Descontento: el “calvario” de algunos compradores de vivienda en Armenia

Autor : Lorena Zapata López

En este momento son 12 constructoras intervenidas públicamente.

En el concejo de Armenia se llevó a cabo un debate para examinar numerosas quejas contra empresas constructoras debido a presuntas irregularidades e incumplimientos en proyectos de vivienda en la ciudad.

Las familias perjudicadas por múltiples proyectos en Armenia han alzado su voz, señalando que la alcaldía ha fallado en su deber de supervisar y regular estas constructoras que ya han sido denunciadas por incumplimientos, engaños, publicidad fraudulenta y la retención indebida de fondos por parte de ciertos promotores.

Varias personas que invirtieron expusieron sus casos de proyectos muy grandes entre los que se encuentran Torre Sangenjo, Santa Sofía, Ciudadela del Café, Natura Club, parque residencial, urbanización La Primavera, los proyectos de la constructora Geo Casamaestra que son viviendas de alto costo y el conjunto Parque Residencial del Café, entre otros.

El concejal Cristhian Camilo Fernández Morales expresó: “El debate se llevó a cabo por una preocupación muy sentida que hay en la ciudadanía debido a las irregularidades que hay con algunas constructoras que no han entregado a tiempo los proyectos de vivienda que les han vendido a los promitentes compradores; ciudadanos que ahorran toda una vida y que ven en estas constructoras la posibilidad de realizar un sueño de tener vivienda propia. Hay varios proyectos que se declaran en insolvencia en los cuales la administración municipal ha tenido que nombrar un agente interventor para que revise los estados financieros y mirar la forma en la cual le puedan responder a estas personas damnificadas”. 

La grave situación ha causado problemas de salud. “Tuvimos muchos testimonios de personas que presentan problemas de salud mental enormes, que han tenido tendencias suicidas y es apenas obvio que las personas se sientan así luego de trabajar durante 40 años y entregar todos sus ahorros a una constructora para que no le responda”.

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Cerca de 30.000 personas perjudicadas

El corporado expresó: “Más o menos más de 11.000 familias están damnificadas por esta situación; estamos hablando de más de 30.000 personas porque la estafa no solamente es para las personas que compran o invierten en un proyecto de vivienda, sino que se configura también con aquellas familias a las que les entrega la vivienda, pero una vez habitando en ella se dan cuenta que está en mal estado, que la piscina no está en funcionamiento, que no tienen el salón social, que les han vendido los parqueaderos comunitarios, entre otros factores”. 

Fernández Morales añadió: “El compromiso adquirido en el debate es que, mediante una comisión accidental conformada en el concejo para adelantar unas mesas de trabajo con los diferentes actores, tanto público como privados, vamos a mirar cómo avanzamos en cada una de las soluciones que se prometieron. Fomvivienda se comprometió a entablar la próxima semana una acción de tutela para poderles garantizar a las personas del Parque Residencial del Café el restablecimiento de sus derechos relacionados a un valor que les habían ofrecido de unos parqueaderos, pero que el dueño de la constructora en asocio al municipio ha querido venderlos más onerosos”.

Durante la discusión, la secretaria de Planeación de Armenia, Lina Marcela Grisales Gómez, señaló que en total son 12 proyectos de construcción de viviendas intervenidos, los cuales han generado más de 300 quejas y requieren atención especial. 

Afectados protestan

Luz Yaneth Camelo González afirmó: “Compré en el proyecto Malasaña el día en que la fiducia estaba reportando el alcance del punto de equilibrio; no me informaron que no hay apartamento 401, mi dinero está en mano de otros, me han privado del derecho a una vivienda y el municipio de Armenia es corresponsable de la estafa producto de haber confiado en la constructora Casamaestra”.

A pesar de haber entregado $35 millones, hoy en día no cuentan ni con una casa ni con la devolución del dinero. 

