Autor : Natalia Ospina Duque
El deseo de los calarqueños es que el hospital no sea cerrado para que preste un servicio de calidad a la comunidad.
El gerente del hospital aseguró que es importante que las personas conozcan las implicaciones de ser un centro asistencial de segundo nivel de complejidad.
Empleados del hospital La Misericordia y comunidad en general realizaron un nuevo plantón en el municipio de Calarcá, para exigir el pago de los sueldos atrasados y rechazar los despidos de personal en la entidad.
Nelly Castillo, funcionaria del hospital, aseguró que son ya 3 meses que los funcionarios no reciben su sueldo. “Día a día vemos caer al hospital, no hay un buen gerente porque en este momento se ha gastado el presupuesto de 1 año en menos de 3 meses. Muchos compañeros ya tienen afectada su salud mental, pues no les pagan y, además, les da temor ser despedidos. Uno escucha que el gobernador dice que aportará dinero, si el gerente renuncia, eso es un juego donde salen perjudicados el trabajador y el usuario”.
Por su parte, el gerente Bernardo Gutiérrez Montoya explicó que la comunidad y los mismos trabajadores deben saber qué es ser un hospital de segundo nivel.
“Hay algo que quiero que quede demasiado claro y es la razón de la institución, esta es una Empresa Social del Estado, ESE, de segundo nivel de complejidad. Esto genera una serie de responsabilidades y deberes que se deben cumplir. Debe tener unas condiciones de sus servicios, de la infraestructura, además y muy importante, como somos el único hospital del municipio, debemos asumir y responder por servicios no solo del segundo nivel, sino también lo que implica el primer nivel”.
Indicó que falta mucho para lograr este objetivo, pero que él está dispuesto a trabajar por ello. “He estado revisando lo que nos pagan por el primer nivel y nos deja un déficit de $150 millones mensuales, es decir, nos cuesta $150 millones más garantizar la prestación de los servicios a nuestra población”.
Igualmente, ante las acusaciones de los gastos injustificados, el gerente argumentó que son necesarios para poder cumplir con el objeto social y lo que dictan las autoridades sobre lo que debe tener disponible un hospital de segundo nivel.
“Si yo fuera un derrochador hubiese empezado a abrir los servicios de 24 horas desde un principio, pero apenas hace unos meses abrimos ese servicio continuo con ginecología, allí debo tener todo un equipo de trabajo disponible las 24 horas, entre anestesiólogo, médico de piso, el ginecólogo, la jefe de enfermeras, los enfermeros, el pediatra, todo se debe tener pensado y organizado, eso cuesta. Traje a tiempo parcial otras especialidades, como ortopedia, cirugía general, sicología, urología, otorrinolaringología, y me reclaman por eso, por cumplir lo que dice la norma”.
El directivo recalcó que anteriormente el servicio de laboratorio solo funcionaba hasta las 7 p. m.
“Yo he tratado de volver a iniciar ese proceso, de traer los servicios de segundo nivel de forma íntegra e integral, cosa que antes no ocurría”.
Aseveró que en abril facturaron $1.400 millones. “Si hubiéramos seguido así en noviembre estaríamos con $1.600 millones porque ya nos estábamos ganando la confianza, teníamos evaluaciones de satisfacción con más del 95 %, producto de un buen trabajo”.
Asociación Quindiana de Hospitales
Por su parte, el doctor Leonardo Quiceno Páez, presidente de la Asociación Quindiana de Hospitales, por medio de un comunicado expresó: “A propósito del colapso del hospital La Misericordia, ninguna instancia le ha favorecido en lo que lleva el actual sistema de salud del país y por eso siempre ha estado en la cuerda floja todo este tiempo”.
Explicó que el gran cambio en los hospitales públicos se dio a partir de la Ley 100, pasando del subsidio a la oferta, a la demanda, obligándolos a tomar la salud de las personas como un negocio, donde las tarifas no cubren los costos de producción y que les pagan solo el 50 %, a los 6 meses de presentada la factura.
“Para complicar más las cosas, este Hospital a pesar de estar clasificado como de segundo nivel, atiende la baja complejidad de la población del régimen subsidiado y vinculada del municipio de Calarcá y la mediana, además de los usuarios que requieran de las EPS de influencia en el departamento. Ambos procesos tienen problemas estructurales que afectan enormemente las finanzas de esta institución”.
Continúa el texto argumentando que, por un lado, el municipio tiene muy pocos usuarios del régimen subsidiado —que representan el 95% de los ingresos de primer nivel del hospital—, lo cual, a la postre, resulta insuficiente para tener la capacidad instalada acorde con los requisitos de habilitación de norma y para el sostenimiento del talento humano necesario, que le permita brindar de forma oportuna e idónea estos servicios a los calarqueños.
Por los lados del segundo nivel, la problemática es aún más compleja pues los usuarios que eran remitidos de los demás municipios —incluido el de Armenia—, para atenciones de mediana complejidad, ya no existen, pues por motivos tarifarios y de mercado, las EPS ya no autorizan ni las remisiones, ni las atenciones de estos pacientes para este hospital.
