actitud confrontativa, a reformas insensatas, con el propósito de salvar diferencias entre extremos, de sumar en lugar de restar o dividir; otros, igualmente descolocados, depositantes de esperanzas en la caída del gobierno por presión popular, o en una renuncia voluntaria por motivos extraños al discurrir de su gestión. No, no entran en la órbita de posibilidades prácticas, vistos y valorados antecedentes personales del sujeto, o de capacidad de reacción de nuestra causa ciudadana. Reitero apreciaciones ya expresadas: salvo algún improbable cataclismo social o alzamiento espontáneo, generalizado, por gravísimas causas emergentes, la única opción de relevo en la conducción del país -incluyendo la ominosa vice-, ceñida al orden constitucional, sin lesionar instituciones ni violar normas, tendría que resultar de un proceso político en el Congreso Nacional o de la causa penal, ya en marcha, por violación de topes en la campaña presidencial y origen ilegal de fondos para la misma.  

Los hechos y circunstancias coyunturales, no dejan espacio al optimismo. El antecedente Samper-proceso 8000, traza una ruta de impunidad garantizada, fácilmente replicable en la actual Comisión de acusaciones y en el pleno de la Cámara de Representantes. Con la consabida provisión de mermelada burocrática y económica a su alcance, Gustavo Petro tiene a mano la tabla de náufrago que salvó en la ocasión a su antecesor. Queda el recurso del proceso abierto en la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos cometidos en desarrollo de la campaña presidencial que lo llevó a la Casa de Nariño. Pero al igual que ocurriría en el Congreso, con una nueva Fiscal General de su cuerda política, el camino hacia la impunidad, no solo de él, sino de su hijo Nicolás, confeso delincuente y arrepentido colaborador del ente acusador, es expedito. Trucos, ardides, dilaciones, en manos de fiscales, funcionarios y defensores, más los brazos extensivos del poder presidencial en la rama judicial, obstaculizan y condicionan su acción.  

Y mientras nos aferramos a inciertas expectativas de salvación del país, para librarlo de la destrucción, el deterioro en todos los frentes avanza sin pausa. Esos pasacalles amenazantes, desplegados en troncales viales en proximidades de la capital, por parte de grupos subversivos que obran con insólito descaro, a la luz del día, desafiando autoridades y ciudadanía, son evidencia clara del debilitamiento de nuestra fuerza armada y de la moral pública. ¿Es esta acaso la Paz total promovida, pregonada como solución definitiva por el atorrante al mando? Desmanteladas, desmotivadas, sin autoridad efectiva, relegadas a un papel   claudicante, las instituciones encargadas de la seguridad ciudadana, otrora heróicas en el cumplimiento del deber, son hoy día objetos de escarnio y vergüenza, de burla, de conmiseración. La sensación de desamparo, de extrema vulnerabilidad, cunde en zonas urbanas y rurales. La semana anterior, de labios de un docente de municipio cordillerano, bajo la advertencia obligante del anonimato, nos enteramos de la fortalecida presencia de grupos armados ilegales, interlocutores del Gobierno, practicando extorsiones, reclutamiento de menores, amenazando, obligando a campesinos a reuniones de adoctrinamiento, a aportar cuotas, a realizar tareas, contando con el silencio cómplice de las autoridades civiles. Cómo en el peor pretérito, masacres, asesinatos selectivos, toma de control de nuevas regiones por la delincuencia, son hechos cotidianos, en gran parte no divulgados. Realidad abrumadora frente a la cual no se percibe reacción distinta a la indiferencia. Vamos mal, muy mal, con tendencia a empeorar.
 


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