Autor : Natalia Trujillo Varela
El auditorio Bernardo Ramírez Granada fue el lugar donde se adelantó la actividad y fue adornado con el sentir de las víctimas.
Aunque los esfuerzos y acciones por parte de los mandatarios locales y departamentales se han efectuado, los magistrados tienen la tarea de proteger los lugares donde se tienen identificados cuerpos de personas desaparecidas producto del conflicto armado.
Se llevó a cabo, ayer, el primero de los dos días de audiencia de medidas cautelares sobre los cementerios del Eje Cafetero y Magdalena Medio, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la Universidad del Quindío. La medida judicial protege 36 cementerios y una isla, ubicados en los municipios de Antioquia, Caldas , Risaralda y Quindío, donde se han exhumados 381 hallazgos forenses, 9 han sido identificados y entregados a sus familiares.
La magistratura espera avanzar en acciones que den respuesta a los buscadores, cumplir en vida uno de sus mayores anhelos, darles respuestas y entregarles los cuerpos de sus familiares desaparecidos.
En el Quindío, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) estima alrededor 418 personas desaparecidas, por lo que la JEP ordenó proteger 11 cementerios en el departamento. La decisión se tomó porque no se cumplió con los parámetros técnicos para custodiar los cuerpos de personas no identificadas y, se presume que, podrían pertenecer a víctimas de desaparición y que, en muchos casos, fueron trasladados a osarios colectivos.
En la audiencia de ayer, se presentó la Guía de abordaje forense para osarios, insumo técnico que traza la hoja de ruta a un procedimiento inédito que se tiene previsto hacer.
La magistrada del Tribunal Especial para la Paz de la JEP, Reinere de los Ángeles Jaramillo Chaverra, confirmó que en esta región hay más de 3.600 desaparecidos y se han exhumado más de 381 personas y han entregado a 9. “Vemos que las diferentes entidades que tienen mandato constitucional y legal de materializar y hacer efectivos los derechos de las víctimas, no estamos coordinados. Eso ha hecho mucho más difícil el trabajo y dar respuestas de manera efectiva y adecuada a las víctimas. No hay derecho en que los familiares de las víctimas se mueran buscando a sus seres queridos porque el Estado lleva 20, 30 o 40 años sin dar una respuesta efectiva”.
La magistrada también dijo que se está buscando a los responsables de estos crímenes a través de las investigaciones, pero se ha identificado que los responsables son los actores armados, entre los que se encuentran miembros de las Farc, quienes tuvieron su accionar en el marco del conflicto armado, pero también están involucrados miembros de la fuerza pública en alianza con grupos paramilitares, en los macrocasos como las ejecuciones extrajudiciales, retenciones ilegales, violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
Incumplimiento de mandatarios
“Las entidades que deben dar respuestas rápidas han dilatado el proceso de reparación, por ejemplo, deberían incluir a los familiares que hemos identificado como víctimas de ejecuciones extrajudiciales, que fueron ejecutadas como bajas en combate y no lo fueron, no las están incluyendo en el registro único de víctimas, ese es uno de los reclamos constantes, tampoco se ha hecho todo lo necesario en las diferentes entidades para identificar adecuadamente a cada persona desaparecida y que ha sido exhumada, por tal razón, los gobernadores de Quindío, Caldas, Risaralda y Valle fueron citados porque una orden era que se articularan buscando fortalecer el Instituto de Medicina Legal de la región con el fin de contribuir con su obligación de identificación y poder hacer entregas dignas a los familiares de la víctima”, explicó Jaramillo Chaverra.
Y agregó: “Nuestra tarea es esa, recordarles a los mandatarios y, a veces, a través de órdenes judiciales que hay unos mandatos que tiene que cumplir y que para eso los eligieron. Cuando ellos juran su mandato, juran cumplir la Constitución y la ley, no les estamos dando unas órdenes distintas que estén por fuera del marco de sus funciones”.
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El desafío con osarios colectivos
Es por la misma falta de control y seguimiento por parte de los alcaldes y gobernadores de la región que la JEP ha determinado que diferentes entidades académicas y científicas presentaran unos lineamientos para poder intervenir los osarios, ya que la falta de control, seguimiento y rigor por parte de los alcaldes que son los que administran los cementerios, todos los cuerpos de personas no identificadas, fueron sacadas de sus fosas e ingresadas a un osario colectivo, una acción que hace más complicada e imposible no solo la identificación sino la entrega digna. Por eso, el reto planteado ayer en el primero de los dos días de audiencia de medidas cautelares, es cómo abordar de manera científica la identificación de restos en un osario donde existen miles de estructuras óseas, que fueron cruzadas y combinadas.
En el cementerio El Carmelo, en Salento, los resultados arrojaron 6 hallazgos de estructuras forenses que fueron remitidas al Instituto Nacional de Medicina Legal en Pereira, para el correspondiente análisis de identificación y fueron remitidos a Bogotá donde fueron abordados de manera integral y están en espera de su identificación. “En total fueron 10 puntos de intervención y se culminó en este cementerio y siempre en articulación con las organizaciones de movimientos de víctimas y el componente psicosocial”, mencionó Cano Montaño.
Franklin Castañeda, director de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, anunció que para el 28 de diciembre estarán completos los diagnósticos de los 57 cementerios de Quindío, Risaralda y Caldas que se ordenó en el marco de las medidas cautelares. Según Castañeda, en Quindío y Risaralda los responsables de los cementerios han incorporado las prácticas recomendadas por instituciones encargadas de la búsqueda, como contar con bases de datos con información de cuerpos no identificados y áreas exclusivas para su disposición.
Por otro lado, María Dinasela Guarín Marín, madre de una de las víctimas de desaparición forzada oriunda de Calarcá, Claudia Milena Valencia Guarín, desaparecida el 2 de enero de 1998 cuando tenía tan solo 14 años, hoy tendría 40 años, manifestó que su hija se fue con una prima en ese año para Marinilla y El Peñol en Antioquia, “una sobrina mía se la llevó para los lados de Antioquia, mi sobrina apareció, pero a mi hija me la dejó botada por allá, iban a aventurear, aunque le he preguntado a la sobrina por mi hija no me sabe dar respuesta, dice que ella se quedó por allá y ya, con ella fue que desapareció y con ella debió aparecer”, dijo Guarín Marín.
Valencia Guarín lleva 26 años desaparecida y, según lo mencionado por María Dinasela, testigos le dijeron que su hija fue vista por última vez por los lados de una represa, “triste y sin dinero para poder transportarse, un hombre le dijo que le regalaba dinero para que abordara un transporte para poder volver a su casa y, en ese momento, pasó un camión con personas disfrazadas con el uniforme del Ejército y ella se subió al camión, de ahí desapareció”.
“Ojalá lo que dicen y el trabajo que hacen, ojalá si mi hija está muerta porque no sé si está con vida, me la entreguen dignamente, no sé nada, mantengo con una incertidumbre sin saber nada de ella, si está con vida o fallecida, entonces yo quisiera saber que me digan y me den sus restos, si está viva, quisiera que me dieran a saber algo de ella porque no tengo tranquilidad para nada”, mencionó Valencia Guarín.
