Desde la semana pasada la bancada defensora empezó a sustentar el derecho de apelación.
A principios de abril, la Procuraduría estaría emitiendo un fallo definitivo.
En Bogotá se desarrolló este martes la última audiencia de apelación por parte de los abogados de la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio.
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En su intervención, Mauricio Quiceno Arenas, abogado, solicitó que la Procuraduría absuelva o modifique la responsabilidad de la exmandataria y los cuatros investigados más.
“Procedimos a demostrar que la conducta es atípica. Solicitamos que la culpa gravísima sea modificada a culpa grave porque la primera está dada para situaciones que son muy evidentes. Por tal razón, solicitamos que se absuelvan o que les modifiquen la responsabilidad a los investigados”, dijo.
En la audiencia, que duró cerca de 6 horas, Quiceno Arenas sustentó el porqué de la apelación.
“Se evidenciaron todos los vicios, es decir, las nulidades en que incurrió la Procuraduría durante el trámite del proceso disciplinario. En primer lugar se trató el tema de la indagación preliminar contra persona indeterminada cuando ya estaba determinada, en segundo lugar, se aclaró la situación de la conducta de prejuzgamiento en que incurrió la procuradora delegada al momento de emitir cargos, lo cual viola el principio de presunción de inocencia. Tercero, el auto de audiencia no contenía los elementos estructurales y esto tuvo una incidencia directa en el fallo, toda vez que variaron la conducta al final para poder ajustar todos los errores de la procuradora”, dijo el profesional.
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Agregó: “Se procedió a demostrar que en este caso no hay hechos de corrupción, pues estos están estipulados como sobornos, peculado, fraude procesal, la obstrucción de la justicia, venta de información privilegiada, entre otras, que no vienen al caso”.
Hurtado Palacio, en un comunicado de prensa, informó que “un fallo deja claro que no hay méritos para tipificar un acto de corrupción”.
“Al no comprobar ningún hecho demarcado por la Corte Interamericana como acto de corrupción se deja entrever sin duda que faltó rigurosidad y estudio para fallar la primera instancia, advirtiendo también una clara extralimitación de funciones al no ser competencia de la Procuraduría General de la Nación, PGN, la destitución e inhabilitación de funcionarios públicos de elección popular, tal y como lo dejó refrendado de manera contundente el habilitado y actual candidato presidencial, Gustavo Petro, quien acudiendo a instancias internacionales logró reversar la destitución e inhabilidad proferida por el entonces procurador Alejandro Ordóñez”, dice el documento.
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“El procurador Fernando Carrillo está tratando de justificar las inexactitudes de su procuradora, hablando de un fallo que a todas luces les quitó competencia, por esto él no es el llamado a referirse a los fallos de la Corte Interamericana y del Consejo de Estado. Estoy tranquila y espero que en la Sala Disciplinaria se estudie con mayor rigurosidad mi caso, con todas las garantías, revocando la primera instancia, como han sido revocados todos los que por este tema han sido investigados”, afirmó Hurtado Palacio.
A principios de abril, la Procuraduría estaría emitiendo un fallo definitivo.
Redacción
LA CRÓNICA