Mauricio Rodríguez Herrera narró: “Mis padres compraron una propiedad en el año 2016, la pagaron en su totalidad a la constructora Club Natura Residencial, ubicada en la Centenario y tardaron dos años para entregarles escrituras y cuando lo hicieron estaban hipotecadas, desde luego, sin el consentimiento de mis padres; empezamos a investigar y así nos dimos cuenta que la situación era similar para algunos, a otros les habían vendido a otra persona la propiedad y al que primero registró era el que aparecía como dueño. Decidimos forzar mediante una actuación administrativa para que avanzara el tema. Sabemos quién es la propietaria y descubrimos que tenía contratos en la CRQ, en la alcaldía y empezamos a darnos cuenta de muchas irregularidades con esta persona”. 

Añadió: “También nos dimos cuenta de que el año pasado cuando el Concejo municipal se reunió por primera vez se hablaba de 15.000 familias y hoy ya se escucha que son 30.000. Hay problemas con inspección, control y vigilancia por parte de la administración municipal y los interventores que están contratando son escogidos a dedo porque ni siquiera están en la lista de la Superintendencia de Sociedades como lo dicta la norma”.

Rodríguez Herrera aseguró: “Mi madre a raíz de este problema empezó a desarrollar demencia y me preocupa que la vida de mis padres se deteriore por la situación; por eso entregamos la propiedad que quedó a manos de un interventor esperando que nos puedan dar alguna respuesta”.

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 Análisis desde la organnización Sinergia SAS

Alexánder Cardona Díaz señaló sobre la situación, “según las cifras de la secretaría de Planeación que anunciaron el año pasado, ellos tenían alrededor de 30.000 personas afectadas por esta situación; afectación que debe estar creciendo y sucede porque el municipio atribuido por la ley desde el año 1987 tiene unas facultades de inspección, control y vigilancia que los obliga a realizar atento monitoreo a los proyectos de construcción de predios que están destinados a vivienda a través del registro de los enajenadores, el registro de los arrendadores, el registro de constructores y demás”.

Agregó: “Más recientemente, en el año 2016 aparece la Ley 1796 donde se habla de un seguimiento más específico en el cual dice que para los proyectos que tienen más de 2.000 metros cuadrados de construcción, el municipio debe analizar los diseños, los estudios de arquitectura, sismorresistencia, debe revisar si los estudios de suelo son idóneos, la volumetría, etc, pero que también debe hacer análisis y seguimiento al proceso constructivo, jurídico y de venta; de hecho, es el municipio que a través de permitir los radicados de los proyectos en la oficina de planeación otorga el permiso de enajenación o permiso de venta”. 

Y agregó: “La gran mayoría de constructoras que han defraudado a los ciudadanos de Armenia han tenido permiso de enajenación o permiso de venta por parte del municipio, y cuando uno mira, en su gran mayoría han tenido licencia de construcción. El municipio ha entregado muchos predios y cuando eso ocurre hay una obligación desde el año 2015 de que haya una certificación de ocupación donde el municipio debe verificar si efectivamente a la persona le están entregando lo que le prometieron en venta y si corresponde a los estudios y diseños que fueron aprobados en la curaduría. Son más de 30 mil personas afectadas y cada persona por lo menos está discutiendo una cuota inicial que puede ser entre 5 y 30 millones o incluso, el pago total de la vivienda”, puntualizó Cardona Díaz.

Fomvivienda

Claudia Lorena Sierra, gerente encargada de la empresa de Fomento de Vivienda, Fomvivienda, argumentó: “La entidad fue citada en lo relacionado con la constructora del Parque Residencial del Café y, en especial, con la problemática generada por la comercialización de los parqueaderos de la fase tres por un total de 128 parqueaderos; estos fueron autorizados mediante modificatorios 1, 2 y 3 con un precio de venta de $19 millones. Este problema fue generado presuntamente de años anteriores, pero solo fue informado a esta entidad el día 23 de enero de 2024 mediante derecho de petición, donde alrededor de 20 poseedores con sus respectivas promesas de compraventa afirmaron haber adquirido en venta parqueaderos en parque Residencial del Café con un valor de $23 millones”. 

