Autor : Roberto Restrepo Ramírez
La arqueología (estudio científico de las evidencias del pasado) y la guaquería (destrucción y expoliación de piezas arqueológicas) son dos destinos que se han encontrado en la historia del Quindío. Es este un departamento pequeño en extensión, pero grande en la profusión de yacimientos arqueológicos. Fue en 1890, y en medio de intensa actividad guaquera, que se saqueó el segundo hallazgo de oro prehispánico más importante de América, el llamado Tesoro Quimbaya. Ello ocurrió en el paraje La Soledad, que entonces pertenecía a Filandia y hoy es jurisdicción del municipio de Quimbaya.
Fue también en La Tebaida que sus parajes planos fueron guaqueados por los moradores de esos predios, quienes finalmente fundaron el caserío en 1916. Y es igualmente en este municipio donde se levanta hoy el único monumento a la guaquería, en memoria de uno de los hermanos que estuvieron al frente de la fundación, don Luis Arango Cardona, y quien escribiera el polémico libro titulado “recuerdos de la Guaquería en el Quindío”, publicado en 1924.
En pleno siglo XXI, los intereses guaqueros y los postulados científicos que propenden por el estudio continuado y la excavación sistemática riñen sin consideración alguna. El resultado es desastroso por cuanto el Quindío no cuenta con una cronología en el desarrollo de los periodos poblacionales de los antiguos habitantes del territorio.
El primer relato permite descubrir el espíritu coleccionista y mercantilista. Conocí a este personaje en Calarcá, dentro de un local que él tenía alquilado en la primera planta de una de las casas de bahareque del centro histórico. En el dintel de la puerta de madera se leía, en una curiosa placa, la siguiente leyenda: Emilio Cañaveral arqueólogo. El desprevenido transeúnte podría pensar que tras esa portada se encontraba la estancia de algún profesional del ramo y que sus materiales mostraban el testimonio de su trabajo investigativo.
Pero don Emilio era un guaquero más. Una gran colección de cerámica se encontraba diseminada en su desordenada habitación, la que también correspondía a su domicilio. Lo visité en dos oportunidades, en compañía de un arqueólogo bogotano que, en ese año de 1981, trataba de trazar un itinerario de investigación, que nunca se concretó. Don Emilio era - y se expresa aún en otros personajes - la figura que todavía nos proyecta al mundo entero, como profanador de tumbas indígenas. Y como comerciante que vive de la compra y venta de nuestro pasado, representado en miles de piezas que se trafican descaradamente.
El segundo relato tiene como escenario a la capital del Quindío
Un año después de la ocurrencia del devastador terremoto, el 24 de enero de 2000, se presentó un curioso conflicto de linderos en el barrio Berlín. En el lote ubicado en la calle 22 con carrera 22 se adelantaba la construcción de una nueva casa, lugar donde se hizo un hallazgo, en el límite con la casa contigua. Los dueños del predio, esposos Diego Arango y Luz Mila Naranjo, reportaron el suceso. Mientras el pozo se encontraba en el lote de la pareja, la cámara funeraria se ubicaba debajo de los cimientos de la casa construida. Esto ya representaba un conflicto, pues los moradores de la casa construida se oponían al procedimiento. Para acceder a la cámara funeraria debía ingresarse por el lote en construcción. Lo interesante es que la contravención de las partes impidió se continuara la prospección guaquera. La solución podría dirimirse con la intervención de los profesionales del Comité de Protección Arqueológica del Quindío, quienes asistieron prontamente. Inspeccionado el sitio, y ante la mirada expectante y ansiosa de los propietarios de ambos predios, se determinó hacer el correspondiente salvamento el día siguiente.
