JEP ordenó crear lugares para la conservación, cuidado y custodia de C.N.I.

Autor : Natalia Trujillo Varela

Risaralda, Quindío y Caldas enviaron a sus representantes.

En el último día de la audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares, donde magistrados de la JEP  hacen seguimiento a órdenes que protegen 36 cementerios y una isla en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero; los representantes de las gobernaciones de Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca, rindieron un informe sobre órdenes relacionadas con el fortalecimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, además de la atención integral de las víctimas en esta región del país.

Cumplimiento del Quindío

El secretario de representación Judicial y Defensa del departamento del Quindío, Juan Pablo Téllez Giraldo, rindió informe ante los magistrados de la JEP y dijo: “Nosotros hemos estado dando cumplimiento a cada una de las órdenes, lo que tuvimos ayer era el seguimiento del cumplimiento de las medidas cautelares para el esclarecimiento de la desaparición de víctimas de la violencia en este caso y, todo el tema de la exhumación de cadáveres para lo que nos compete a nosotros en el Quindío, 11 cementerios”, expresó Téllez Giraldo.

Agregó que en marzo del 2023 se creó la Mesa Amplia Conjunta Departamental de Víctimas de Violencia y Desaparición Forzada de Personas. “A diferencia de los otros tres departamentos, el Quindío hoy tiene vía acta administrativa y presidida por nuestra secretaria del Interior, desde el mes de marzo ha tenido 4 sesiones en este caso presididas por la secretaria, se ha tenido al 100% de participación de cada una de las personas que tienen corresponsabilidad en el cumplimiento, no solo de las medidas cautelares del fallo, sino de todo el acompañamiento de las víctimas en el departamento, están en las mesas la Fiscalía, Policía, Procuraduría, ICBF, alcaldías municipales, todos y cada uno de los grupos representantes de víctimas”.

La finalidad de la creación de la Mesa es de manera permanente para brindar asesoría y apoyo a las autoridades públicas en procesos y búsqueda, localización e identificación y reencuentro o entrega de personas dadas por desaparecidas en el Quindío. 

Según Téllez un compromiso para la vigencia 2024 es la compra de equipos y elementos electrónicos para fortalecer el laboratorio de genética del suroccidente del Instituto Nacional de Medicina Legal en Pereira para darle cumplimiento a su misión, “el Quindío, en esta vigencia es el único que va entregar de los otros tres departamentos, entregaremos unos equipos electrónicos con un costo aproximado de 100 millones de pesos, se entregan computadores, grameras, una estructura de papel que nos solicitaron y así ellos puedan realizar todo lo relacionado con la orden del fallo en cuanto a la exhumación de cadáveres. Todos debemos destinar una partida”. 

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Desaparecidos en el departamento

El Quindío es el departamento con la menor cifra de personas víctimas de la desaparición forzada, pero es incierta, frente a esto la vicepresidenta de la fundación de Supervivientes Fundamaná, Libia   Ospina Criollo, dijo que las entidades manejan cifras diferentes, pero se habla de 418 desaparecidos en el Quindío. 

Desde Fundamaná se considera mínimo el apoyo a las víctimas, aunque en la presentación de los magistrados manifiestan una buena labor, sus informes no convencen a las víctimas y esperan más trabajo y apoyo por parte del gobierno departamental. Además, la vicepresidenta de la fundación indicó que participaron de la intervención al cementerio El Carmelo en Salento, “estamos pendientes frente al proceso de intervención a los demás cementerios del departamento, somos los más interesados porque pueden estar nuestros desaparecidos en cualquiera de ellos”, dijo Ospina Criollo. 

Los familiares de las víctimas se sienten ajenos al acompañamiento de la gobernación del Quindío, de forma humana no existe un acompañamiento y, desde la fundación dicen tener conocimiento de la mesa pero no son parte de ella.  

En la diligencia, la magistrada Reinere Jaramillo anunció que la Sección de Ausencia de Reconocimiento decidió abrir incidente de medidas correccionales a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al funcionario por ella delegado, William Hernández. “Los gobernadores, como se citó en los Auto AT 250 de 2023, tenían la obligación de comparecer en esta audiencia desde el inicio y hasta el final de la misma, así como los objetivos de presentar informe el cumplimiento de las órdenes”, indicó la magistrada.

A las alcaldías de los municipios donde están ubicados los 36 cementerios protegidos con las medidas cautelares, la JEP ordenó construir o crear lugares que permitan la conservación, cuidado y custodia de cuerpos no identificados e identificados sin reclamar, “Estos lugares deben construirse como santuarios de memoria para lo cual deberá contarse con el acompañamiento del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las organizaciones peticionarias y las mesas locales de víctimas, en un plazo de seis meses”, anunció la magistrada Jaramillo Chavarra. Finalmente, la Sección ordenó a los gobernadores y alcaldes vinculados a las medidas cautelares incluir en sus empalmes con los nuevos mandatarios la información concreta de las obligaciones adoptadas en esta medida cautelar para cada entidad territorial.

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Los testimonios de las víctimas

María Dora Cifuentes Castaño, quien vino de la vereda Yarumal, del corregimiento de encimadas, en Caldas, es una madre que busca a su hijo que fue asesinado en Rionegro (Antioquia) a la edad de 20 años el 21 de junio del 2008   “a mi hijo lo reclutaron cuando tenía 15 años y lo mataron en Rionegro pero me dicen que está en Sonsón (Antioquia), hace mucho tiempo estoy en su búsqueda, más que todo busco un alivio, una esperanza. Me da mucho entusiasmo y busco mucho apoyo en las entidades para ver si ellos me dan esa alegría de que me puedan entregar a mi hijo”, contó Cifuentes Castaño.

Por otro lado, Luz Miryam Atehortúa de 71 años, quien lleva 17 años trabajando con las víctimas y es la presidenta de la organización de Víctimas Ave Fénix, a su vez es víctima, ya que desaparecieron   a su hijo de 17 años y lleva 36 años desaparecido y no tiene respuesta sobre él, perdió a su hijo el 27 de noviembre de 1987, “Julio César Atehortúa era el nombre de mi hijo, yo vivía en el campo y me tocó llevar a Medellín donde una hermana mía a mi hijo porque ya estaba en octavo de bachillerato y no lo podía tener en el campo, ese 27 de noviembre él iba para Puerto Berrío a pasar las vacaciones y lo bajaron del bus, en un sector que se llama Porce, queda entre Medellín y Puerto Berrío (Antioquia). Cuando el bus llegó mi hijo por ningún lado, hablé con el chofer del bus y me dijo: ‘Señora qué vergüenza, no sé qué decirle a la gente porque me quitaron 3 jóvenes en Porce, a mí me paró un grupo armado y bajaron a 3 jóvenes que venían en el bus’, ahí cayó mi hijo”, relató Atehortúa, madre víctima.

En su testimonio, Luz Miryam contó con la experiencia que brindan los años que las autoridades de Policía de Puerto Berrío controlan junto con el Ejército y los paramilitares la zona, “las autoridades son cómplices, a mí me violaron los paramilitares, involucran a los niños para que vendan droga, el alcalde de allá no sirve para nada y los Policías cobran vacunas y controlan el negocio del narcotráfico”, dijo.

Mencionó que varios años después un paramilitar retirado le contó que su hijo cuando fue reclutado era un muchacho rebelde que no quiso empuñar un arma, por tal motivo, fue asesinado y presentado como baja en combate.