Autor : Andres Felipe Ramos
En la sesión de la asamblea se indicó de parte de la Defensoría que la acción popular en Montenegro fue interpuesta el 25 de enero y ya la admitió el TAQ.
En Montenegro se aceptó la interposición, así mismo en Circasia y Filandia se optará por esta figura para el mejoramiento.
A través de la figura de la acción popular, la Defensoría del Pueblo en el Quindío busca que las quejas por el mal servicio de acueducto y alcantarillado, especialmente en los municipios de Montenegro, Circasia y Filandia, sean resueltas a partir de la suscripción de un pacto de cumplimiento.
Durante el debate efectuado ayer martes 13 de febrero en la asamblea departamental, Gustavo Alberto Nieto Londoño, abogado de la Defensoría del Pueblo en el Quindío, expuso la situación a los diputados. “Nosotros en la Defensoría del Pueblo regional Quindío hemos recibido quejas de algunos municipios en referencia con la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, cuando vemos que esas querellas son más recurrentes y se identifican en unas localidades específicas, empezamos a verificar qué sucede”, resaltó Nieto Londoño.
Agregó: “Detectamos por ejemplo que en Filandia, Circasia y Montenegro hay una prestación deficiente del mencionado servicio por varias razones, algunas de ellas porque la infraestructura está muy obsoleta, porque hay crecimiento de las ciudades y otras aumentaron su oferta turística, las empresas públicas no dan con la estructura necesaria para entregar el servicio adecuado a las comunidades”.
En ese sentido, se impulsaron las acciones populares en aras de que esa infraestructura de servicios públicos se amplíe para garantizar a los ciudadanos un adecuado servicio.
“Es importante que en las acciones populares estamos vinculando a entidades del orden nacional como son el ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de su viceministerio de Agua Potable, para que traiga recursos del ámbito nacional para así cumplir con esas órdenes”, acotó el abogado.
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Las acciones en municipios
Nieto Londoño explicó que el pasado 25 de enero se interpuso la acción popular en Montenegro y que fue admitida por el Tribunal Administrativo del Quindío.
“Al ser admitida ahora van a llamar a un pacto de cumplimiento donde les van a exigir a las entidades accionadas, de acuerdo con las pretensiones de la Defensoría del Pueblo, construir la infraestructura que requiere el municipio”, sostuvo el profesional del derecho.
En el caso de Filandia, anunció que se tiene proyectada la acción también para que se construya la infraestructura adecuada para la localidad.
“Ya la acción se encuentra en revisión en la oficina de la dirección nacional de Recursos y Acciones Judiciales de la Defensoría, con el propósito de ser presentada en los próximos días”, advirtió el abogado en el debate.
Con relación a Circasia, se tiene un elemento adicional: “Los veedores del municipio se acercaron a la Defensoría y solicitaron ayuda para la construcción de la acción popular para presentarla. Nosotros tenemos la función de asesorar a las comunidades y ayudamos en ese caso, ya está admitida”.
Adicional a esto, hubo pacto de cumplimiento donde no se logró el cometido. “Eso significa que el magistrado seguirá solicitando pruebas para tomar una decisión de fondo en las próximas jornadas”.
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Credibilidad en las acciones
Gustavo Alberto Nieto Londoño explicó que las acciones populares en Colombia no son un saludo a la bandera. “Tenemos ejemplos claros en el departamento como la presentada sobre el Túnel de La Línea que sirvió para que dentro de la obra construyeran una planta de agua potable para la descontaminación del río Santodomingo en Calarcá”.
El abogado señaló que una vez se dé la orden judicial a las personas o a las entidades que el juez determine el seguimiento, verificación y cumplimiento de esa orden lo realice.
“En estos casos cuando es presentado por la Defensoría del Pueblo, siempre se va a ordenar que sea la Procuraduría General de la Nación que realice el seguimiento y verifique el cumplimiento de estas órdenes dadas en acción popular. Pero si yo soy el accionante y tengo interés en ello lo que voy a hacer es señalar que todos los días se cumpla con las órdenes judiciales establecidas en la respectiva acción”.
Citó en ese caso que hay otras alternativas como son los incidentes de desacato. “En las acciones populares cuando hay órdenes judiciales hay términos perentorios, significa que el juez constitucional coloca los plazos los cuales las empresas tienen que cumplir, pueden ser 6 meses, un año, depende la gravedad del tema y las obras a realizar”.
Nieto Londoño añadió: “Para eso está la Defensoría del Pueblo, para hacerle seguimiento al cumplimiento de las órdenes que señale el juez”.
Si usted tiene denuncias o casos como estos y quiere contarlos puede escribirnos al correo electrónico [email protected]