El rescate de la tumba de pozo con cámara lateral se realizó también con la mirada de algunas autoridades que habían custodiado el lugar la noche anterior. Se recuperaron dos urnas funerarias, con restos óseos cremados en su interior, una vasija de uso doméstico en buen estado y fragmentos cerámicos, materiales que también fueron revisados por los espectadores, pues el ansia de hallar las codiciadas piezas de oro estaba en la mente de todos. Luego de una discusión con algunos miembros de la comunidad del barrio, quienes no permitían el traslado de lo encontrado, el material cerámico fue trasladados a la Sala de Exhibición Arqueológica de la Universidad del Quindío, donde ahora se encuentran en custodia.
Este fue un evento sui géneris, desde la presentación de un conflicto de linderos. Lo real es que si se hubiese presentado en predios de la vivienda construida, nunca se habría llamado a los arqueólogos y a las autoridades locales.
Lea también: Salento y las sendas de su historia para el turismo
El tercer relato es parte de la cotidianidad fabulosa y agorera de cualquier región
La historia parece más bien una novela judicial. Ocurrió en Salento, en el mes de abril de 2000. Desde 1999 - el año del evento telúrico - se adelantaba el levantamiento de una de las ciudadelas para damnificados, a cargo del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero, Forec, en lo que hoy se conoce como el barrio Frailejones. En medio de la remoción de tierras apareció una estructura funeraria prehispánica, que finalmente fue saqueada. El daño de la tumba ocurrió un mes después del reporte del hallazgo, matizado por un singular lío jurídico. En ese caso, el obrero que encontró el yacimiento había solicitado al señor alcalde municipal un “derecho” sobre el supuesto tesoro que allí se encontraría. Tal diligencia se condensaba en un bien elaborado Derecho de Petición, presentado por una abogada, quien fungía como apoderada del señor José Hernando Londoño, ciudadano que “está solicitando se le entregue el 50 por ciento del tesoro”. Como hecho curioso - y durante el mes que transcurrió desde la curiosa solicitud - el sitio fue protegido por la comunidad.
Como consta en el oficio GC - 0492,del 8 de mayo de 2000, el gerente de Cultura de la Gobernación del Quindío, así contestó la demanda: “...La Ley 163 de 1959, en su Artículo 14, no considera incluidos los hallazgos arqueológicos en el Artículo 700 del Código Civil. El evento de Salento corresponde a un hallazgo de posible estructura funeraria prehispánica, declarada por Ley como Patrimonio Arqueológico y es propiedad de la Nación, como así también lo determina la Constitución Política de Colombia en su Artículo 72. Por estas consideraciones nos permitimos conceptuar que el señor Londoño Giraldo no puede reclamar en tal sentido”. Una clara y sensata respuesta frente a un absurdo requerimiento que, lamentablemente, todavía ronda en la intención de muchos compatriotas, quienes se creen dueños de la herencia de nuestros antepasados.
El cuarto y último relato se refiere, afortunadamente, a un evento de salvamento propiciado por la misma comunidad, en la vereda Quebradanegra de Calarcá. Sucedió también en marzo del año 2000.
En la parte posterior de una de las casas construidas por la GTZ se presentó un hundimiento que resultó ser una estructura funeraria prehispánica, rescatada el 18 de marzo de 2000. El equipo arqueológico realizó la excavación de una tumba de planta rectangular con cámara lateral, a 4 metros y medio de profundidad. Al encontrarse derrumbada la cámara, la labor se remitió a recuperar una alcarraza zoomorfa en buen estado y otra de doble vertedera. Lo importante de este rescate, fuera de la información y participación comunitaria, estriba en que dicho objeto musical de cerámica se encuentra exhibido en el primer piso de la gobernación del Quindío y es la única pieza (entre cientos que constituyen dicha colección institucional) que tiene información contextual sobre su hallazgo. Algo muy valioso en Arqueología.
Quindío, tierra de contrastes, donde todavía se cruzan las fantasías de la guaquería con los escasos casos de investigación arqueológica. Una tierra abonada por el realismo mágico y la ambición desmedida del guaquero, una mezcla que vulnera la herencia cultural.
