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Opinión / ENERO 17 DE 2024

Enemigo público

Las opiniones expresadas por los columnistas son de su total y absoluta responsabilidad personal, no compromete la línea editorial ni periodística de LA CRÓNICA S. A. S.

El problema mayor de Colombia se llama Gustavo Petro Urrego. Lo es a partir de tres o cuatro años atrás, cuando secundado por una multitud variopinta de primíparos resentidos, sin oficio ni destino, intelectuales desubicados, desmemoriados, de politiqueros oportunistas procedentes de la derecha, financiado por beneficiarios de su nefasta alcaldía en el Distrito Capital y por dineros de negro origen; entre sombras, su hábitat natural desde la adolescencia, lideró los violentos desórdenes que alcanzaron su clímax de destrucción física y moral del país con el paro nacional, nominalmente contra el gobierno Duque, pero realmente dirigido a agudizar la crisis postpandemia, acceder al poder vía electoral, y ya presidente en funciones, destruir  la democracia colombiana desde dentro, desde sus entrañas. Por suerte, no alcanza aún plenamente, objetivos por él trazados; las instituciones, pese a aquella feroz arremetida, se mantuvieron firmes, y tanto el proceso electoral -permeado sí por recursos de mala procedencia, no declarados en las cuentas oficiales de la campaña, según revelación de su hijo Nicolás ante la fiscalía y en los audios Benedetti-, como la sucesión del poder ejecutivo, transcurrieron con relativa normalidad. No obstante, a partir del infausto, agosto 7 de 2022, los términos, “incertidumbre” adherido a “miedo”, suscitados con razón por el nuevo gobierno, se tomaron por asalto el ánimo colectivo y la lógica de los inversionistas, echando por tierra cualquier positiva esperanza respecto al porvenir del país. 

Aludamos apenas a un rasgo entre tenebrosos antecedentes de quien hoy depende, en gran parte, el presente y futuro de Colombia, para darnos cuenta del tremendo error que cometieron los depositarios de confianza en el falso redentor de desposeídos. 

Recordemos una punzante entrevista concedida por el actual presidente a Vicky Dávila, hoy día su más caracterizada censora. En la ocasión, la periodista hizo mención del vil asesinato, en 1976, rotulado como “juicio popular”, de José Raquel Mercado, líder sindical, elegido por el naciente Movimiento 19 de Abril para escarmentar e intimidar la dirigencia nacional, según los miembros del M, traidora de las clases populares. -Yo tenía entonces trece años, respondió, intentando al hacerlo, sustraerse de cualquier culpa. -Sí, usted era entonces menor de edad, pero, ¿cómo justifica su posterior adhesión a una organización terrorista, autora de crímenes semejantes, de lesa humanidad? -¿Y la toma del Palacio de Justicia?, ripostó Dávila. -En ese momento yo era el mejor estudiante de economía del Externado- contestó con visible ira, reclamando por el tipo e intención de las preguntas, eludiendo respuestas directas, esclarecedoras de implicaciones y responsabilidades. 

Una constante en el actuar público de Petro, plagado de inconsistencias e inconsecuencias, que lo han alejado de la objetividad, del sentido común, de realidades latentes para sus gobernados, mas no para su destructiva soberbia. En la era Santos, partidario acérrimo del proceso de resignación del Estado colombiano a los intereses de la delincuencia con frontis político; en años recientes y en la actualidad, defensor de dictaduras, de tiranías violadoras de constituciones y derechos humanos, usurpadoras de poderes, continuando en sus torvos propósitos, al tiempo que desmantela la fuerza armada legítima, otorga ventajas, concesiones, altos al fuego, a grupos armados ilegales, vinculados de manera directa con narcocultivos y narcotráfico. Su apoyo explícito a acciones terroristas como las de Hamas, contra población civil Israelí, nos alinea como país al más crudo y condenable terrorismo  del  globo…


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