La gerente encargada enfatizó: “Luego de analizados dichos documentos, la empresa evidenció la necesidad de informar a los promitentes compradores no solo que dentro de la misma se estipuló un valor de venta por encima de lo autorizado, sino, además, que se encontraban viciadas de posible nulidad. Producto de lo anterior se les ha exhortado para que presenten las acciones que a bien tengan en presentar en contra de la persona responsable de dichos cobros no autorizados por nuestra entidad. El único precio de venta autorizado por la entidad es de $19 millones y de presentarse un ajuste del mismo valor debía ser de mutuo acuerdo entre las partes que conforman la unión temporal Parque Residencial del Café y nunca con efectos retroactivos”. 

Camacol

Gloria Milena Arango Peláez, gerente de Camacol, expresó: “En principio queremos manifestar nuestra solidaridad con todas las personas afectadas quienes han sido vulnerados algunos de sus derechos, en este caso a su vivienda. Esto hace referencia a unos casos aislados y desde hace más o menos dos años hemos venido trabajando con la alcaldía municipal luego de un debate que se dio en el concejo se formó un comité para buscar soluciones; allí están los curadores, planeación municipal, la defensoría del Pueblo, notarías y más actores buscando soluciones tendientes a mejorar las condiciones actuales a estas personas. De allí salió un instrumento que fue la intervención por vía administrativa de algunos proyectos que es lo que ahora se está haciendo. ”. 

Carlos Alberto Calderón Martínez, representante legal de la unión temporal Parque Residencial del Café y representante legal del consorcio constructora Calcamar afirmó: “Parque Residencial del Café había sido un proyecto del municipio y este con autorización del consorcio se lo entregó a Fomvivienda, quien a su vez se lo entregó a una fiducia y este me lo dio a mí que lo estoy construyendo como particular y públicamente no tengo ningún tipo de problema. Constaba de 588 apartamentos que ya se entregaron casi todos; se están entregando los últimos 28 y dentro del proyecto sobraron unas franjas de lote las cuales utilizamos como parqueaderos los cuales eran a $18 millones en la primera etapa, en la segunda se vendieron a $19 millones y la tercera etapa se vendieron a $26 millones. Los parqueaderos son propiedad del consorcio que se llama Parque Residencial del Café; tenemos las escrituras y podemos venderlos al precio que consideremos”. 

Calderón Martínez resaltó que luego se decidió venderlos a $23 millones y fue el valor que quedó en promesa de compraventa. “A nadie se le está robando ni reteniendo el dinero y quien no quiera comprarlo y quiera desistir del negocio y lo vendemos a otra persona que lo quiera. Pero estamos respetando el negocio con quiénes prometimos vender; ya se están terminando, falta techar, los vamos a empezar a marcar, había una parte sin pavimentar, faltaban 28 pero fue un problema más constructivo porque no había material que se está usando en todas las obras de Armenia, pero ya están casi a punto. De los casi 90 compradores que teníamos, la mayoría han venido a firmar de acuerdo con el precio. Yo soy un particular que construye, vende y estoy en este oficio desde hace 45 años”. 

Una mirada desde lo ambiental

El ambientalista Néstor Jaime Ocampo Giraldo, se refirió a las consecuencias ambientales de la urbanización ilegal y desordenada en el Quindío, y al respecto manifestó: “Lo primero y más elemental es que cada proyecto urbanístico en el Quindío es un espacio menos para la vida; algo grave para un territorio que ya aparece a nivel nacional como el que tiene los ecosistemas más modificados; es decir, el departamento al que le queda menos de su mundo natural, condición que nos convierte en el territorio más vulnerable en lo ecológico y ambiental”. 

Añadió: “Somos el segundo departamento más densamente poblado de Colombia, con una densidad poblacional que supera en más de siete veces el promedio nacional, significa la creciente presión sobre recursos como agua, suelo, aire y espacio y como consecuencia, somos el departamento con los más altos índices de morbilidad y mortalidad generados por factores contaminantes del agua y del aire. Síntoma que debería ser suficiente para que estuviéramos muy preocupados, y esta información es proporcionada por el Observatorio Nacional de Salud de Minsalud”.

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